En pocos meses, Italia se ha transformado de la principal puerta de acceso de migrantes a Europa al país que más éxito ha tenido en frenar la inmigración irregular: entre julio y noviembre de 2017, las llegadas procedentes del Mediterráneo central —el principal coladero de indocumentados después del cierre de la ruta balcánica— se han reducido en un 67% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El cambiazo ha llegado después que el país transalpino, con el beneplácito de la UE, haya entablado conversaciones con Libia y haya accedido a brindar apoyo logístico y entrenamiento a su guardia costera, un organismo que según un informe de Amnistía Internacional opera en colusión con los mismos traficantes de personas que fomentan la inmigración irregular hacia Europa y actúan en constante violación de los derechos humanos.
Se sabe que los agentes de la guardia costera libia actúan en connivencia con redes de tráfico de seres humanos y han utilizado amenazas y violencia contra personas refugiadas y migrantes a bordo de embarcaciones en peligro”, reza el estudio titulado Libya’s dark web of collusion (La oscura red de colusión de Libia, en castellano), elaborado a partir de más de 70 entrevistas a migrantes y solicitantes de asilo en Túnez y Sicilia, contactos con asociaciones, instituciones y gobiernos así como documentos y análisis de expertos. Las maneras con las que la autoridad encargada de vigilar las costas hace negocio con las mafias va desde escoltar las barcazas hasta agua internacionales previo pago de una mordida hasta devolver a los inmigrantes directamente a los traficantes una vez interceptados en el mar.
“Bobo [el traficante] nos aseguró que la armada no nos detendría en el mar. Él trabaja con la marina. La salida fue a las 3 pm. Un buque nos acompañó.
El jefe de la marina estaba en el barco (…). Había seis de ellos; uno estaba en nuestro bote, sentado en la parte posterior con el capitán (…). Nos indicaban dónde ir. Cuando llegamos a las aguas internacionales, él que estaba en nuestro barco se subió con ellos. Nos dijeron que un gran barco vendría y nos salvaría. Nos enseñaron el camino y se fueron”, relata un migrante senegalés entrevistado por Amnistía que zarpó desde Libia y llegó a Italia el pasado marzo.
Migrantes de diferentes nacionalidades han asegurado que algunos traficantes hasta dibujan un símbolo previamente pactado en las embarcaciones, a menudo de color rojo, para señalar que ya han pagado cuota a las autoridades encargadas de vigilar las costas.
“La policía no para los barcos que tienen la marca. Es una señal de que la deuda ha sido pagada”, asegura un migrante nigeriano.
La guardia costera libia forma parte de la Armada, que a su vez depende del Ministerio de Defensa. Desde el pasado agosto ha vuelto a controlar su zona SAR —desde 2011 bajo la coordinación de Italia— y ha vetado a las ONG el acceso a sus aguas territoriales. Un experto en migraciones consultado por Amnistía, y con acceso regular a las tres ciudades clave en el tráfico de migrantes (Zauiya, Sabratah y Zuara, en el oeste del país), asegura que parte de los milicianos que se negaron a dejar las armas después del derrocamiento de Muamar el Gaddafi se han incorporado a las filas de la guardia costera en busca de un estatus oficial que le permita un mayor control sobre las rutas de tráfico ilícito.
Moussa (nombre ficticio), de Gambia, relata una tercera forma de “colaboración” entre las mafias y la guardia costera: decir el nombre del traficante que ha organizado el viaje.
“Cinco minutos después de salir de Sabrata, salieron otros 10 botes del mismo centro. Éramos los últimos. Cuando salimos, una lancha nos detuvo. Vestían uniformes. Era la Guardia Costera libia y nos preguntó: “¿De qué hombre vienes? Les dijimos ‘Mohamed Sabrata’ y dijeron: ‘¡OK, idos!'”.
La responsabilidad de la UE
A finales de septiembre había 416.556 migrantes varados en Libia, según la Organización Internacional de las Migraciones. El país, que desde 2011 no cuenta con un gobierno central, se ha convertido en un terreno fértil para que prosperen actividades delictivas que espacian desde el contrabando de armas hasta el tráfico de personas. Hace menos de un mes se daba a conocer cómo jóvenes africanos eran vendidos en subastas como esclavos. Pese a ello, Roma y Bruselas han brindado apoyo a la guardia costera del país; también han proporcionado asistencia a las autoridades de los centros de detención —reconocidas fábricas de violaciones de derechos humanos— y han firmado acuerdos con las autoridades locales, líderes tribales y grupos armados que de facto controlan el territorio, enumera el informe de Amnistía.
A principios de noviembre, la guardia costera libia entorpeció un rescate de la ONG alemana Sea Watch en el Mediterráneo al arrojar objetos a los migrantes que intentaban subirse al bote de emergencia. La operación se saldó con al menos cinco fallecidos y, aunque no sea la primera vez que la autoridad norteafricana cometa acciones imprudentes, Amnistía destaca que sí parece ser la primera vez que lo hace a bordo de una embarcación proporcionada por un Gobierno europeo.
La embarcación empleada ese día por la guardia costera libia, la Ras Jadir, fue donada este año por el Gobierno italiano a las autoridades norteafricanas.
“Los Gobiernos europeos no sólo son plenamente conscientes de estos abusos; además, al apoyar activamente a las autoridades libias para que detengan las travesías por mar y retengan a la gente en Libia, son cómplices de estos delitos” ha declarado John Dalhuisen, director de la ONG para Europa.
