SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitará prisión como medida de coerción a los implicados en la red de militares de los casos Coral y Coral 5G que movieron más de 4,500 millones de pesos en propiedades y productos financieros y que se declare la complejidad del caso.

El Ministerio Público determinó que la red de militares de lo que ha denominado entramado de corrupción administrativa, desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G, manejaron la referida cantidad de dinero para su beneficio.

La solicitud de medida de coerción será depositada hoy ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional ante del plazo de las 48 horas, contando del momento que fue apresado el primero de los implicados en la operación Coral 5G, que fue a las 10:0 de la noche del miércoles.

Esta operación es la segunda parte del caso “Coral”, que encabeza Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) del expresidente Danilo Medina, que junto a otros ha sido sometido a 18 meses de prisión preventiva.

Nombres y apellidos
Los arrestados como parte de la operación 5G son el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

También fueron detenidos en la Operación Coral 5G el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo. Además, Erasmo Roger Pérez Núñez, el cabo Johanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

El grupo se encontraba anoche detenido en la cárcel ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Las investigaciones las encabezan la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, y el titular del Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) Wilson Camacho, que aseguran que el Ministerio Público posee suficientes evidencias para sustentar las imputaciones en su contra.

Como parte de las investigaciones fueron realizados 49 allanamientos de manera simultánea en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.

Torres Robiu
El general Torres Robiou, quien fuera director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), es mencionado en el expediente de la Operación Coral con el alquiler de un inmueble a uno de los implicados en la “Operación Coral”.

Se trata del alquiler de un inmueble ubicado en El Portillo, en la playa Las Terrenas, en Samaná, por la que el general paga la suma mensual de 3,000 dólares.

De acuerdo al órgano acusador, el que denomina entramado criminal de corrupción desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.

Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.

En el documento, el Ministerio Público señala que el mayor general Cáceres utilizaba el Cestur para estafar al Estado con el supuesto nombramiento de militares y policías con sueldos abultados, de los que luego debían retribuirle al entramado entre el 70 y 80 por ciento del dinero cobrado.

Diligencias

—1— Interrogatorios
Los militares fueron interrogados por el Ministerio Público por más de 6 horas.
—2— Intervenidos
Varios inmuebles propiedad de los militares fueron allanadas por las autoridades.
—3— Retenidos
En el operativo fueron ocupados decenas de documentos que utilizarán como pruebas.

Unos 125 bienes ocupan a militares
Inmuebles. Alrededor de 125 propiedades fueron ocupadas a los oficiales de cuerpos castrenses, que incluye a generales, que integran el denominado entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral 5G.

Según el Ministerio Público algunos de los referidos inmuebles son de propiedad de los militares implicados en el caso Coral.

Los implicados en el caso Coral 5G se encuentran detenidos en la cárcel ubicada en la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta tanto se les conozca coerción. El Ministerio Público ha establecido en el transcurso de la investigación que se realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes mediante estafa al Estado.