“No hay razones para precipitar la prisión del ex presidente Lula da Silva”, declaró el procurador Mauricio Gotardo Gerum, jefe del Ministerio Público Federal en Curitiba. Esta es la segunda vez que la justicia interviene para afirmar que el líder del Partido de los Trabajadores no irá preso el miércoles próximo cuando el tribunal de Porto Alegre decida si ratifica la condena proferida por el juez Sergio Moro.
Más allá de las cuestiones legales obvias, media en esta insistencia otra necesidad: la de calmar las turbulencias que provoca el caso. Es que el PT ya anunció las movilizaciones que ocuparán ese día las calles de la capital gaucha. Y sus enemigos del Movimiento Brasil Libre dijeron que harán otro tanto.
Lo cierto es que además de un futuro tras las rejas, lo que más alarma en el PT es la posibilidad de que esto inhiba las posibilidades de Lula de presentarse nuevamente como candidato presidencial en octubre de este año. Es por eso que los dirigentes de la organización oscilan entre declarar la guerra o reivindicar la paz. El senador Lindebergh Farias, jefe de la bancada petista en el Senado, defendió a la presidenta del partido Gleisi Hoffmann, quien había sostenido a comienzos de semana: “Si llevan a Lula a prisión tendrá que matar gente”. Para Farias “esta no es hora de una izquierda floja”. El político se interrogó:
“¿Alguien piensa, acaso, que estamos viviendo un período de normalidad democrática?”.
Lula fue condenado a 9 años y medio de prisión en 2017, acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero en un episodio que envuelve una presunta compra de un departamento en la playa paulista de Guarujá, a 100 km de San Pablo. Los abogados del político volvieron a presentar documentos que, según dijeron, indicarían que tal unidad es propiedad de la empresa OAS (una de las comprometidas en el Lava Jato) y nunca pasó por las manos de la familia del ex presidente. Entre los papeles entregados figura el embargo decretado por un juez de Brasilia sobre esa residencia a fin, precisamente, de ejecutar las garantías por deudas de la constructora en cuestión.
Si el tribunal de Porto Alegre decide mantener la condena impuesta por Moro por unanimidad, la defensa solo tendrá una oportunidad: pedir que se aclaren puntos oscuros o omisiones en la resolución. Especialistas en derecho penal dijeron que difícilmente un recurso, en ese caso, vaya a modificar la sentencia, salvo claro en situaciones excepcionales. Y, según advierten, eso podría indicar que Lula se vea esposado y conducido a la cárcel a fines de febrero.
Pero si no hay un dictamen único, es decir que uno de los jueces vota por la absolución, cambia todo el escenario: los defensores podrán presentarse ante nuevos tribunales y llevar las decisiones finales para más adelante.
Para quienes quieran acompañar el juicio en Porto Alegre, el tribunal autorizó su transmisión por Youtub
