La diputada por la provincia La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, enfrenta una acusación de lavado de activos por haberse prestado, según el Ministerio Público, para colocar en el mercado financiero dominicano 4,418 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico.
Según consta en la acusación del órgano acusador, durante una entrevista realizada a la legisladora en fecha 19 de julio de 2023 esta admitió que las maniobras de adquirir bienes a su nombre y luego traspasarlos a la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, que controla su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky), tenía la finalidad de ocultar la real propiedad de estos.
A su vez, el organismo indicó que esta confesó que detrás de los movimientos financieros está su esposo, quien es la persona que manejaba sus cuentas y las adquisiciones de propiedades a su nombre y que desconoce la suma involucrada.
Dijo que “aunque la cuenta estaba a su nombre, quien la manejaba en la práctica es su esposo Micky López“.
Según el Ministerio Público la congresista declaró “que sí su esposo le dice firma ahí, ella firma, porque confía en él y sabe que él siempre está haciendo negocios”.
La acusación indica que a nombre de la acusada Pilarte López fueron adquiridos bienes inmuebles de valores millonarios, “propiedades que entre los años 2015 y 2016, y que esta traspasó casi en su totalidad a nombre de la razón social Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, cuyos beneficiarios finales, por control accionario son su cuñado Manuel Antonio Inoa Valdez y María Altagracia Cepeda Suárez”.
Inoa Valdez es camionero y Cépeda Suárez fue empleada de la Cámara de Diputados hasta mayo de 2023 con un salario de 30 mil pesos.
El Ministerio Público determinó que ni Pilarte López ni sus cuñados tienen el perfil económico para manejar las cuantiosas sumas millonarias que advierten sus movimientos financieros.
En el reporte de interrogatorio de Pilarte López e Inoa Valdez atribuyeron a Micky López el control de todo y que le firmaban documentos por la cercanía familiar.
Este caso por narcotráfico y lavado de activos ocupa al Ministerio Público desde el 2020. Desde entonces la Familia López Pilarte está siendo procesada, incluyendo los dos hijos de la legisladora: Miguel Arturo y José Miguel López Pilarte. El proceso se mantiene en etapa preliminar desde finales de 2022.
De acuerdo al Misterio Público, la persecución judicial a esta familia se desprende de un caso de narcotráfico internacional donde están imputados los hermanos Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier (prófugo), a quienes, supuestamente, Micky Lopez y la diputada ayudaban a ocultar sus bienes ilícitos.Un camionero
Manuel Antonio Inoa Valdez, cuñado de la diputada Pilarte, está acusado de ser el testaferro de Micky López. Inoa Valdez es camionero desde hace 30 años y esposo de la imputada, Ada Pilarte. Declaró que no sabe de las empresas de Micky López donde aparece como accionista. “Que él no aporto nada para la empresa, que, siendo sincero, en realidad él no sabe nada de eso. Que como Micky López es su concuñado él solo le ha firmado todos los documentos que su cuñado Micky López le decía, firma este, firma el otro, pero del contenido él no conoce nada”, establece el MP.
Medida de coerción
El Ministerio Público solicitó medida de coerción consistente en presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica ascendente a cien millones de pesos contra la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte López, acusada de lavado de activos.
Así consta en la acusación formal presentada por la Procuraduría General ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.
“Que le sea impuesta la medida de coerción consistente en la presentación periódica por ante el Ministerio Publico a cargo de la investigación cada 30 días mientras dure el proceso, el pago de una garantía económica en efectivo ascendente a la suma de cien millones de pesos (RD$100,000,000.00), así como el impedimento de salida del país”, solicitó el organismo.
Pidió, además, admitir en todas sus partes la acusación, así como todos y cada uno de los elementos de prueba que la sustentan por haber sido obtenidos e incorporados de conformidad a los preceptos establecidos en la Ley Núm. 76-02 contentiva del Código Procesal Penal y se dicte apertura a juicio.
Calificación jurídica
La diputada es acusada de violación a la ley vigente en sus artículos 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155-17 contra el Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana; hechos que por igual en gran medida al momento de su ocurrencia se encontraban tipificados en los artículos 3 literales a y b, 18 y 21 literales a y b de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la ley 155-17.
