El Gobierno venezolano inició durante el fin de semana una nueva ofensiva contra la oposición, que el pasado viernes designó un Tribunal Supremo paralelo para desafiar al régimen de Nicolás Maduro.
La primera víctima de esta reacción del chavismo fue el catedrático Ángel Zerpa Aponte, uno de los 33 magistrados nombrados por el Parlamento. Poco después, el presidente venezolano confirmó sus intenciones y aseguró que apresará “uno por uno” a todos los juristas nombrados por la oposición y se les congelarán sus bienes y sus cuentas bancarias. Líderes opositores como Henrique Capriles denunciaron una operación contra toda la nueva Corte Suprema. Los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) anunciaron para el miércoles una huelga general de 48 horas contra el proceso constituyente impulsado por Maduro.
El jurista Ángel Zerpa fue detenido el sábado por la tarde en Caracas por agentes de la policía política de Maduro. La Fiscalía General de la República confirmó el arresto pocas horas más tarde. Funcionarios del ministerio público acudieron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para comprobar el estado del detenido, pero no les fue permitido el acceso.
El arresto de Zerpa parecía confirmar la advertencia lanzada el mismo viernes por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo oficial, que advirtió que la toma de posesión de nuevos magistrados era “extemporánea” e irritante. También avisó a los juristas de que podían estar incurriendo en varios delitos, entre otros, el de usurpación de funciones.
Algunos de los recién nombrados magistrados, desde la clandestinidad, expresaron el sábado a periodistas que recogieron sus declaraciones el temor a ser el blanco de arrestos. Por su parte, el líder opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, gobernador del Estado de Miranda, aseguraba que se trataba del inicio de una redada: “¡Se ordenó al Sebin buscar y detener a los recién nombrados magistrados del TSJ! ¡Y a los detenidos ponerlos a la orden de la Fiscalía Militar!”.
