Centenares de camas vacías en las clínicas de Buenos Aires, en pleno azote de la pandemia.
Mientras las muertes por COVID-19 alcanzan nuevos récords en Argentina, con 663 muertos este miércoles, unidades de cuidados intensivos como la de la clínica San Andrés de la capital permanecen silenciosas.
Los monitores de los respiradores guardan sus envoltorios de fábrica, los armarios están llenos de medicamentos y jeringuillas sin usar…
La clínica cerró sus puertas a principios de año, al morir su dueño. Sus herederos se desentendieron de sus 144 trabajadores, que ahora ocupan la clínica a la espera de que la justicia defina la sucesión.
No entienden este desperdicio de recursos, cuando hay muchos hospitales desbordados. En el área metropolitana de Buenos Aires la ocupación de camas ronda el 90%.
“Es una vergüenza que no nos den la posibilidad de poder abrir las puertas y poder ayudar en esta pandemia”, dice Alicia Rey, jefa de servicios quirúrgicos y representante de los trabajadores en la clínica San Andrés.
Pese a la necesidad de camas, las clínicas privadas luchan por sobrevivir. El coronavirus les ha dejado sin muchos enfermos con otras patologías y aseguran que pierden dinero con los pacientes COVID-19 porque el seguro gubernamental no cubre lo que cuesta atenderlos.
Al menos nueve clínicas privadas han cerrado en el área del Gran Buenos Aires este último año, por problemas financieros.
Los costes generales de los hospitales aumentaron un 36% el año pasado.
Un paciente COVID-19 cuesta por día entre 700 y 1 000 euros, mientras que la ayuda del seguro estatal asciende al equivalente a 800 euros para toda su convalecencia.
