Santo Domingo.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recomendó ayer a los sectores productivos y personas físicas en general “tener mucho cuidado con la evasión”, porque la nueva Ley de Lavado de Activos contra el Financiamiento al Terrorismo tipifica esa práctica como un delito penal.
Magín Díaz, director general de la DGII, recomendó en ese sentido a los sectores productivos y a las personas conocer bien la Ley 155-17.
Precisó que el objetivo final radica en la identificación de los beneficiarios finales o dueños finales de las empresas.
“El tema es que ahora el que incurra en defraudación tributaria puede ser sometido por el Código Tributario, por defraudación, pero también podría ser sometido por lavado, en vista de que la defraudación tributaria es un delito precedente de lavado de activos”, especificó el funcionario.
Explicó que el Gobierno promovió esa normativa legal porque es un requerimiento internacional, y advirtió que aquellos países que no apliquen correctivos similares podrían ser objetos de sanciones muy drásticas por organismos internacionales.
Consideró que es “una herramienta importante para la DGII en la lucha contra la evasión”.
Secreto bancario
Magín Díaz anunció que la ley de Lavado de Activos autoriza a la DGII a tener acceso a las informaciones bancarias de las personas sin necesitar una orden judicial, lo que elimina el secreto bancario.
Previo a esta ley, para la DGII acceder a la información bancaria necesitaba la autorización de un juez, de acuerdo a la ley Monetaria y Financiera.
Circularán las normas
La DGII publicó hoy las cinco normas generales para regular a los sujetos obligados por la ley.
Estas son: Norma General para Abogados, Notarios, Contadores y Empresas de Factoraje; Norma General para Joyeros, Armerías y Casas de empeño; Norma General para Inmobiliarias, constructoras y fiduciarias; Norma General para ‘Dealers’ de vehículos, y Norma General que establece el procedimiento Sancionatorio en materia de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Díaz precisó que la aplicación de esa normativa legal permitirá traer prestigio para el país.
Precisó que también evitará un impacto negativo en el aspecto económico, en especial en lo concerniente a la inversión extranjera.
Sanciones.
Díaz advirtió que la ley establece sanciones económicas, que van desde RD$ 300 mil hasta RD$ 4 millones.
Capacitación.
Recomendó a las empresas invertir en la capacitación de personal para que dé seguimiento al tema.
