SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La interpretación dada por la barra de la defensa de Ángel Rondón a las declaraciones del Empleado 48 sobre la supuesta distribución de valores a gobernantes dominicanos, devuelve la pelota a la Procuraduría al desenterrar a los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, y al actual mandatario, Danilo Medina.
En el escrito de defensa, objeciones, incidentes, orden de pruebas a descargo y petitorios, los abogados del empresario interpretan la declaración de Luiz Eduardo Da Rocha Soares – Empleado 48 – como una referencia a Mejía, Fernández y Medina en lo que se refiere a la distribución de valores, aunque no de forma clara.
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“Este empleado 48 no precisa a cuales gobernantes, si a Hipólito Mejía, Leonel Fernández o Danilo Medina, y claro que si era asistente del empleado 54 – Marco Antonio Vasconcelos Cruz –, no sabría más que este, el cual asegura desconocer si efectivamente hubo o no sobornos y a quienes se sobornó, en caso de existir”, indica el escrito de defensa.
Da Rocha Soares admitió haber asistido a Vasconcelos Cruz en los pagos de millones de dólares en paralelo a la empresa Lasham y Conansa, con cuentas abiertas en el MEINL, cuyo beneficiario era Ángel Rondón Rijo, “empresario que distribuía los valores a gobernantes de la República Dominicana”.
Luiz Eduardo Da Rocha Soares – Empleado 48 –: “Asistí al ejecutivo empleado 54 en pagos paralelos que serían debidos en razón de varias obras en la República Dominicana. Destacándose el pago de millones de dólares a la empresa Lasham y Conansa con cuentas abiertas en el MEINL, cuyo beneficiario era Ángel Rondón Rijo, intermediario y empresario que distribuía los valores a gobernantes de la República Dominicana”.
Sobre las declaraciones premiadas del tesorero Internacional del Empleado 48, la defensa de Rondón Rijo afirma que se trata de una apreciación en la que no individualiza ninguna acción específica, en términos de modo, tiempo y lugar.
Desde luego, la interpretación en el documento depositado por los representantes legales de Ángel Rondón se aleja de la explicación dada por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, sobre los “gobernantes”.
El pasado 23 de mayo, Rodríguez, mediante una carta enviada a la dirección de Acento, aseguró que las declaraciones del Tesorero Internacional de Odebrecht, “se refiere específicamente a personas que habrían ocupado cargos de libre remoción en el Poder Ejecutivo, a otras que ostentan o habrían ocupado posiciones electivas del Poder Legislativo, además de un abogado y un empresario privado, a quienes incluso, se les menciona por sus nombres en esa misma delación”.
La declaración de Da Rocha Soares fue depositada por el Ministerio Público en junio del año pasado a la Suprema Corte de Justicia y fue obtenida gracias al acuerdo firmado por la Procuraduría General de la República con la empresa Odebrecht, “luego de una estrategia de constreñimiento”, y también se consiguió el pago de 184 millones de dólares, que es la máxima sanción pecuniaria que le era imponible a Odebrecht en el país.
