El Ministerio Público volvió este jueves a realizar allanamientos dentro de las labores que realiza en el “Operativo Antipulpo” que hasta el momento ha dejado 10 exfuncionarios apresados bajo acusación de corrupción administrativa. Su acción fue defendida vehemente al punto de proclamar que no tendrá límites en sus acciones, excepto el respeto a los derechos humanos.
Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la corrupción Administrativa (Pepca), advirtió, a través de un comunicado de prensa, que las acciones que ejecutan “para llevar a la justicia a los responsables de estos actos de corrupción solo tendrán como límite” un derecho.
“Tal como lo venido ha planteando la procuradora general, Miriam Germán Brito, la garantía de los derechos fundamentales de las personas investigadas”, dijo.
El funcionario judicial agregó, en el documento, que “el único límite será la tutela efectiva de los derechos de las personas arrestas e imputadas. Además, indicó que “alcanzará a todo el que tenga relación” con los casos de malversación de fondos públicos que están bajo investigación.
Este jueves, se realizaron allanamientos en el apartamento de Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISE), ubicado en la torre Alco Paradiso, y del exembajador dominicano en La Habana, Cuba, Víctor Guillermo Librán Báez, en su apartamento ubicado en Wind Towers Serralles, en la calle Fernando Escobar del sector Serrallés. La vivienda estaba deshabitada y fue necesario romper el llavín para los agentes penetrar.
De ambos inmuebles, ubicados en el Distrito Nacional, los agentes se llevaron documentos y otros objetos.
En torno a la jornada de este jueves dijo que “intensificó” los allanamientos a residencias y empresas, así como apresamientos de exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros relacionados con la “Operación Antipulpo”.
Expresó que esas personas formaban parte de un entramado de corrupción administrativa que se valía de sus vínculos con el poder político para enriquecerse a costa de los contribuyentes.
“Los operativos, algunos de los cuales se iniciaron en horas de la tarde en el Distrito Nacional, forman parte de las múltiples acciones que desarrolla el cuerpo investigativo del órgano acusador, compuesto por unos 50 fiscales y técnicos, para establecer los alcances de los delitos cometidos contra el Estado en este caso”, detalló en una nota de prensa.
Desde el fin de semana pasado, la Pepca con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional.
