SANTO DOMINGO. La regularización patrimonial será un proceso puntual que el Gobierno espera aplicar en el marco de los cambios exigidos por los organismos internacionales para evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Por ello, según el proyecto de Ley de Declaración Patrimonial y Revalorización que el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional, los contribuyentes interesados tendrán un plazo de nueve meses para acogerse al beneficio fiscal que incluye la normativa.
Pero la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tendrá la potestad de rechazar las solicitudes que hagan las personas físicas, jurídicas o sucesiones indivisas cuando incumplan determinadas condiciones. Las causales de rechazo ocurren cuando las personas o empresas no pueden acreditar la titularidad de los bienes que quieren declarar, o si el ente tributario comprueba que esos documentos fueron alterados o si se trata de bienes o activos adquiridos por la vía de actividades ilícitas, instrumentos financieros depositados en países considerados como paraísos fiscales o que están en la lista de no cooperantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por ejemplo.
El proyecto de Ley de Declaración Patrimonial y Revalorización, cuyo objetivo es “regularizar tributariamente o transparentar los bienes o derechos”, incluye tasas de tributación especiales sobre el valor total de los bienes declarados.
Se trata de un pago único y definitivo, luego del cual esos bienes quedarán incluidos en el patrimonio y quedarán sujetos a las obligaciones tributarias ordinarias.
Por declarar la tenencia de moneda nacional o extranjera se pagará un 5 % del valor declarado, por los inmuebles 3 %, la declaración de inventarios tendrá una alícuota de 5 % del valor declarado, mientras que la revalorización de los inmuebles un 3 % calculado sobre la diferencia entre el valor de revalorización y el valor registrado. Por último, para la revalorización del patrimonio que conlleve una disminución de activos, la tasa será de 5 % del valor declarado.
La diputada del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Faride Raful, dijo durante una entrevista en Carivisión que apenas el Senado conozca el proyecto de ley, esperará su ingreso a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para proponer la inclusión del proyecto de Amnistía Fiscal que había sometido su bancada, con el propósito de que los ciudadanos con más de una fuente de ingresos declaren un agente de retención.
“Este año sometimos un proyecto de amnistía fiscal para las personas, con un margen de 180 días para que quienes tienen más de dos empleos elijan a un agente de retención único. Ellos no quieren que eso se apruebe. Les dijimos que con la sincerización están prácticamente proponiendo una amnistía” dijo la legisladora acerca de una reunión que tuvo hace un mes con Donald Guerrero, ministro de Hacienda, y Magín Díaz, director de la DGII.
Desde que la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo fue aprobada en junio de 2017, la DGII asumió el rol de supervisar a los sujetos no financieros obligados a cumplir la normativa. La evasión, entre otras violaciones, se considera ahora un delito precedente al lavado.
