El profesor universitario Yuniol Ramírez fue asesinado el 12 de octubre del 2017 y a casi dos años de su muerte, el proceso judicial contra de los 12 involucrados en el caso no ha logrado superar la fase de instrucción.
Ayer se conoció una audiencia del juicio preliminar en la que se decidió otro reenvío por un incidente que se produjo entre las partes y el proceso seguirá el 26 de agosto en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Desde el inicio el proceso ha transcurrido de incidente en incidente. El caso ha pasado por las manos de fiscales de las tres jurisdicciones judiciales de la capital.
El asesinato y el caso de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) comenzó a ser investigado por la entonces fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, quien tenía sus oficinas en Santo Domingo Este, mientras que las audiencias del proceso se conocían en la fiscalía de Santo Domingo Oeste cuando Rosalba Ramos era la titular de esa zona. Luego, a pedido de los parientes del catedátitico la Corte lo declinó en julio de 2018 al Distrito Nacional. En marzo de este año la Fiscalía del Distrito presentó formal acusación a un grupo por corrupción y a otros por el asesinato de Yuniol Ramírez.
A Manuel Antonio Rivas, exdirector de la OMSA, se le acusó de asociación de malhechores para cometer sobornos, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, corrupción en proceso de duplicidad de pagos, al igual que procesos de urgencias y asociación de malhechores para cometer prevaricación, desfalco, y estafa en perjuicio del Estado dominicano.
En tanto, el exdirector financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, fue acusado de asociación de malhechores, corrupción por fraude en proceso de selección de compras directas y sin contratos, duplicidad de pagos, al igual que en procesos de urgencias, enriquecimiento ilícito derivado de actividades de corrupción, lavado de activos e incremento patrimonial.
Eddy Rafael Santana Zorrilla fue imputado de cometer soborno, violentando disposiciones de la ley sobre soborno en el comercio y la inversión en detrimento del Estado.
A Argenis Contreras, detenido en EEUU para deportación, además de ser acusado de disparar a Ramírez, se le imputó también de asociación de malhechores, ocultamiento del cadáver de la víctima y sobornos. Por el caso también guardan prisión José Antonio Mercado Blanco (El Grande), Víctor Elisander Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista), Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez por asociación de malhechores para el asesinato y el ocultamiento del cadáver de Ramírez.
