CIUDAD DE MÉXICO — La acusación de un testigo cayó como una bomba en Estados Unidos: uno de los capos de la droga más poderosos del mundo le había pagado un soborno de 100 millones de dólares a Enrique Peña Nieto, el expresidente de México.
Sin embargo, en México la revelación —de boca de un exaliado del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, en un tribunal de Nueva York— fue recibida con indiferencia.
La noticia no fue el encabezado de ninguno de los principales diarios mexicanos el miércoles. Nadie mencionó el tema en la conferencia de prensa matutina del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, donde generalmente se tratan los asuntos políticos más urgentes del país.
Los mexicanos estaban mucho más preocupados por los temas inmediatos, como cuándo podrían volver a ponerle gasolina a su auto —una crisis ha afectado el suministro en todo el país— y si el nuevo gobierno obtendría los votos necesarios para crear un nuevo aparato nacional de seguridad, parte de su plan para frenar la violencia.
Garantizar que se haga justicia “no está en nuestras manos”, dijo Dolores Haro, una mujer de 59 años que estaba almorzando en un puesto de tacos en Ciudad de México el miércoles. Haro dice que la mayoría de las personas que conoce están más preocupadas por problemas más urgentes, como la falta de gasolina.
Las acusaciones de corrupción —incluso a escala monumental— no son tan sorprendentes, agregó Pedro Rodríguez, un ejecutivo de mercadotecnia de 28 años que estaba sentado al lado de Haro.
“A los mexicanos eso ya no nos mortifica”, dijo. “Sabemos que no habrá respuesta alguna”.
La débil reacción refleja en parte el escepticismo consolidado respecto de la honestidad de la clase política del país y de la fuerza de sus instituciones gubernamentales, en una cultura de corrupción e impunidad rampantes, según algunos analistas. Muchos mexicanos dudan de que una acusación de corrupción pública, incluso uno de estas dimensiones, pueda alguna vez prosperar en el sistema mexicano de justicia penal, sobre todo en casos que exploran la opaca intersección entre el gobierno y el crimen organizado.
“Entendemos que hay un Estado de derecho muy débil, una falta de capacidad para investigar”, dijo Guadalupe Correa Cabrera, profesora de Políticas y Gobierno en la Universidad George Mason, quien estudia el crimen organizado en México. “Los nombres de los políticos aparecen en los juicios, pero no sucede nada”.
Correa Cabrera dijo que un largo historial de impunidad ha dejado a los mexicanos desesperanzados y preguntándose: “¿Por qué debería importarme?”.
Peña Nieto, cuyo sexenio terminó el año pasado, no ha hecho ninguna declaración pública acerca de la acusación. No obstante, colaboradores cercanos de su gobierno emitieron declaraciones en las que niegan lo dicho, entre ellos Francisco Guzmán, quien fungió bajo su mandato como jefe de la Oficina de la Presidencia; dijo que las acusaciones eran “falsas, difamatorias y absurdas”.
“El gobierno de @EPN fue el que localizó, arrestó y extraditó a Joaquín Guzmán Loera”, dijo Guzmán en Twitter. “Desde el inicio de la administración, fue un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad”.
Aunque algunos mexicanos concedieron que es posible que las acusaciones de Álex Cifuentes Villa —un narcotraficante colombiano que trabajó de cerca con Guzmán de 2007 a 2013— sean verdaderas, la duda pareció ser el sentimiento predominante entre quienes siguieron la noticia.
“Tenemos una muy mala experiencia con los testigos protegidos”, dijo Max Kaiser, un abogado mexicano que ayudó a escribir las leyes anticorrupción de México. “Sabemos que los testigos protegidos pueden decir cualquier cosa”. Kaiser señaló que la falta de reacciones en México no era tanto un reflejo de la resignación como una falta de confianza en la fuente de la acusación.
“La gente está esperando que haya pruebas que respalden estas acusaciones”, dijo, y agregó que, de ser comprobadas, se trataría de “un gran escándalo”.
“Si no presentan nada más, solo serían rumores de boca de un narcotraficante que espera obtener algún tipo de beneficio”, continuó.
María Celia Toro, analista política del Colegio de México, dijo que los mexicanos han sido condicionados por “un largo historial de acusaciones falsas”.
Y agregó: “Lo más sensato es esperar”.
Muchos observadores señalaron que si Guzmán en efecto le había pagado a Peña Nieto 100 millones de dólares, entonces su dinero no le valió gran cosa, pues el presidente terminó por extraditarlo a Estados Unidos. Según Cifuentes Villa, el soborno se pagó en octubre de 2012 y Guzmán fue capturado por primera vez en febrero de 2014. Después escapó de prisión, pero volvieron a atraparlo en enero de 2016 y lo extraditaron en enero de 2017.
“No es lógico que pagues un soborno para que dentro de unos años te atrapen”, dijo Juan Alberto Cedillo, un periodista mexicano que ha investigado a los grupos del crimen organizado durante más de una década.
Además, Peña Nieto podría haber deducido que cualquier secreto que ambos hubieran acordado probablemente se mencionaría durante los procedimientos judiciales en Estados Unidos.
“A pesar de todos sus defectos y fracasos, Peña Nieto capturó al Chapo y lo extraditó, a sabiendas de que se filtraría todo tipo de información”, señaló Alejandro Hope, experto en seguridad de la consultora mexicana Grupo Economistas y Asociados. “Desde el primer día del gobierno de Peña Nieto estuvieron buscando al Chapo”.
Algunos de los que han cuestionado la veracidad del testimonio de Cifuentes Villa también señalan que Peña Nieto aún está en México. Asistió al funeral de un exgobernador de su estado hace varios días, su primera aparición pública desde que dejó el cargo. De ser culpable, dijeron algunos, podría haber seguido la vieja estrategia de otros políticos de escapar u ocultarse.
Durante su periodo presidencial, el gobierno de Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional estuvieron envueltos en escándalos de corrupción, entre ellos varios que implicaron a poderosos exgobernadores. La popularidad del presidente comenzó a decaer cuando su esposa compró una casa a un contratista del gobierno con términos favorables.
No obstante, las acusaciones de esta semana contra Peña Nieto parecen tener una escala totalmente distinta. Incluso algunos de los opositores políticos del exmandatario han actuado con cautela. Marco Gama, senador por el conservador Partido Acción Nacional dijo que el partido estaba a la espera de que el juicio en Brooklyn produjera evidencia para respaldar las acusaciones. “Para empezar una investigación hacen falta pruebas”, dijo. Y no se había presentado ninguna.
Horas después de que Cifuentes rindiera su testimonio, los fiscales federales presentaron una moción reservada para limitar declaraciones similares. Cuando la moción se hizo pública la noche del miércoles, se supo que los fiscales habían acusado a los abogados de Guzmán de tratar de “crear un escándalo público en un intento por dañar las relaciones exteriores de Estados Unidos”.
La mañana del miércoles, el juez a cargo del caso señaló que Cifuentes Villa no había declarado sobre un hecho que él hubiera visto o en el que hubiera participado sino que simplemente le había contado al jurado algo que Guzmán le había dicho a él. Tal vez, sugirió a los abogados de Guzmán, los fiscales no pensaban que Guzmán había sido “completamente sincero”.
Aun así, algunos mexicanos sintieron que debían hacer algo: una protesta, una investigación y, si fuera el caso, enjuiciar a Peña Nieto.
“Deberían juzgarlo, aquí o allá, lo que sea”, dijo Armando Venado, un vendedor de 58 años de Texcoco en las afueras de Ciudad de México. “Estamos tan acostumbrados a la corrupción que nadie hace nada. Nadie protesta”.
