Desde que el pasado jueves el general Abdelhakim Buhaliya, comandante de la base naval de Trípoli, anunciara la creación de “una zona de búsqueda y rescate en la cual ningún buque extranjero puede entrar” sin permiso de las autoridades libias, tres ONG han suspendido su misión de salvamento en el Mediteráneo central: Médicos Sin Fronteras, la alemana Sea Eye y Save the Children. Para que no quedase duda, un portavoz de la Armada libia precisó que la medida se dirigía contra las ONG “que pretenden salvar a los migrantes ilegales y realizar acciones humanitarias. Deseamos enviar un mensaje claro a todos los que atentan contra la soberanía libia y faltan al respeto a los guardacostas y la Marina”, subrayó.
Sus palabras no deben tomarse a la ligera. El martes pasado un buque de la ONG española Proactiva Open Arms recibió dos ráfagas de aviso de una patrullera libiaque le amenazó con tirar a dar si se atrevía a regresar. El incidente se produjo a poco más de 12 millas náuticas (22,2 kilómetros) de Libia, en el límite de sus aguas territoriales, el punto más próximo al que podían acercarse para recoger a los inmigrantes que zarpan de sus costas. El anuncio del general Buhaliya supone desplazar la línea que no pueden traspasar las ONG hasta unas 80 millas (150 kilómetros) mar adentro, una distancia que muy pocas de las frágiles embarcaciones en las que viajan hacinados los inmigrantes pueden recorrer.
