El Gobierno italiano, acosado por las polémicas alrededor de las operaciones de rescate de las ONG que trabajan en el Mediterráneo y por la complicada situación política generada por la crisis migratoria, ha impuesto una regulación en las labores de rescate.
El Ministerio de Interior ha convocado a las organizaciones de socorro a una reunión clave el próximo martes donde se les impondrán 12 condiciones —acordadas el lunes pasado con la Comisión Europea y Frontex— para poder seguir operando frente a las costas libias: desde la exigencia de certificados de conocimientos de rescate a la obligación de volver a tierra cuanto antes.
Si las pautas recogidas en el documento, y a cuya versión final ha tenido acceso EL PAÍS, no se cumplen, no permitirán el desembarco de migrantes en sus puertos.
La condición que más fricciones ha generado es la prohibición —“excepto en casos de peligro inminente (…) que se evaluará caso por caso”— de llevar a cabo lo que se conoce como transfer.
Se trata de una práctica habitual de los barcos de la mayoría de ONG con la que transfieren a cientos de personas recién rescatadas a otros buques, militares o de otras organizaciones con migrantes ya a bordo, de mayor capacidad y velocidad para que los devuelvan cuanto antes a territorio italiano.
De este modo, no queda desatendida la inmensa zona de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés) en pleno canal de Sicilia.Fuentes afectadas aseguran que el empeño de Italia y otros Gobiernos comunitarios de impedir esta práctica sólo busca reducir el número de rescates. “Pero la consecuencia inmediata es que se produzcan más naufragios porque no habrá nadie para impedirlos”, aseguran las mismas fuentes.
“Es un tema de seguridad y nunca se exigirá en una situación donde pueda producirse otro rescate inminente o exista algún riesgo. Eso queda bien claro en el documento”,
