La revuelta chilena vivirá hoy un día crucial. La violencia desatada la noche del martes supuso un punto de inflexión en la crisis: el presidente Sebastián Piñera se quedó solo en la intención de volver a sacar a la calle a los militares y claudicó, aceptando una nueva Constitución. Sin embargo, el anuncio no frenó las manifestaciones, que no cesarán mientras no se vean cambios concretos. La oposición de centroizquierda presiona al Gobierno derechista para que las reformas legislativas se tomen con urgencia en el Parlamento esta misma semana. Hoy se conmemora en la región de la Araucanía la muerte hace un año del joven mapuche Camilo Catrillanca a manos de la policía, y se teme que la protesta se extienda.

 

 

La policía describió la jornada del martes, en medio de una huelga general, como una de las más violentas desde el inicio de la revuelta hace casi un mes. Hubo 849 detenidos y 46 heridos en distintas ciudades, con saqueos, incendios y enfrentamientos con antidisturbios. No obstante, fueron las imágenes en directo de lo que ocurría en el centro de Santiago, con la quema de la iglesia de la Veracruz o la embajada argentina, lo que precipitó el inusual regreso nocturno de Piñera a un palacio de La Moneda blindado.

El mandatario había citado al ministro de Defensa, y todo el país esperaba que Piñera volviera a decretar el estado de emergencia y el toque de queda que, al inicio de la crisis, sólo sirvieron para echar gasolina al fuego. Finalmente, en una reunión con sus ministros y asesores más cercanos, los halcones fueron derrotados y el presidente cedió también a la presión de los moderados del Gobierno. Piñera era partidario de reformar la actual Carta Magna, redactada por la dictadura de Pinochet, para tratar de hacer cambios sin cambiar demasiado. Pero se impuso la presión ciudadana, empujada por un acuerdo con ultimátum de 24 horas que los partidos opositores habían dado el mismo martes para la convocatoria de una Asamblea Constituyente.