Vivir en Brasil implica vivir en un estado constante de alerta. El miedo a la inseguridad y el crimen –del hurto al asesinato a plena luz del día— es cotidiano. Los millones de votantes que dieron la victoria a Jair Bolsonaro le exigen seguridad, aunque implique impunidad para una de las Policías más violentas del mundo. El plan para combatir el crimen que el exjuez Sergio Moro ha presentado este lunes contempla exculpar a policías de servicio que presas de “miedo, sorpresa o emoción violenta” maten criminales
Esta medida que amplía el concepto de legítima defensa es una de las promesas estrella de la campaña del ultraderechista Bolsonaro, que triunfó en las urnas con su receta de mano dura con los delincuentes y su defensa de “los brasileños de bien”. La propuesta (parte del primer proyecto de ley del Gabinete) se asienta en la realidad cotidiana de uno de los países más violentos del mundo con 175 asesinados al día. “No estamos ampliando la legítima defensa, solo estamos dejando claro que determinadas situaciones cotidianas configuran legítima defensa. Eso es algo que ya se hace en la práctica”, ha declarado Moro.
Un vistazo a los últimos datos da la razón al ministro de Justicia cuando se refiere a situaciones cotidianas. Casi 64.000 brasileños murieron violentamente en 2017, según los datos del Forum Brasileño de la Seguridad Pública. Una parte considerable (5.144 personas) falleció en operaciones policiales, lo que supone 14 fallecidos al día. Pero mientras los asesinatos en general aumentaron un 2,9% respecto al año anterior, los causados por la policía se dispararon un 20%, según la ONG. Moro ha recalcado que el cambio “no supone licencia para matar” ni autoriza “abatir al sospechoso”. Ser agente de la policía en Brasil también es peligroso: 367 fueron asesinados durante 2017, uno al día. Estos cambios legales pretenden mitigar la sensación de inseguridad de los agentes, según Moro.
Bolsonaro, militar retirado y padre de un antiguo policía federal ahora diputado en Brasilia, Eduardo, goza de gran predicamento entre las múltiples fuerzas de seguridad del Estado. Uno de sus primeros decretos fue para flexibilizar la tenencia de armas. Ahora dedica su primer proyecto de ley al plan para combatir la delincuencia violenta, el crimen organizado y la corrupción. Ha sido presentado a los gobernadores en Brasilia por Moro, el juez que condenó al expresidente Lula. A ojos de los bolsonaristas es un auténtico héroe que lidera una cruzada contra el crimen y la corrupción.
La propuesta legislativa de Moro implica reformar el Código Penal para que los agentes que, “en riesgo de conflicto armado inminente, intervengan para prevenir una agresión injusta en su contra o contra terceros” y sean condenados por “un exceso doloso” puedan ver sus penas reducidas por los jueces a la mitad o incluso no aplicadas. La ley actual exige que, para responder, el agente deba esperar a una amenaza concreta o a que se esté perpetrando ya el crimen. “Creo que el policía no tiene que esperar a recibir un tiro para poder reaccionar”, ha recalcado el ministro.
Tres disparos, un vídeo viral y el voto de 264.013 brasileños han convertido a la policía militar Katia Sastre, de 42 años, en diputada federal. El viernes tomó posesión de su escaño en Brasilia. Su caso ilustra magníficamente dos cosas. Primero, el novedoso terreno en el que se mueve en Brasil y en otros rincones del mundo la política posTrump. Y dos, cómo se perciben en el país sudamericano los cara a cara entre un policía y un delincuente armado.
Esta policía militar estaba a las puertas del colegio de su hija, un centro privado en Suzano (São Paulo), lista para celebrar con otras familias el Día de la Madre el pasado mayo cuando apareció un ladrón armado (Elivelton Neves Moreira, de 21 años). Mientras mujeres y niños huían despavoridos, Sastre sacó su revolver 38, le pegó tres tiros y lo mató. El vídeo grabado por una cámara de seguridad dio la vuelta al mundo. Recibió muchas felicitaciones y una propuesta para entrar en política. Aceptó. Ahora tiene cuatro años por delante en la Cámara de Diputados.
Moro también pretende convertir en ley que los condenados en segunda instancia vayan a la cárcel aunque les queden apelaciones. Un asunto que divide Brasil porque ese era el caso de Lula cuando los jueces ordenaron que entrara en prisión –frustrando su carrera electoral a la presidencia, en la que partía como favorito—. La defensa del líder del Partido de los Trabajadores siempre ha insistido en que hasta entonces los condenados quedaban libres mientras tuvieran recursos pendientes. En un carril paralelo a la tramitación parlamentaria de este proyecto, el Tribunal Supremo tiene previsto pronunciarse en abril sobre esta cuestión tan relevante el polarizado debate brasileño.
El nuevo Gobierno también pretende criminalizar las cajas B en la financiación de las campañas electorales y mencionar en la ley a los principales grupos criminales, los grandes enemigos de la seguridad pública como el Primer Comando de la Capital (PCC), cuyo bastión es São Paulo, el Comando Vermelho, de Río de Janeiro, o las milicias parapoliciales que controlan favelas enteras con militares y agentes en activo en sus filas.
