El empresario César Félix Ramos Ovalle pasó de ser uno de los imputados en el caso Coral y Coral 5G a convertirse en un colaborador determinante para el Ministerio Público probar su acusación en contra de la red corrupta, supuestamente orquestada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou.
El Ministerio Público establece que este empresario, quien es dueño de la Estación de Combustible La Marina (o Marinita), se asoció con el coronel Rafael Núñez de Aza, cerebro financiero de la red, y de esa forma logró ganar cuatro licitaciones fraudulentas para el suministro de combustible que nunca llegó a ser entregado.
El Ministerio Público dice que esto era parte de una fachada para lavar dinero de los fondos sustraídos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Devuelve fondos
César Félix Ramos Ovalle estableció que en total llegó a recibir 18 millones 400 mil pesos, de las licitaciones fraudulentas y el 2 de febrero de este año procedió a devolver el 100% de ese dinero mediante el cheque número 001228, del Banco Popular, sellando de esa forma un convenio con el Ministerio Público para ser dejado fuera de la acusación, como de hecho ocurrió.
Según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el señor César Félix Ramos Ovalle, también admitió los hechos y su participación en los mismos.
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Establecen que este confesó a la Pepca que “mediante la empresa Estación de Servicios La Marina, S.R.L. le fue adjudicado un porcentaje de cuatro licitaciones del Cestur, en el periodo junio 2019 hasta abril del 2021 para contrato de suministro de combustibles”.
Además, le habría revelado a los investigadores el modo en que surgió su vínculo con el Cestur y el acusado Rafael Núñez de Aza. Dijo que fue mediante la analista de compras de la institución. Esta mujer supuestamente lo contactó comunicándole que para poder ganar una licitación en el Cestur tendría que conversar con ellos.
Esta mujer le apartó una cita con Rafael Núñez de Aza, donde este acusado le habría establecido que debía participar en el proceso de licitación en condiciones “normales”. Le dieron la garantía de que sería seleccionado y comenzarían a pagarle de manera parcial las facturas remitidas por la empresa de combustible La Marinita.
La trama consistía entonces en que, el Cestur le pagaría a La Marinita el dinero para suplir combustible. La empresa recibía el pago, pero no realizaba la entrega del combustible. Supuestamente el dinero era devuelto en cajas y fundas de regalo a Núñez de Aza a través de emisarios.
Los presuntos emisarios fueron identificados como Miguel Cancún Ramírez, David Abreu Padilla y Jacobo Horacio. Además, el empresario justificó que se vio compelido a aceptar la proposición de Rafael Núñez de Aza, porque de no hacerlo, no tendría posibilidad de ser beneficiado con la adjudicación.
De la confianza de Danilo
En su acusación la Pepca reitera y defiende la tesis de que la presunta red corrupta comenzó a estructurarse el 16 de agosto del 2012 con la llegada de Danilo Medina a la Presidencia de la República. Dice que fue esa la coyuntura aprovechada por personas de estrecha confianza del exmandatario para aumentar su influencia en las instituciones del Estado.
Señalan que Adán Benoni Cáceres Silvestre aprovechó la circunstancia y desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, supuestamente organizó un entramado societario y configuró una estructura criminal para distraer fondos del Estado.
Por otra parte señalan a Juan Carlos Torres Robiou, quien también habría aprovechado su cercanía con el presidente y su amistad con Adán Cáceres para replicar el modelo corrupto en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. Pero además, la Pepca dice que las maniobras de Robiou llegaron a alcanzar al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
Las anomalías en el CONANI se habrían producido durante la gestión de la esposa de Juan Carlos Torres Robiou.
La auditoría en Cusep
La investigación especial que solicitó la Pepca a la Cámara de Cuentas en el periodo agosto 2012 hasta agosto del 2020, en la gestión de Adán Cáceres en el Cusep, es utilizada como parte de la acusación.
Los investigadores de la Cámara de Cuentas entrevistaron a personas que aparecían en la nómina del Cusep y que estos manifestaron no ser empleados, y que nunca han prestado servicios en el Cusep. También confirmaron que a esas personas se les realizaba pagos mensuales y que debían transferirlos a militares. Había personas que figuraban en la nómina del Cusep, y también en la del Cestur.
¿Y la del Cestur?
En el Cestur también se realizó una investigación especial por parte de la Cámara de Cuentas, la cual es usada por la Pepca para corroborar las indagatorias que realizaron los investigadores del Ministerio Público.
Establecen que desde el 1 de enero del 2010 al 31 de mayo del 2021 (Gestión de Torres Robiou) y con Rafael Núñez de Aza como financiero de la institución, se realizaron decenas de irregularidades en manejo de fondos.
Indican que desde enero de 2014 a mayo de 2021, de una muestra de 331 personas, identificaron 226 que no poseen registros en los archivos físicos ni digitales en Recursos Humanos del Cestur. Sin embargo, durante el tiempo en cuestión se les pagó 175 millones 507 mil 353 pesos que iban a los bolsillos de los miembros del entramado.
Entramado societario
La Procuraduría dice que los miembros de la red y sus empresas incurrieron en lavado de activos e incrementaron exorbitante sus patrimonios con dinero sustraído del Estado dominicano.
La estructura se caracterizaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
El Ministerio Público comprobó que muchas de las empresas que recibieron grandes sumas de dinero no tenían una dirección real, pues visitaron los lugares en los que debían estar y encontraron que se trataba de una farsa de los miembros de la red. Yanibet Rivas, la jueza apoderada del caso Coral
La magistrada Yanibet Rivas fue apoderada recientemente para conocer el juicio preliminar del caso de corrupción Operación Coral y Coral 5G. Es una jueza con mucha experiencia manejando casos de alto perfil. Actualmente se desempeña como titular del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y ha instruidos casos de relevancia pública, tanto como jueza control de investigación, así como jueza de la fase intermedia y audiencia preliminar. Estuvo en casos como Operación Antipulpo, fue jueza control de la investigación; estuvo en el caso Tucano; caso Inversia (Delitos Financieros); caso Maconi (relacionado con narcotráfico ); caso de corrupción en la OMSA; caso Argenis Contreras, entre muchos otros. Su hoja de vida establece que es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Su carrera judicial inicio en el año 2014. Es docentes en varias universidades nacionales.
