El Gobierno de Alemania informó el martes que 222 vuelos han sido cancelados durante 2017 por pilotos que no quisieron ser parte en la controvertida repatriación de aquellos refugiados a los que se les negó la solicitud de asilo, puntualmente de los originarios de Afganistán. Las deportaciones de los afganos estuvieron rodeadas de controversia debido a que el suyo fue declarado “país seguro”, pese a la violencia y la represión que impera en la mayor parte de su territorio, según ha avanzado Deutsche Welle.
Michael Lamberty, portavoz de Lufthansa, ha defendido al personal que optó por no llevar a los deportados a sus países de origen, aduciendo motivos de seguridad. “La decisión de no llevar a un pasajero es tomada, en último término, por el piloto, caso por caso. Si él o ella tienen la impresión de que la seguridad del vuelo podría verse afectada, debe rehusarse a transportar al pasajero”, dijo Lamberty, citado por el Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
PRINCIPAL DESTINO DE REFUGIO
Al margen de estos casos, Alemania sigue siendo el principal destino de refugiados e inmigrantes en la Unión Europea. En 2017, este país procesó más solicitudes de asilo que todos los 27 miembros restantes del bloque juntos. La agencia europea de estadísticas Eurostat, según datos consultados por el diario Die Welt, sostiene que la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) resolvió sobre 388.201 casos de asilo en los primeros seis meses de 2017.
A medida que Alemania intensifica las deportaciones, ha aumentado también significativamente el número de afectados que apela las decisiones de BAMF. En el primer semestre de este año, casi la mitad de los casos fueron llevados a los tribunales. De acuerdo a la cadena de radio NDR, esos procesos judiciales costaron al país cerca de 19 millones de euros entre enero y noviembre de 2017, 7,8 millones de euros más que el año anterior.
Para reducir el número de apelaciones y acelerar las deportaciones, el Gobierno de Angela Merkel ha propuesto un programa que contempla la entrega de 3.000 euros a los solicitantes de asilo rechazados, como incentivo para que acepten ser deportados.