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Está acusado de haber intentado obtener información secreta sobre otro sumario
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Se sentarán también en el banquillo su abogado y el exmagistrado Azibert
El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy será juzgado por corrupción y tráfico de influencias en el conocido caso de las escuchas, según ha avanzado el diario Le Monde y ha confirmado la Fiscalía Nacional Financiera, informa Reuters. Junto a él, se sentarán en el banquillo su abogado, Thierry Herzog, y el exmagistrado Gilbert Azibert.
En este caso se acusa a Sarkozy de haber intentado obtener en 2014, a través de su abogado, información secreta de Azibert, entonces en el Tribunal Supremo, sobre otro sumario que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L’Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.
Algunas de las conversaciones telefónicas pinchadas dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bettencourt.
Los magistrados habían pinchado el teléfono de Sarkozy ante las sospechas de que pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar El Gadafi (1969-2011) durante la campaña que en 2007 le llevó al Elíseo, algo por lo que fue imputado el pasado 21 de marzo, informa Efe.
La investigación sobre el llamado caso de las escuchas se dio por finalizada en 2016, pero diversos recursos han alargado el proceso, y la decisión de los jueces de instrucción, que puede ser recurrida por los afectados, se ha firmado este jueves. De hecho, los abogados de Sarkozy han confirmado que recurrirán la decisión, informa Reuters.
Un juicio pendiente por financiación irregular de su campaña en 2012
En marzo de 2016, el Tribunal Supremo validó de forma definitiva la casi totalidad de las escuchas al expresidente sobre las que se sustenta su inculpación, lo que dejó abierta la vía para el juicio anunciado ahora.
Sarkozy tiene pendiente además otro juicio por la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales de 2012.
Se trata del llamado caso Bygmalion, una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales, con la que, según la acusación, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados.
