El séptimo Juzgado de la Instrucción del distrito Nacional continuará este viernes con la audiencia preliminar que se le sigue a Alexis Medina Sánchez y los demás vinculados al caso de corrupción y estafa contra el Estado, denominado Operación Antipulpo.
El juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la continuación de la audiencia para este viernes 18 de noviembre, desde las 9:00 de la mañana.
Por los hechos de corrupción administrativa, además de Medina Sánchez, en el caso es procesada la exvicepresidente del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez.
El expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
También fueron acusadas otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual contiene tres 445 páginas, además incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
Sobre Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
LA PEPCA CON MÁS DE 2000 PRUEBAS. En la pasada audiencia, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, consideró que, por la fortaleza del expediente y los elementos probatorios aportados, el proceso por corrupción administrativa debe ir a juicio y que al final de este debe emitirse sentencia condenatoria contra los imputados.
“Esa cantidad de pruebas, esa enorme cantidad de pruebas, sobreprueba los hechos que hemos presentado, y ha sido así porque en República Dominicana está demostrado que, cuando se trata de casos de corrupción, hay que sobreprobar; por ende, hemos depositado en este tribunal pruebas más que suficientes como para que este proceso sea enviado a juicio y en juicio se produzca sentencia condenatoria con relación a los acusados”, consideró.
Camacho, quien produjo sus declaraciones en respuesta a preguntas de periodistas de varios medios de comunicación que lo abordaron luego de concluida la audiencia preliminar en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adelantó que el próximo viernes el Ministerio Público presentará sus conclusiones formales, en las que solicitará apertura a juicio.
“Esperamos que, conforme a la enorme cantidad de pruebas que hemos presentado, se dicte apertura a juicio”, insistió.
