El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, consideró este viernes que la investigación en torno al caso Medusa debe ser ampliada, a los fines de determinar la responsabilidad que pudiera tener el expresidente Danilo Medina en el referido escandalo de corrupcion, y que tiene como principal imputado al ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez.
Al hacer contacto telefónico con El Gobierno de la Mañana, Abreu manifestó que dado que en principio el exgobernante tuvo responsabilidad administrativa de los actos de su subordinado, otorgando apoyo irrestricto, se debe ampliar la pesquisa del Ministerio Público en esa dirección a ver si puede ser procesado penalmente por los ilícitos cometidos en la gestión de Rodríguez.
“Que se amplíe la investigación para determinar la responsabilidades correspondientes”, respondió Joseph Abreu ante una pregunta de si Medina debe ser perseguido por el Ministerio Público en torno al caso.
Al ser cuestionado sobre la responsabilidad de otros órganos de control que no alertaron sobre los presuntos actos del entonces procurador, como la Cámara de Cuentas y la Dirección de Contrataciones Públicas, el titular de Participación Ciudadana explicó que el gremio no partidista no hace mención a los mismos porque el colectivo se limita a las menciones de la acusación, los cuales no figuran en la misma.
Dijo que pese a que las administraciones de los referidos órganos de control pudieran tener algunas responsabilidades, “no se están mencionando y por eso no lo estamos citando”.
El gremialista recordó que Participación Ciudadana en su momento hizo “reclamaciones” y recomendaciones para la destitución del jefe del Ministerio Público de entonces, pero el exmandatario “hizo caso omiso”, por el contrario, ofreció “un apoyo incondicional” al funcionario.
El coordinador general de Participación Ciudadana se refirió al tema a propósito de que el nombre del expresidente Danilo Medina figura en la acusación presentada por el Ministerio Público, quien habría autorizado el uso de recursos por 10,500 millones de pesos para el Plan de Humanización en cárcel del país.
