En la crisis de las primarias del PLD conviven dos relatos: uno político y otro institucional. No me interesan las perspectivas políticas del proceso: les dejo eso a las partes en disputa. Tampoco me importan las lecturas políticas a mis juicios, consciente de vivir en un clima agitado y prejuicioso. Todo el que conoce mis posiciones públicas puede decir que han sido indistintas con las dos tendencias en litigio. Esa historia me acredita generosamente. Está escrita y basta leerla. De manera que me tienen sin cuidado las inferencias que mis valoraciones puedan suscitar en ese entorno. Soy consciente de que, en la crispación de los intereses disputados, mi opinión se interpretará como parcializada. Problema de ellos. Asumo el riesgo tranquilamente.
Lo político es volátil, circunstancial y episódico; lo institucional es permanente, estructural y de perspectiva. ¿Qué es lo institucional en esta crisis? La calidad de los sistemas y procesos, las garantías del derecho al voto y la confiabilidad del escrutinio. Como sabemos, nuestra historia electoral ha sido un trauma. Son contadas las consultas electorales exentas de sobresaltos, vicios y contestaciones. Es más, hay comportamientos políticos que ya tienen marca de “cultura electoral” como la compraventa de cédulas, el uso de los recursos del Estado y las dilaciones en los cómputos, por solo citar algunos.
En esta ocasión nos estrenamos en una experiencia electoral inédita. Se trata de las primeras “convenciones” partidarias en formato de primarias simultáneas que se celebran en la República Dominicana. Estos procesos de larga tradición en democracias robustas como la estadounidense han tomado tiempo de consolidación.
Las primarias, que antes eran consultas eleccionarias internas regidas por los estatutos y la dirección de los partidos, hoy son controladas por la Junta Central Electoral. En ese sentido el artículo 46 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos del 15 de agosto de 2018, establece: “…la Junta Central Electoral es responsable de reglamentar, organizar, administrar, supervisar y arbitrar el proceso de primarias para la escogencia de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular”. De manera de que desde que el órgano regulador de las elecciones nacionales interviene, estos procesos dejan de ser del interés privativo de los partidos políticos.
Pero, aparte de ser la primera vez que se organizan primarias simultáneas, el pasado domingo 6 de octubre se implementó como novedad la votación automatizada, sistema que se utilizará en las próximas elecciones generales. Como ensayo para los futuros comicios, esta modalidad de votación y escrutinio debe ser del interés común de candidatos y electores así como para la solidez del ordenamiento electoral. De modo que sería insensato considerar como una necedad cualquier reclamación basada en fallos en el sistema o en factores que revelen su vulnerabilidad funcional. Y es ahí donde debemos quedarnos; lo demás es político. En esa lógica resulta indiferente quién es la persona que reclame ni sus méritos, ni sus antecedentes ni sus intenciones políticas. Estoy seguro de que si la situación fuera al revés, es decir de ser Gonzalo Castillo quien hubiera resultado afectado adversamente, hoy estaría reclamando de igual manera. En tal caso mi opinión sería exactamente la misma.
No se trata pues de “quién” sino de “qué”. Ese discernimiento supone disgregar razonablemente lo subjetivo de lo objetivo; lo político de lo institucional. Y es en este último plano donde no debería cuestionarse el derecho de todo accionante, incluso ajeno al proceso, a pedir razones, por un motivo sencillo: este sistema es el que va a ser usado en las elecciones generales venideras. Justamente uno de los propósitos experimentales para aplicarlo en las primarias era para comprobar su operatividad, seguridad y confiabilidad. Y ciertamente existen motivos fundados para inferir fallas (intencionales o no, no sabemos) que demandan explicaciones. Además, la impugnación o nulidad es un derecho legalmente tutelado.
Hay inconsistencias, entre muchas, que ameritan ser esclarecidas al margen de a quién favorecen los resultados. Una inquietud que me interesa disipar es que la Junta Central Electoral explique (y no ninguna otra persona) cómo estadísticamente se sostiene una variación repentina de una tendencia sostenida a favor del candidato puntero en el cómputo del 85% de los colegios. ¿Qué hecho o fenómeno tan trastornador hizo variar los resultados de los últimos 1,110 colegios para revertir la tendencia a favor de Fernández de los primeros 6,268 computados? Hasta por curiosidad científica quiero entenderlo. Darle respuesta a esa pregunta supondría resolver el setenta por ciento de mis dudas y de paso descubrir un hallazgo que desafiaría la lógica estadística.
No es verdad que como elector y ciudadano me tenga que privar de una explicación por el simple hecho de ser Leonel Fernández quien promueva esa contestación. Esto no es un problema de Fernández; es una cuestión de absoluto beneficio democrático. Si validamos, por omisión, fallas que pueden ser reveladas y corregidas ahora perdemos oportunidad y calidad para reclamar en las elecciones generales. Lo penoso es ver cómo líderes de la oposición han jugado al silencio o a la descalificación política.
Otro argumento político en el manejo de la crisis es considerar como un desafío a la autoridad de la JCE impugnar procesos sometidos a su control. Me extraña sobremanera la reacción ostensiblemente molesta de uno de sus jueces por el reclamo de la parte accionante en este proceso como si se tratara de un agravio directo a la integridad moral personal o del pleno. Esta hipersensibilidad es intolerante; es un legado de nuestra cultura paternalista en la que el ejercicio de derechos se asume como una ofensa a la autoridad. El mismo prejuicio que hace entender la posición que asumo como leonelista ¡Me importa un comino!
Y es que no se trata de si Leonel Fernández tiene méritos políticos, calidades morales o no para pedir lo que está pidiendo, como tampoco de que si su historia o liderazgo político acreditan o no ese derecho. Eso es una barata distracción política. Me quedo en lo institucional y en esa perspectiva no me pierdo: el asunto troncal aquí es que la JCE debe garantizar la seguridad y solidez de los sistemas y la confiabilidad de sus resultados. La más interesada en satisfacer esta acción legal es ella. Aquí nadie debe molestarse por eso. De pasar esto todos hubiéramos consentido.
Nuestra institucionalidad se vitaliza en la capacidad ejercitante de los ciudadanos de los derechos, garantías y procesos legales al margen de las intenciones u otras subjetividades. Para muchos podrá ser “pataleo”; para mí es una oportunidad legalmente abierta para probar y mejorar el sistema. Sobre todo porque con esos mismos software, hardware, procesos y protocolos procesarán y computarán mi voto. Prefiero que hoy me imputen el “estigma” de leonelista que quedarme callado cuando pude opinar y no lo hice, aunque no me atiendan. De eso se trata y punto.
