El juez argentino Julián Ercolini procesó hoy por presunto lavado de dinero a la expresidenta Cristina Fernández y a sus hijos Máximo y Florencia, en el marco de la llamada causa “Hotesur”, una sociedad anónima propiedad de la familia Kirchner sospechosa de maniobras fraudulentas.
Ercolini sospecha que esos alquileres eran ficticios y, en realidad, formaban parte de una cadena de corrupción en la que los empresarios pagaban un “retorno” (soborno) en agradecimiento por los contratos estatales recibidos.
Esto significa que tanto Báez como López, quienes están actualmente en prisión, les pagaban a los Kirchner por el alquiler de habitaciones en los hoteles Las Dunas, Alto Calafate y La Aldea que, en realidad, nunca fueron ocupadas.
De acuerdo con el fiscal, por lo menos 86 millones de pesos (unos 3.5 millones de dólares) que recibió la familia Kirchner provenía de los millonarios recursos públicos que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández les habían entregado a los empresarios para que hicieran obras.
Además de la expresidenta y sus hijos, también fueron procesados Báez y su hijo Martín; el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, y su exsocio Osvaldo Sanfelice, y la sobrina de la expresidenta, Romina Mercado.
Cuando la expresidenta declaró ante Ercolini, argumentó su inocencia y aseguró que la causa formaba parte de la persecución judicial de la que es objeto desde que dejó el gobierno, en diciembre de 2015.
En el mismo sentido se expreso su hijo, el diputado Máximo Kirchner, quien en el escrito que presentó ante el juez afirmó quetodos los hechos que se describen en la acusación son operaciones comerciales absolutamente lícitas
También consideró que la acusación “es un relato vago que sólo describe operaciones comerciales absolutamente regulares y lícitas, que fueron declaradas por las partes intervinientes”.
