Luego de escuchar al principal imputado en el caso “antipulpo”, Alexis Medina Sánchez, negar las acusaciones en su contra, el tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para hoy a las 5:00 de la tarde, la medida de coerción que le conoce junto a otras diez personas, a quienes el Ministerio Público (MP) acusa de crear una estructura de corrupción, para sustraer fondos en perjuicio del Estado.
El juez Alejandro Vargas tomó la decisión a la 1: 00 de la mañana, después de las imputaciones y defensa de los acusados, para diez de los cuales el MP pide un año de prisión preventiva y declarar el caso complejo.
Al hacer su defensa material, Medina Sánchez afirmó que el MP ha sido devastador con él y su familia desde el primer día, por lo que rehusó responder preguntas de los fiscales en la audiencia.
Denunció que lo mantuvieron en un estado de zozobra desde que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) perdió las elecciones, cosa que ha sido insoportable y por lo cual él mismo quiso que lo investigaran.
Medina negó que haya falsificado documentos para participar en la licitación y lograr adjudicación para suplir medicamentos.
Aclaró que suple medicamentos al Estado desde 1995, que todo lo que tiene es fruto de su trabajo con sus empresas y que por consiguiente ha sido su propio testaferro. Manifestó que nunca ha tenido privilegios para el cobro de contratos con el Gobierno.
De su lado, el MP asegura que antes de 2012 Alexis Medina tenía una situación económica precaria y ahora posee bienes incalculables.
La procuradora Yenny Berenice Reynoso aseguró que es más fácil tocar una estrella, que justificar los recursos que hoy ostenta el imputado, al que hace ocho años le cortaron el telecable, porque no podía pagarlo.
Pagán y sus bienes. Respecto al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, el Ministerio Público afirma que a su llegada a ese organismo tenía una situación económica difícil, pero que ahora posee un apartamento de 400 mil dólares en la Torre Padisso, en el sector la Esperilla, del Distrito Nacional.
Reynoso afirmó que el mismo imputado le confesó en los interrogatorios que le realizaron que a su llegada al Estado, en agosto de 2015, estaba quebrado.
Manifestó que tiene un sinnúmero de bienes que no puede justificar con el salario que devengó.
Reynoso afirmó que el mal manejo de Pagán en la institución y la malversación de fondos, provocaron que hospitales no pudieran concluirse y que en su gestión hubo niveles de corrupción inimaginables.
Solicitó prisión porque entiende hay peligro de fuga y contactado testigos para desviar pruebas.
La también directora de Persecución del MP pidió además, el caso sea declarado complejo.
Reinoso indicó que Pagán estuvo buscando certificaciones de salud que le ayudarán a evadir la imputación.
Al responder la acusación, el exdirector de Oisoe, dijo que en su gestión tuvo un manejo transparente de los recursos de esa institución.
El exfuncionario expresó que le ahorró millones de pesos al Estado, al evitar procesos irregulares y extorsiones que en otros tiempos existían en la entidad.
De su lado, Julián Esteban Suriel Suazo, implicado en la red y a quien el MP acusa de estafa al Estado, lavado de activos y asociación de malechores, señaló que las donaciones a las campañas política de Gonzalo Castillo, las hizo con dinero de sus empresas, mediante cheques a título personal.
El imputado negó que sea testaferro de Juan Alexis Medina, como dice la acusación y que sostuvo nunca ha hecho negocios con él, ni pertenece a ese supuesto entramado corrupto.
“Yo intenté hacer negocios con Alexis Medina, pero no fue posible por incompatibilidad de caracteres” expresó el imputado, tras indicar que no es testaferro de nadie, porque “con lo le dio su padre no tiene necesidad de serlo».
Pero además de eso, señaló que está interesado en limpiar su nombre, el de su empresa y el de su familia, que ha sido manchado con la acusación.
Los fiscales insisten en las imputaciones contra Suriel Suazo, contra quién pidió prisión preventiva, por entender podría fugarse y destruir posibles pruebas en su contra.
En tanto, a Domingo Santiago Muñoz el MP le imputa poseer bienes que no puede justificar y que serían parte del entramado societario que encabeza Medina Sánchez, quien asegura c reo un entramado de corrupción con ramificaciones en varias instituciones del Estado.
Dice que Santiago Muñoz no puede acreditar los bienes que tiene a su nombre, además de que asegura es socio de Alexis y que su testaferro en la empresa Monitoreo Dominicana S.R.L.
El acusado Santiago Muñoz, quien junto a los demás imputados guarda prisión en el palacio de justicia de Ciudad Nueva, negó las acusaciones de los fiscales y aseguró que los bienes que posee es de las empresas que legalmente posee y de las cuales tiene conocimiento la Dirección General de Impuestos Internos.
Durante su defensa material dijo que que en 2008 compró una villa que le habría costado 500 mil dólares, que tomó prestado en el Banco del Reservas.
Manifestó que se dedica al negocio de reciclaje y que ha tenido ganancias anuales que ascienden a los 100 millones de dólares.
Contra ese imputado el MP también pide prisión y que su caso sea declarado complejo.
La audiencia, aplazada el domingo, inicio las 2:00 de la tarde, hasta pasadas las 1:00 de la madrugada, cuando el magistrado Vargas terminó de escuchar los alegatos.
Contingente policial. Un fuerte contingente policial custodiaba la sala del Primer Tribunal Colegiado, el juez de la Oficina Permanente y todo el perímetro del Palacio de Justicia del Ciudad Nueva, donde el juez escuchaba a seis de más de once exfuncionarios y proveedores del Estado a, quienes MP acusa de estafar al Estado dominicano.
Los imputados pautados para conocérceles medidas de coerción durante la jornada eran Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Juan Alexis Medina Sánchez, Wascal Vernavel Méndez Pineda, Francisco Pagán Rodríguez y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Pieza imprescindible. La procuradora adjunta Yeni Berenice solicitó prisión preventiva y declaración de caso complejo a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal para el imputado Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez.
Berenice justificó su petición en que el acusado estaba destruyendo evidencia del proceso realizando transferencias a través de terceros.
Indicó que “sin la absoluta coparticipación del imputado no era posible que pasara” la supuesta actividad delictiva en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) que benefició al acusado Medina.
Berenice alegó que Sánchez, como fiscalizador de la entidad, era “imprescindible” en las cubicaciones y los “adulterados” informes técnicos a los equipos médicos suplidos por Domedical Supply (empresa de Medina) en perjuicio del patrimonio del Estado.
Le acusó de beneficiarse de una presunta sobrevaluación en la remodelación del hospital Francisco Moscoso Puello, que al inicio se le estableció un presupuesto de fue de 43 millones de pesos y al final costó mil 129 millones de pesos.
Igualmente, la fiscal explicó al juez que un testigo aseguró que a pesar de que en Oisoe había una dirección de supervisión quien supervisaba los hospitales era el acusado Sánchez, por orden del imputado Pagán.
En ese supuesto modelo de corrupción, la fiscal señaló que en Oisoe no le pagaban a los ingenieros que ganaban sorteos de contratos, con el fin de que se quedaran sin capital para adelantar la obra, a fin de que quedaran vulnerables y obligarlos hacer una cesión de crédito. Berenice le señaló a Vargas que el presunto delito del acusado atentó contra el derecho fundamental de la salud.
En ese orden, argumentó que Sánchez reportaba que los equipos que suplía Medina cumplían con los requisitos de calidad y aseguró que el imputado afirmaba eso sin que los equipos existieran porque aún estaban en Ultramar.
Solo tengo mi nombre. Al defenderse ante el juez, Sánchez negó que haya hecho cubicaciones y explicó que su firma solo estaba en los certificados de mediciones. También dijo que nunca cometió ninguna falta.
“En Santo Domingo no hay una persona que me pueda señalar”, declaró al juez el imputado.
El acusado inquirió al MP sobre la riquezas que le alega, pero antes de eso había rogado a Dios que no le entregue a la voluntad de sus enemigos “porque se han levantado contra mí”.
Asimismo, dijo que “lo único que tengo es mi nombre y la fiscalía me ha embarrado”. También recalcó que cumplirá 75 años y que ha sufrido dos infartos.
La barra defensora de Alejandro pidió libertad pura y simple para su defendido, entre otros argumentos, porque el MP no evidencia contra su representante ningún hecho punible, porque la ley no establece prisión preventiva para mayores de 60 años y por la salud de su defendido.
Sin embargo, Berenice pidió al juez que rechace la solicitud de libertad pura y simple estableciendo, entre otros argumentos, que el Centro Correccional puede atender un acusado con las condiciones de salud de Sánchez.
En ese aspecto, la fiscal le dijo al imputado “usted tenía salud para contribuir al robo del Estado, entonces tenga salud para responder por el crimen”.
Julián Esteban Suriel Suazo. El MP también pidió prisión preventiva contra el imputado Suriel, tras afirmar que prestó su nombre para servir de testaferro a Medina y a la presunta red de corrupción que aprovechó su conexión con el poder político para estafar a los contribuyentes mediante la sustracción de fondos del Estado.
La fiscal Yoneivy González dijo que aunque el mayor salario que recibía Suriel era de 18,000 pesos, este exhibe cantidad de bienes que incluyen nueve apartamentos y acciones en varias empresas de la red que, según el MP, tiene Medina.
González aseguró que durante el allanamiento a Suriel se le ocupó una caja con 136 proyectiles para fusiles, un fusil calibre 5.56 milímetros, una pistola Glock, una pistola Sig Sauer, tres cajas de seguridad, tres almas ilegales, además de 917,600 dólares y 8.5 millones de pesos.
No obstante, en su defensa el acusado dijo que las armas ocupadas eran del oficial Braulio Caraballo, asignado a su seguridad personal cuando se desempeñó como director operativo de la campaña presidencial de Gonzalo Castillo, mientras el político realizaba proselitismo como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Según la fiscal, el imputado era parte de la empresa Fuel American, beneficiada con 220.7 millones por contratos con la Policía Nacional, que tiene como socios fundadores a Juan Alexis Medina Sánchez, César Ezequiel Féliz Cordero y José Dolores Santana Carmona.
Destaca que la magistrada quiso que Suriel respondiera algunas preguntas, pero su defensa técnica se opuso.
