SANTO DOMINGO.-La concesión de la autopista del Nordeste estuvo cargada de vicios legales desde sus inicios, lo que podría ser utilizado por el Estado dominicano para procurar la nulidad del mismo y librar al país del pago del peaje sombra.
Así lo determina el análisis realizado por el abogado Emmanuel Esquea, quien fue contratado por el Poder Ejecutivo para estudiar sus aspectos jurídicos.
Entre las incongruencias se señala que le correspondía al Estado seleccionar a la empresa que realizaría la determinación del número de vehículos que transitaría por la zona pero que finalmente, fue la misma concesionaria Autopista del Nordeste, quien hizo la selección lo que influyó en que el cálculo fuera excesivo.
Se anticipó un tráfico diario de 4,000 vehículos y posteriormente se elevó la cantidad a 4,500 “de manera caprichosa”.
De no lograrse esta cantidad, el Estado debería pagar la cantidad faltante en un 100% por un período de treinta años. A la fecha, se han pagado unos 26,000 millones de pesos del denominado peaje sombra.
Desequilibrio
El análisis también revela que existió desequilibrio contractual en el entendido de que en caso de la terminación del contrato por mutuo acuerdo, el Estado debería indemnizar al concesionario con una cantidad a determinar por fórmula matemática.
“Por el contrario, cuando la terminación es por culpa del concesionario, no existe ninguna fórmula ni cláusula penal, sino que es necesario recurrir al procedimiento de resolución de conflictos, en el cual se procura un entendimiento de las partes”, dice.
También se señala que tanto Obras Pública como el concesionario modificaron las condiciones que rigieron la licitación por lo que se hacía necesario una nueva licitación con la participación de todos los interesados, según las directrices de la Ley 105-67 que exige un concurso para libre adjudicación.
Se señalan violaciones al Código Civil y cláusulas abiertas para aumentar el costo de la obra previo a su construcción, durante y posteriormente por igual.
También señala adendas recurrentes que no fueron aprobadas por el Congreso Nacional, lo que se cita como razón suficiente para exigir nulidad.
Secuestro de bienes
Entre las recomendaciones a las autoridades se incluye el involucrar al Ministerio Público para que a través de una auditoría forense determine responsabilidad penal en caso de que la hubiere.
Así como procurar la autorización del juez de la Instrucción para proceder a la ocupación y control de las carreteras y al secuestro de los bienes y valores existentes en esos lugares.
En caso de que se recurra a un arbitraje, debe primar el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Santo Domingo ya que así estuvo concebido en el contrato original.
En caso de ir al tribunal arbitral de New York como se consignó posteriormete, este estaría compuesto por un árbitro escogido por cada una de las partes involucradas para equilibrar el resultado.
30 Años de vigencia contractual
En los cuales se cobraría 1,325 millones de dólares por concepto de ingreso mínimo.
Abogado recomienda solución amigable
Punto de vista. El abogado Cristian Martínez, quien labora para la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, recomendó negociar con los concesionarios en busca de la terminación de este contrato de concesión por la vía amigable.
También poner en conocimiento de este informe al Departamento de Política Comercial, Arbitraje, Inversión y Negociaciones de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, a los fines de analizar y ver las posibles soluciones.
Y, crear una comisión negociadora de alto nivel escogida por el presidente de la República, Luis Abinader.
