El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado a la bomba lanzada este martes por la Fiscalía mexicana. El mandatario ha dicho en su conferencia de prensa matutina que los expresidentes Enrique Peña Nieto, del PRI, y Felipe Calderón, del PAN, deben ser llamados a declarar ante la justicia después de que Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), denunciara una trama de corrupción que involucra a políticos de varios partidos. “Implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos… el diputado al que hacen mención, los senadores, el que estaba de secretario de Hacienda, Luis Videgaray, todos tienen que declarar”, afirmó el presidente en la conferencia matutina de este miércoles.
Lozoya Austin, afirmó López Obrador, está obligado a probar los hechos que ha denunciado y que han sacudido a la política local. México era el único país de América Latina donde la corrupción de Odebrecht no había desencadenado un tsunami político. Tardó, pero está ocurriendo ahora gracias a que el exdirector de la petrolera, quien recibió sobornos, está cooperando con la justicia. Lozoya afirmó ante la Fiscalía que recibió en 2012 de la constructora brasileña 100 millones de pesos en sobornos que fueron utilizados en la campaña presidencial de Peña Nieto, unos 8 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. Este monto es superior a lo que había confesado Luis Alberto de Meneses Weyll, director de Odebrecht en México entre 2010 y 2017, quien ante la justicia brasileña admitió coimas por cuatro millones de dólares, equivalentes, en ese momento, a unos 50 millones de pesos.
“Tiene que haber un sustento, tienen que verse las pruebas, tiene que haber testigos, se habla de un vídeo, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos. Ojalá y se pueda”, dijo López Obrador esta mañana. El mandatario se refería a una de las muchas filtraciones que alimentan al caso Lozoya, una supuesta serie de grabaciones que confirmarían el reparto de dinero a diputados y senadores para aprobar las reformas estructurales que el Gobierno del PRI sacó adelante con apoyo del PAN, el PRD y el Partido Verde.
Unas horas más tarde de la conferencia del presidente, el fiscal general Alejandro Gertz Manero ha precisado en un seminario organizado por el Colegio de México que el proceso mencionado por López Obrador sobre las declaraciones de los expresidentes no tiene validez para la fiscalía. “El presidente no tiene ninguna vinculación jurídica con la fiscalía. Él hace las declaraciones que considera útiles para su trabajo. Puede decir lo que considere que le conviene y asumir las responsabilidades políticas. Pero él no es una parte del Ministerio Público y un tercero no puede afectar en su dicho las funciones de este órgano. Si yo lo dijera, sí me meto en un problema”, ha añadido el fiscal.
Gertz ha insistido en recordar que se trata de dos procesos diferentes. Uno, por el que está imputado Lozoya, y otro que se abrió este martes tras la denuncia de este hacia presuntos cómplices de la trama corrupta. El primero contra el exdirector de Pemex, señala el fiscal, está “perfectamente sustentado y especificado el daño al patrimonio del país, tanto es así que hemos ganado la batalla en los tribunales españoles para su extradición y logramos la aceptación de las pruebas por parte del juez. Por tanto, ninguno de los delitos por los que se le acusa han prescrito”. La polémica de la prescripción de los delitos de corrupción después de cinco años ha provocado polémica estos días ante la posibilidad de que uno de los más relevantes juicios de corrupción del país cayera en saco roto.
Sobre el nuevo caso, que apunta directamente y, por primera vez en la historia, a un expresidente del Gobierno, Enrique Peña Nieto y funcionarios de su cúpula de Gobierno, como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, está todavía en una fase previa. “No adquirí ninguna responsabilidad frente a lo que ese señor [Emilio Lozoya] está diciendo. El señor ya nos presentó sus pruebas testimoniales, vídeos, documentales. Vamos a ver qué es verdad probable y qué nos sirve para imputar a un tercero”, añade Gertz sobre la denuncia de Lozoya que hizo pública el martes.
A pesar de sus dichos de esta mañana, el presidente se mantiene firme en su creencia que cualquier juicio en contra de Enrique Peña Nieto debe ser sometido antes a una consulta popular. El presidente ha dicho que el proceso judicial que amenaza con tocar las esferas más altas del poder en la Administración del PRI debe ser un mecanismo para revelar la verdad de cómo opera la corrupción política. Sería una lección para evitar que se repita. “Yo sostengo que habría que pensar hacia adelante, lo que estamos haciendo, que no haya corrupción”, ha añadido desde Palacio Nacional.
Pero las pesquisas que se llevan en contra de Emilio Lozoya no se limitan a México. Alemania ha seguido investigando al exfuncionario, quien se encuentra en libertad con un brazalete de localización tras su llegada a México desde España. La policía germana registró las casas del exdirector de Pemex y de su esposa, Marielle Helene Eckes, en Baviera, cuatro días después de que hubiera sido extraditado a su país.
“La fiscalía de Múnich conduce una investigación sobre el señor Lozoya y también sobre la señora Eckes por lavado de dinero. En el contexto de la investigación, el martes 21 de julio hemos revisado dos ubicaciones, una dentro y otra fuera de Múnich”, confirmó a Quinto Elemento Lab un portavoz de la oficina del fiscal de Múnich.
De acuerdo con las publicaciones en distintos medios alemanes, elementos de la policía registraron un apartamento en el centro de la ciudad, así como una lujosa propiedad con vistas al lago de Starnberg, en una exclusiva zona junto a los Alpes.
El exdirector de Pemex, que está siendo investigado en México por haber recibido sobornos de dos empresas, fue capturado en Málaga, en el sur de España, el 17 de julio. Posteriormente fue extraditado para colaborar con las autoridades mexicanas. Los cateos de las propiedades de su esposa en Alemania ocurrieron cuatro días después.
Marielle Helene Eckes pertenece a una de las familias más acaudaladas del país y está vinculada a la fundación de la empresa de jugos Granini, una de las más grandes de Europa. En México está siendo investigada por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Su marido, además de por los cargos anteriores, también está investigado por haber recibido sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA). El acoso judicial en contra del círculo familiar de Lozoya, que incluye investigaciones a su madre y a su hermana, fue definitivo para convencerlo de pactar una colaboración con la Fiscalía mexicana.
Según el diario Süddeutsch Zeitung, Marielle Eckes no estaba presente cuando registraron su apartamento de Múnich. “Los investigadores indagan si Eckes y Lozoya pudieron haber escondido dinero de los sobornos de México en Alemania o si al menos lo canalizaron a través de Alemania”, explicó a Quinto Elemento Lab. Esta es la primera vez que las acciones de la policía sobre este caso llegan a la prensa.
“Todo el dinero relacionado con esa transacción era dinero mío y de un préstamo de mi esposo, cada dólar usado (para la compra de la residencia en Ixtapa) fue obtenido antes de que mi esposo entrara al Gobierno”, dijo Eckes el año pasado cuando respondió un cuestionario al diario alemán Süddeutsche Zeitung, al medio suizo Tamedia y a Quinto Elemento Lab.
