Buenos Aires, Argentina (EFE).- Un juez argentino citó a declarar como imputados a altos cargos del Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y a empresarios como Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri, en una de las causas en las que se investiga la adjudicación de obra a la brasileña Odebrecht.
El juez Marcelo Martínez De Giorgi convocó a 49 personas, entre ellas el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, ambos en el cargo entre 2003 y 2015 y ya en prisión preventiva por otras causas de corrupción.
En el expediente judicial, que estudia el supuesto pago de sobornos por parte de empresas a altos funcionarios públicos para la adjudicación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento de Buenos Aires, el magistrado también ha citado a diversos empresarios locales y de la constructora brasileña que intervinieron de la obra.
La ronda de declaraciones comenzará el 6 de junio próximo con De Vido (ya procesado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la adjudicación de contratos para la ampliación de dos gasoductos) y se extenderá hasta octubre.
Martínez de Giorgi dirige el caso por el supuesto pago de sobornos a exfuncionarios para acceder a la realización de la obra de soterramiento del tren que conecta Buenos Aires con la zona oeste del cinturón urbano bonaerense.
El juez sostiene en su fallo que las pruebas en la causa “permiten sustentar el estado de sospecha instaurado en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio en cuestión, que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas” a entonces funcionarios públicos.
Ya el pasado noviembre el fiscal del caso, Franco Picardi, solicitó embargos económicos contra los exfuncionarios y otros acusados, personas físicas y jurídicas que conforman un consorcio compuesto por Odebrecht y sus socios locales IECSA, COMSA y Ghella Societa Per Azioni.
Calcaterra, primo hermano de Macri y extitular de la constructora IECSA, llegó en marzo de 2017 a un acuerdo de venta de la firma con el empresario Marcelo Mindlin.
El proyecto del tren Sarmiento está bajo la mira de la Justicia argentina desde que a principios del año pasado el diario La Nación difundiera información sobre presuntas transferencias que se produjeron menos de un mes después de que la obra se empezara a ejecutar.
De acuerdo con esa información, esos pagos podrían ser una operación para impulsar la obra mediante sobornos.
El pasado junio, el juez ordenó allanamientos en las oficinas de Odebrecht en Argentina, pero también el registro de las empresas IECSA y Ghella, socias en el proyecto.
Los casos que implican en Argentina a Odebrecht son la concesión de un proyecto de ampliación de gasoductos (2006-2008) y la ampliación del ferrocarril Sarmiento, en el que se investigan contrataciones realizadas por la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) durante el período 2007-2015, en la que ya comenzó la ronda de declaraciones indagatorias.
En medio de esta situación, el Gobierno de Macri anunció en julio su decisión de retirar por un año de la lista de oferentes de obra pública a la constructora brasileña, que supone que no podrá participar de licitación alguna para acometer obras nuevas durante ese periodo.
La firma admitió en diciembre de 2016 haber pagado en el país austral alrededor de 35 millones de dólares en concepto de sobornos. EFE
