Cinco años después de que Bolivia demandara a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en un busca de un pronunciamiento sobre la supuesta obligación de negociar un acceso al Pacífico, este lunes se celebrará en La Haya (Países Bajos) la lectura de la sentencia, inapelable y obligatoria. Con las relaciones diplomáticas cortocircuitadas desde 1978, tras la suspensión unilateral de Bolivia, el fallo se espera con máxima expectación en ambos países, donde la opinión pública se ha endurecido en lo referente a este ya histórico conflicto. El presidente chileno, Sebastián Piñera, esperará el resultado del juicio en La Moneda junto a su canciller, Roberto Ampuero, y los máximos representantes del poder legislativo y judicial. El mandatario boliviano, Evo Morales, en tanto, presenciará la audiencia pública en La Haya, arropado por varios expresidentes del país sudamericano.
“Todos los temas contenidos con Bolivia fueron resueltos de forma clara y categórica en un tratado libre y voluntario que se encuentra plenamente libre y vigente en 1904. Chile va a cumplir y hacer cumplir el tratado de 1904. Hemos defendido y vamos a seguir defendiendo, con todos los instrumentos de la historia y del derecho internacional, nuestra integridad territorial”, señaló Piñera,que el pasado martes se reunió en la Casa de Gobierno con los expresidentes Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006), que llamaron a Chile a esperar la sentencia de este lunes con tranquilidad.
El Ejecutivo boliviano espera la conclusión de la causa que inició en la Corte Internacional de Justicia en contra de Chile dispuesto a celebrar una victoria diplomática sobre su histórico rival y con grandes expectativas de que el fallo inicie “una nueva era” en las relaciones bilaterales. Hace algunos meses, el optimismo del presidente, Evo Morales, le llevó a expresar públicamente que su país estaba “muy cerca” de volver a tener acceso al Pacífico. La realidad indica que, con independencia de lo que diga el fallo, el avance de la ancestral demanda boliviana dependerá de la voluntad de los gobernantes chilenos de asumir las obligaciones que pudiera imponerles la Corte. Morales ha invitado al “hermano presidente de Chile, Sebastián Piñera” a encontrar “fórmulas de entendimiento para cerrar las heridas abiertas hace más de 100 años”.
La demanda de Bolivia
La demanda presentada por Morales en 2013 pretende conseguir tres declaraciones por parte de la Corte Internacional de Justicia: que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para alcanzar un acuerdo que le otorgue un acceso soberano al mar, que Chile ha incumplido esa obligación y que debe cumplir esa obligación de buena fe, formal y prontamente, dentro de un tiempo razonable y en forma efectiva. Pero si la corte fuera coherente con su propio fallo de septiembre de 2015, cuando tuvo que pronunciarse sobre su competencia en esta causa, la sentencia que se conocerá este lunes en La Haya no debería referirse al resultado de una eventual negociación.
En cualquier caso, en Chile se espera que el Gobierno boliviano, sea cual sea el resultado, lo interprete como un triunfo: Morales en estos cinco años ha desplegado una estrategia no solo jurídica, sino un efectivo despliegue comunicativo, diplomático y político. “Cuando a mí me dicen que a lo mejor hay que negociar, pero sin resultado, negociar de buena fe, lo único que yo digo es: ‘Pero por dios, si eso es lo que hemos hecho siempre”, indicó el expresidente Lagos, que en su mandato sostuvo avanzadas negociaciones con el mandatario boliviano, Hugo Banzer, para facilitarle la exportación de gas por puertos chilenos, aunque sin hablar de soberanía.
Bolivia señala en los fundamentos de su demanda que Chile se ha comprometido a lo largo de los años de manera vinculante a negociar acceso soberano al mar, a través de acuerdos, práctica diplomática y declaraciones de representantes del más alto nivel. Pero Chile indica que fueron conversaciones que se cerraron por completo y que casi siempre fueron frustradas por el propio gobierno boliviano
La posición de Chile
La posición de Chile se centra en que no existen controversias limítrofes pendientes entre ambos países. Entiende haber cumplido y profundizado todos los compromisos adquiridos en el tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, sin faltar tampoco a su voluntad permanente de diálogo. De acuerdo con Chile, en dicho tratado Bolivia cedió a perpetuidad el Departamento del Litoral, a cambio de compensaciones que Chile cumplió: el pago de una indemnización en libras esterlinas, la construcción de un ferrocarril entre las ciudades de Arica y La Paz y, sobre todo, la garantía de libre tránsito hacia los puertos de Chile, lo que se ha cumplido durante más de 100 años. “Actualmente, Bolivia dispone de plena autonomía aduanera en los puertos chilenos de Arica y Antofagasta y tiene el derecho a mantener mercancía en tránsito por 12 meses, con almacenamiento sin costo para sus importaciones, y 60 días de almacenamiento gratuito para sus exportaciones, franquicias que no se extienden a ningún otro país, ni a los propios empresarios chilenos”, señala el libro Vocación de paz. La política exterior de Chile, de la Cancillería chilena.
A la espera de la sentencia de La Haya de este lunes, en Chile se ha abierto un intenso debate sobre la conveniencia de mantenerse en el Pacto de Bogotá de 1948, que entrega la potestad a la Corte Internacional de Justicia para resolver asuntos territoriales. En enero de 2014, el tribunal dirimió una demanda de Perú contra Chile, que perdió unos 20.000 kilómetros de presencia oceánica.
El optimismo de Morales
Por otro lado, hay varias razones explican la actitud esperanzada y positiva, que raramente ha adoptado Bolivia frente a su vecino más desarrollado. Primero, los buenos resultados obtenidos por el equipo jurídico boliviano en un proceso previo al que ahora acaba, cuando Chile cuestionó la competencia de la Corte Internacional para tratar este tema, pero no logró que esta se inhibiera de verlo. Segundo, el diseño de esta demanda, que por primera vez en la historia de las disputas entre ambos países no afecta el tratado territorial que sella la mediterraneidad de Bolivia desde 1904, el cual es irrevisable, y en cambio se apoya en los “derechos expectaticios” que Bolivia ha adquirido –según este país– por las diversas ofertas hechas por Chile a lo largo del tiempo para resolver el diferendo bilateral, ofertas que no se concretaron. Bolivia pide a la Corte que, en virtud de ello, obligue a su vecino a sostener un diálogo bilateral con observación internacional hasta que se produzca su salida soberana al Pacífico.
La tercera causa de la actitud boliviana es político-electoral, ya que uno de los importantes aspectos en que se evalúa a los políticos de este país es su desempeño en el conflicto con su vecino. Morales ha aprovechado propagandísticamente su idea de llevar a Chile a un juicio, dentro de una campaña de afirmación nacionalista que incluye desde la entonación obligatoria en los actos públicos de un himno alusivo al mar hasta la otorgación de premios a las obras artísticas que mejor exalten la reivindicación marítima, pasando por peculiares actividades de masas, como la confección de “la bandera más larga del mundo”.
La demanda también ha servido para que el Gobierno coopere con los expresidentes del país, con el fin de proyectar una imagen de unidad que, sin embargo, se ha mostrado bastante inestable. Uno de estos, Eduardo Rodríguez, es el agente de Bolivia ante la Corte. Otro de ellos, Carlos Mesa, fue nombrado portavoz de la demanda, lo que lo catapultó en las encuestas de popularidad y al mismo tiempo lo puso en fuertes tensiones con el gobierno, que en estos años lo ha atacado y al mismo tiempo lo ha conservado en el “equipo del mar” con la intención de apartarlo de la política interna. Mesa es el político con más posibilidades de vencer a Morales en las elecciones del próximo año, pero ha dicho que no quiere volver a ser candidato. En un último capítulo de la tormentosa relación entre el presidente Morales y el vocero Mesa, el primero ha dado amnistía al segundo y al mismo tiempo ha abierto la posibilidad de que el expresidente ocupe algún cargo diplomático en un hipotético proceso de negociación con Chile, luego del fallo de la Corte.
