El movimiento cívico Participación Ciudadana, demandó que todos los funcionarios públicos que se han integrado a la precampaña electoral del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, tomen licencia o renuncien de sus funciones.
La entidad, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, recordó que la Ley 41-08 de Función Pública es muy clara en su artículo 80, al prohibir a los funcionarios públicos “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.
En ese sentido, la entidad a través de un comunicado, rechazó la designación de más de 15 ministros como coordinadores y miembros de su equipo político con tareas territoriales entre ellos: Francisco Javier García, de Turismo; José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia; Ángel Estévez, de Medio Ambiente; Monchy Fadul, de Interior y Policía; Ramón Ventura Camejo, de Administración Pública; Antonio Peña Mirabal, de Educación; Osmar Benítez, de Agricultura; Donald Guerrero, de Hacienda; Rafael Sánchez Cárdenas, de Salud Pública; Eduardo Selman, de Cultura y Juan Ariel Jiménez, de Economía.
Asimismo la designación en tareas de la precampaña de posiciones fundamentales del Estado, tales como: el administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo; el director del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster; el director de Impuestos Internos, Magín Díaz; de Aduanas, Enrique Ramírez; el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción; el director de Presupuesto, Luis Reyes; el Superintendente de Valores, Gabriel Castro; de la EGEHID, Demetrio Lluberes; de Recursos Hidráulicos, Olgo Fernández; del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Iris Guaba.
“A través de nuestro programa de Observación Electoral hemos podido contactar que el uso de los recursos del Estado en beneficio de Castillo ha llegado a niveles intolerables al involucrar a los titulares de los principales ministerios, organismos descentralizados y direcciones generales con tareas electorales territoriales que implican una clara violación a la Ley de Función Pública y a las nuevas leyes electorales, lo que obliga a la JCE a tomar medidas drásticas para restablecer la equidad y el respeto a las leyes violentadas con el uso de recursos públicos”, señala el comunicado.
Dice recursos serán usados con desparpajo
Participación Ciudadana afirmó que “esos funcionarios son parte de los recursos que dispone el Estado y que ahora serán utilizados para fines partidarios con absoluto desparpajo, en la cara de toda la ciudadanía, sin el menor respeto por las leyes y las reglas que norman la función pública y las actividades electorales”, Advierte que si la Junta Central Electoral no interviene no habrá forma de poner ningún tipo de límite.
