La expresidenta de Corea del Sur Park Geun-hye ha sido condenada a 24 años de cárcel tras ser declarada culpable de varios cargos de corrupción, abuso de poder y coerción. Con esta sentencia se completa la caída de la “princesa de hielo”, la hija del exdictador Park Chung-hee, elegida en 2013 como primera mujer jefa de Estado en su país pero que acabó destituida por su propio partido conservador hace un año entre manifestaciones ciudadanas masivas contra ella y niveles de popularidad por los suelos.
El juez Kim Se-yoon, en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, leyó minuciosamente durante casi dos horas la fundamentación del caso, en el que la expresidenta estaba acusada de 18 cargos. Park, que había optado por no estar presente en la sesión, fue declarada culpable de 16 de ellos, incluido también la filtración de secretos de Estado.
“A pesar de todos estos delitos, la acusada negó todos los cargos contra ella, no mostró ningún arrepentimiento y presentó una actitud incomprensible al echar la culpa a Choi y otros funcionarios… No puedo más que declarar a la acusada responsable de sus delitos”, indicó el juez Kim. Este magistrado ya en febrero condenó a 20 años de cárcel a Choi Soon-sil, la amiga y confidente de Park apodada la “Rasputina surcoreana”, por su papel en la trama de corrupción.
Además de la sentencia de cárcel, Park, de 65 años, deberá pagar una multa de 14 millones de euros. La Fiscalía reclamaba para la exjefa de Estado una pena de treinta años de cárcel y el pago de más de cien millones de euros. La expresidenta tiene ahora una semana para apelar, algo que hará casi con toda seguridad.
En el exterior del tribunal, unos 200 partidarios de la exjefa de Estado se habían concentrado con banderas nacionales para expresar su apoyo. En el interior, la lectura de la sentencia se retransmitía en directo por televisión -algo muy poco habitual-, debido al gran interés público.
“Esta sentencia representa el severo juicio del tribunal sobre el uso de la posición presidencial para socavar el orden constitucional, perjudicar el Estado de derecho y obtener beneficios personales de los conglomerados”, ha declarado el Partido Demócrata, en el gobierno, tras conocerse la decisión del juez.
Park estaba acusada de haber cooperado con Choi Soon-sil, empresaria de profesión, para conceder favores políticos a grandes conglomerados empresariales surcoreanos, incluidos los gigantes Samsung y Lotte, a cambio de decenas de millones de dólares.
El caso, una mezcla de alarmantes denuncias de abuso de poder y de revelaciones dignas del culebrón más delirante, había generado una enorme atención en Corea del Sur, un país donde los sonados escándalos de corrupción política no son precisamente algo raro. Pero es que Park no era una presidenta cualquiera. Durante toda su carrera política había cultivado una imagen de “hija de la nación”, incorruptible y distante, que había renunciado a tener una vida familiar -no se casó nunca, y se había distanciado de sus hermanos- para dedicarse por completo a su país.
Esa imagen se fue quebrando poco a poco. Ya antes de ser elegida, su estrecha relación con su confidente Choi y el padre de esta -un extraño predicador que en los años 70 le había convencido de que podía ponerla en contacto con su madre muerta- había suscitado dudas. Unas dudas que no harían sino ir creciendo una vez que llegó al poder.
La trama que le acabó costando el puesto y la cárcel no se destapó hasta 2016. La matriculación de la hija de Choi en una exclusiva universidad femenina abrió las acusaciones de un trato de favor, que empezaron a acumular las sospechas sobre el comportamiento de Choi. El escándalo se multiplicó cuando, en octubre de ese año, apareció un ordenador antiguo de la empresaria. A través de fotos y documentos archivados quedaba claro hasta qué punto ejercía influencia sobre Park y las decisiones de Estado pasaban por sus manos, pese a no ostentar ningún cargo público.
Choi editaba los discursos de Park en política nacional o internacional. Según ha determinado el juez Kim en su sentencia, ambas establecieron una “lista negra” de artistas de ideología progresista a los que se negó la posibilidad de acceder a subvenciones o participar en actuaciones pagadas con fondos públicos. Y la empresaria actuó como intermediaria para presionar a los grandes conglomerados de empresas, los “chaebol” que acaparan la mayoría de la actividad económica del país, para que entregaran fondos a cambio de que la presidenta les concediera favores políticos.
A medida que se destapaba el escándalo, crecía la indignación en las calles. Las manifestaciones para exigir la dimisión de Park fueron creciendo en tamaño y se convirtieron en una cita habitual para centenares de miles de personas en todo el país cada fin de semana. La popularidad de la entonces presidenta caía al 4%, una cifra sin precedentes en la historia surcoreana.
Con la ciudadanía en contra, al partido de Park, el Partido de la Libertad de Corea, no le quedó más que aceptar lo evidente. En diciembre de 2016, la Asamblea Nacional votaba a favor de su destitución, corroborada por los tribunales tres meses después. En mayo, unas elecciones anticipadas nombraban presidente a Moon Jae-in, del Partido Democrático. Para la expresidenta había comenzado su purgatorio personal. Un purgatorio que, a menos que haya apelación y le resulte favorable, va a durar 24 años más.
