Los tres grandes termómetros con los que esta universidad privada mexicana ha medido la impunidad son los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos. México ocupa el lugar 66 entre 69 países estudiados solo por delante de Filipinas, India y Camerún. Según los criterios del estudio –liderado por Croacia– la media nacional de impunidad, 69,8, está lejos de la media del índice global: 55.3.
Menos del 1% de los delitos son denunciados en México
Analizando los niveles de impunidad por Estados, el país norteamericano se sitúa también muy por encima del baremo máximo: 74,6. En la cúspide de la lista de las 32 entidades se sitúa el Estado de México con un índice de 80. La inmensa mole urbana –casi 20.000 habitantes– que rodea la capital es el estado que registra el mayor número de investigaciones policiales y a la vez el que menos resultados obtiene. Tan solo el 8% de los casos se convierten en causas penales y únicamente el 0,59% termina en sentencia.
“Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que presenta la problemática más grave en el país”, apunta el informe, que también señala problemas estructurales de inversión en agencias y ministerios públicos, déficit en el número de jueces, magistrados y policía, además de registrar la segunda tasa más alta de delitos no denunciados –cifra negra– que a nivel nacional alcanza ya el 93,7%.
Los siguientes Estados con tasas más altas de impunidad son Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes y Veracruz. Campeche y Morelos destacan como las entidades con índices más bajos. Pese a registrar una ligera subida en el número de jueces, 3,5 por cada 100.000 habitantes, México aun está muy lejos de la media global de 16. Un déficit que provoca una saturación del trabajo en los juzgado, lo que a su vez engrasa toda la cadena de impunidad.
Hace dos años México implementó un profundo cambio en su sistema de impartición de justicia. El Nuevo Sistema Penal Acusatorio introducía como elemento central los juicios orales, más trasparencia y uniformidad de criterios. Los resultados de la reforma pueden constatarse en la reducción de 35 a 27% el número de reclusos sin sentencia, una de las mayores taras de la justicia mexicana, Además, el porcentaje nacional de sentencias condenatorias aumentó nueve puntos porcentuales al pasar de 74,8 al 83%.
