Los miembros de la comisión de la Ley de Extinción de Dominio del Partido Revolucionario Moderno, denunciaron este jueves que el proyecto de Ley de Extinción de Dominio se ha visto obstaculizado por legisladores del Partido de la Liberación Dominicana.
“El PLD es quien encabeza todos los arreglos internos para que no haya un proyecto de esta naturaleza en nuestro país”, indicó la senadora Faride Raful, quien encabezó la rueda de prensa en la que también participaron los senadores Antonio Taveras, Cristóbal Castillo y Melania Salvador.
Agregó: “Si la Ley de Extinción de Dominio no se aprueba en este Congreso no va ser por el Partido Revolucionario Moderno, va a ser culpa del PLD que desde el 2010 hasta el 2020 la mantuvo a pesar de aprobarse uno y dos veces en una de las cámaras, la boicoteaban”.
Así mismo, lamentó que legisladores del PLD unido con miembros de la Fuerza del Pueblo presentes en la reunión de la comisión de Extinción de Dominio trataron de incidental “una vez mas” las reformas institucionales con debates y consensos de puntos neurálgicos del proyecto de Ley.Reproductor de vídeo00:0004:19
La senadora expresó además que algunos legisladores han querido incluir en el proyecto de ley temas relacionados con reforma tributarias importantes, que no tienen nada que ver con el propósito del mismo.
“Es una cortina para evadir la aprobación de una ley que protege mas a miembros de su partido que se han hecho bastante rico con el patrimonio mal habido del pueblo dominicano”, manifestó Raful.
Aseguró que el partido oficialista tiene la voluntad y el compromiso de dejar al país una Ley de Extinción de Dominio tal y como establece la Constitución dominicana desde el 2010.
El proyecto de Ley tiene el objetivo de establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos, definir las consecuencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, sentar los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de los bienes de que trata la ley; así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano.