A pesar de que ya se conocen públicamente los videos con las confesiones de los arrepentidos brasileños del caso Odebrecht, los gobiernos y las justicias de la Argentina y Brasil, luego de más de dos años de negociaciones, siguen buscando hasta ahora sin éxito un acuerdo que permita intercambiar información judicial. Llamativamente, no se está pidiendo colaboración a EE.UU., que colabora muy poco, o a las islas Caymán, que no colabora nada, sino a nuestro principal socio comercial y aliado estratégico desde la creación del Mercosur en 1991.
La semana pasada representantes de la Cancillería, fiscales y la Oficina Anticorrupción discutieron, en una reunión reservada, la posibilidad de proponer un “acuerdo creativo” a Brasil para que las confesiones de los arrepentidos brasileños de Odebrecht lleguen finalmente a la justicia argentina. Marcelo Odebrecht confesó en 2016 ante la Justicia de EE.UU que pagó 35 millones de dólares en sobornos a ex funcionarios argentinos pero, hasta ahora, no llegó una sola confirmación oficial norteamericana. El país que más colaboró fue Uruguay que recientemente confirmó cómo 11 millones de dólares de las coimas llegaron desde el cambista de Odebrecht Olivio Rodríguez Junior a la cuenta de la empresa fantasma uruguaya Sabrimol, que según la Oficina Anticorrupción, manejaría Jorge “Corcho” Rodríguez, aunque ahora Clarín reveló una segunda cuenta en el banco Itaú de Montevideo que comparte los ex abogados del relacionista público con el ex director de Infraestructura de la sucursal de Odebrecht en Argentina, Rodney Rodrígues Carvalho.
Una propuesta de acuerdo del Brasil fue rechazada por Argentina en el 2017 basándose en que las leyes argentinas no permiten dar inmunidad judicial a cambiar de información. Además, el gobierno de Macri decía que la presencia de Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación era otro obstáculo, pero la fundador de “Justicia Legítima” renunció en diciembre del año pasado.
En esa reunión, se discutió en base a resoluciones de la ONU y el Mercosur. La OA, que dirige Laura Alonso, lanzó la idea de que la Argentina acepte una “limitación del uso de la prueba” (las confesiones) a cambio de que Brasil flexibilice su posición de reclamar inmunidad judicial, civil y administrativa para los arrepentidos. Específicamente, la OA cree que el artículo 46 de la convención de la ONU contra la corrupción establece que: “La transmisión de información se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información”, informó la agencia Noticias Argentinas.
Del encuentro también participaron el fiscal federal Franco Picardi, un secretario letrado de su colega Federico Delgado, tres funcionarios de la Cancillería y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. La reunión se concretó en la sede de la Procuración General de la Nación que dirige Eduardo Casal. No participaron representantes del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien mantiene una posición dura y apegada al Código Penal.
La idea de Casal “es buscar entre todos la vuelta jurídica para lograr la cooperación y que podamos acceder a los testimonios de los arrepentidos”, explicó una fuente judicial a Clarín. Juan Manuel Olima, secretario de coordinación institucional de la Procuración General de la Nación hizo de anfitrión y Luis Arocena -subordinado de Olima- coordinó la reunión. En la reunión en la Procuración, el fiscal Picardi sostuvo que se podría utilizar la ley 27.304 que establece que “las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o los autores por algún delito durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos comprobables y verosímiles”.
Sucede que en junio del año pasado se había constituido un equipo de investigación conjunto entre los Procuradores Generales de Argentina y Brasil que permitió una par de reuniones entre fiscales, pero que no pudo avanzar hacia un acuerdo para recibir las confesiones en las tres causas en que Odebercht se investiga en la Argentina: Aysa, gasoducto y soterramiento del Sarmiento.
Estas nuevas negociaciones se ven afectadas por la decisión de jueces como “(Marcelo) Martínez de Giorgi de llamar a indagatoria a arrepentidos brasileños con pocas pruebas y sin esperar a la posibilidad de conseguir un acuerdo con Brasil”. Además, resaltaron las fuentes. “Brasil no colaborará si se perjudica a sus arrepentidos y menos los extraditará a la Argentina”, agregaron.
Al debate se sumó la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña quien presentó una propuesta de cooperación al juez federal Sebastián Casanello, quien investiga el caso Aysa de los negociados de Odebrecht. Ocaña dijo que si Brasil no acepta la convención de la ONU contra la corrupción o la convención contra el crimen organizado debería aplicarse el acuerdo del Mercosur de asistencia jurídica del Brasil. Y que, en todo caso, este último convenio ofrece a la Justicia la posibilidad de darle un “salvoconducto” a los arrepentidos para que vengan confirmen sus confesiones ante la justicia argentina y puedan volver a su país sin ser detenidos.
Habrá otra reunión de este grupo argentino en fecha a determinar pero antes la Cancillería debería sondear la posición de Brasil para tratar de avanzar en un demorado acuerdo entre paradójicamente los dos países fundadores del Mercosur que comparten información económica, nuclear y militar pero son incapaces de cooperar en el campo judicial para combatir la corrupción que socava a ambas democracias.
