El caos político imperante en Haití se intensificó el jueves cuando dos primeros ministros reclamaron el derecho a gobernar el país, iniciando una estrambótica lucha de poder para determinar quién tiene la autoridad legal para gobernar después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse sucedido el miércoles en su casa.
El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, dice que ha tomado el mando de la policía y el ejército y declaró un “estado de sitio” que esencialmente pone al país bajo la ley marcial. Pero los expertos constitucionales cuestionaron su derecho a imponerlo, y su reclamo del poder fue rápidamente desafiado por un rival.
Dos días antes de su muerte, Moïse había nombrado a un nuevo primer ministro, Ariel Henry, un neurocirujano que asumiría el cargo esta semana, y le dijo a un periódico local que era el primer ministro legítimo.
Las reivindicaciones rivales crearon una crisis política volátil que ha causado confusión entre los expertos constitucionales y preocupa a los diplomáticos ante un posible colapso social generalizado que podría desencadenar la violencia o llevar a los haitianos a huir en masa del país, como lo han hecho después de desastres naturales, golpes de Estado y otros períodos de profunda inestabilidad.
“Nadie comprende” lo que está sucediendo en este momento, dijo Lilas Desquiron, una escritora haitiana que fue ministra de Cultura de 2001 a 2004, sobre la situación que ha dejado a los 11 millones de habitantes del país en una “posición de espera y de impotencia”.
Alarmados ante la posibilidad de que Haití pueda estar llegando a un punto de quiebre similar al que sucedió luego del golpe de Estado en 1991, cuando se produjo un aumento de refugiados haitianos que huyeron en barcos hacia Florida, los funcionarios estadounidenses rápidamente se pusieron del lado del primer ministro interino, Joseph, a pesar de que se suponía que sería remplazado esta semana.
En un encuentro con los periodistas celebrado el jueves, Ned Price, un portavoz del Departamento de Estado, dijo que Joseph era “el titular” en el momento del asesinato y que “como tal”, Estados Unidos continuaría trabajando con él. Pero agregó que el gobierno estadounidense también había “estado en contacto con” Henry, instando a todos los funcionarios haitianos a trabajar juntos “para abstenerse de la violencia”.
El principal funcionario de las Naciones Unidas en Haití también respaldó el reclamo de Joseph como primer ministro legítimo.
La lucha política se desarrollaba mientras las fuerzas de seguridad haitianas buscaban a más atacantes involucrados en el magnicidio del presidente. El jueves, el jefe de policía de Haití, Leon Charles, dijo que las autoridades habían arrestado a 17 sospechosos hasta el momento, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses, y que tres extranjeros habían sido asesinados, lo que se suma a las afirmaciones haitianas de que personas “extranjeras” estuvieron involucradas.
Poco se sabía sobre ellos, pero las autoridades identificaron a los estadounidenses como James Solages, de 35 años, y Joseph Vincent, de 55, residentes del sur de Florida de ascendencia haitiana. Otros 15 sospechosos fueron descritos como “colombianos”.
Muchos civiles indignados se unieron a la búsqueda de los asesinos y capturaron a algunos sospechosos, además incendiaron los vehículos que se cree que fueron utilizados en el ataque e hicieron llamados para tomar la justicia por sus propias manos . “Quémenlos”, gritó una persona frente a una estación de policía.
Haití ya estaba en crisis por el tema de quién debería gobernar el país. Durante meses, manifestantes enojados habían acusado al presidente Moïse de quedarse más tiempo en el poder lo que marcaba un giro hacia la autocracia.
Ahora, con su asesinato, la cuestión del liderazgo se ha vuelto más turbia, especialmente porque las instituciones democráticas de la nación se han debilitado severamente, dejando pocos árbitros legítimos en el país para supervisar una transferencia legal del poder.
Aunque muchos otros países, incluido Estados Unidos, se han visto afectados por los reclamos de candidatos rivales sobre la presidencia, generalmente tienen jueces, legisladores y estructuras democráticas para ayudar a resolver esas disputas.
Pero Haití es hoy una democracia parlamentaria que prácticamente no tiene parlamento. Actualmente solo hay 10 senadores en funciones de un total de 30 porque los términos de los otros 20 han expirado. La cámara baja está completamente vacía porque los periodos de los representantes terminaron el año pasado, lo que hizo que Moise gobernara por decreto durante aproximadamente un año.
Además, el poder judicial ha sido prácticamente inexistente durante el año pasado, con repetidas huelgas de jueces que protestaban por la agitación política y la violencia desenfrenada que a menudo les impidió trabajar. Y el presidente del tribunal más importante de la nación murió de COVID-19 en junio, privando al país de otro medio más para determinar quién debería gobernar.
“Lo que sucedió en Haití no tiene precedentes”, dijo Andy Levin, representante por Michigan, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y copresidente del Caucus sobre Haití. “Es una situación en la que no hay una administración gubernamental que se considere legítima”.
Según las leyes haitianas, los primeros ministros son nombrados por el presidente y deben ser aprobados por el parlamento, dijo Jacky Lumarque, rector de la Universidad de Quisqueya, una universidad privada de Puerto Príncipe. Pero como el parlamento no ha estado funcionando, la legitimidad política de los primeros ministros es inexistente, argumentó.
“La dificultad es que ninguno de ellos es legítimo”, dijo Lumarque.
Para empeorar las cosas, parece que Haití tiene dos Constituciones y ambos documentos dicen cosas distintas sobre los procedimientos que se deben implementar si un presidente muere en el cargo.
La versión de 1987 considera que si la presidencia queda vacante por cualquier motivo, el juez de mayor rango del país debería intervenir.
Pero en 2012, se aprobó una enmienda de la Constitución que establece que el presidente debe ser remplazado por un consejo de ministros, bajo la dirección del primer ministro. A menos que, como es el caso de Moïse, el mandatario estuviera en el cuarto año de su mandato. En esa situación, el Parlamento debe votar por un presidente provisional. Por supuesto que, para poder iniciar ese proceso, es necesario que exista una cámara legislativa.
“Las cosas no están claras”, dijo Georges Michel, un historiador haitiano que ayudó a redactar la Constitución de 1987. “Es una situación muy grave”.
La principal preocupación en este momento, según los funcionarios estadounidenses, es establecer algún tipo de orden y prevenir los enfrentamientos de facciones armadas por los reclamos de los líderes políticos. Las elecciones para elegir un nuevo presidente son secundarias, dijeron. Existe un temor generalizado ante la posibilidad de que la situación se salga de control rápidamente, especialmente por la violencia de las pandillas, los secuestros, las protestas y la agitación social que se han apoderado del país durante meses.
El secretario de Estado, Antony J. Blinken, habló el miércoles con el primer ministro interino y se ofreció a ayudar al país “para apoyar al pueblo haitiano y la gobernabilidad democrática, la paz y la seguridad”, dijo el Departamento de Estado.
Joseph describió la conversación como si hubiera durado más de 30 minutos y aprovechó la oportunidad para anunciarle al país que contaba con el apoyo de Estados Unidos, sus aliados internacionales más importantes.
El miércoles, Joseph pronunció un discurso en el que se refirió a su legitimidad cimentada, en parte, por la reacción “receptiva” que obtuvo del Core Group, una coalición no oficial de embajadores y funcionarios de Estados Unidos, Naciones Unidas, Canadá, Francia, Alemania, España, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.
Durante mucho tiempo, esa coalición ha desempeñado un papel importante en la configuración de la política haitiana, tanto maniobrando en privado como emitiendo declaraciones públicas para respaldar a los líderes y alentando o criticando algunas políticas específicas. El grupo brindó un apoyo importante para que Moïse asumiera la presidencia en 2017, aunque luego se volvió crítico por el incumplimiento de los principios democráticos de su gobierno.
El presidente de lo que queda del Senado haitiano, Joseph Lambert, también emitió un comunicado de prensa el jueves por la mañana, diciendo que el Senado “tranquiliza a los haitianos y a la comunidad internacional porque todo será gestionado por las instituciones nacionales, las fuerzas políticas y la sociedad civil con el fin de garantizar la continuidad del Estado y el orden republicano”.
Bajo la administración Trump, Estados Unidos prestó poca atención al empeoramiento de los problemas políticos de Haití y, hasta ahora, no había sido un tema importante para el presidente Biden.
Biden es el último de una serie de presidentes estadounidenses modernos que han tenido que enfrentar la confusión y la tragedia de ese país.
El presidente George H. W. Bush tuvo que manejar el aumento de refugiados haitianos después del golpe de 1991 que derrocó al presidente de ese momento, Jean-Bertrand Aristide. Al principio, Bush ordenó que los haitianos permanecieran detenidos en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo y en 1992 ordenó a la Guardia Costera que retornara a cualquier migrante de ese país que fuese interceptado en el mar.
Luego, los refugiados se convirtieron en un tema de campaña, y Bill Clinton denunció a Bush por la “política cruel de devolver a los refugiados haitianos a una dictadura brutal sin una audiencia de asilo”. Pero, al enterarse de que 150.000 haitianos estaban listos para llegar a suelo estadounidense inmediatamente después de su investidura en 1993, Clinton anunció que continuaría con la política de Bush.
En los últimos años, la agitación política en otras regiones de América también ha desencadenado olas de migración masiva. Quizás el ejemplo más notable es Venezuela, donde otro enfrentamiento entre dos líderes que competían por liderar el gobierno tuvo consecuencias devastadoras para el país y para la región en general.
Al acusar al partido gobernante de robar las elecciones, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó como el líder legítimo de la nación, abriendo un limbo diplomático que finalmente empeoró lo que ya era una grave crisis económica.
Decenas de naciones, incluido Estados Unidos, reconocieron a Guaidó como presidente de Venezuela. Pero países como Rusia, China e Irán continuaron respaldando al líder autoritario de la nación, Nicolás Maduro, quien se negó a ceder el poder. Las facciones en duelo al interior de Venezuela crearon parlamentos, tribunales supremos y bancos centrales en competencia, incluso juntas paralelas de la compañía petrolera estatal.
A pesar de que las amplias sanciones estadounidenses le robaron al gobierno venezolano su fuente de ingresos más importante, el petróleo, la administración Trump no pudo lograr que Maduro dejara el poder. Pero, a medida que su nación colapsaba, millones de venezolanos huyeron hacia diversos países de la región en busca de trabajo, comida y con el fin de escapar del caos.
Ryan C. Berg, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, dijo que si bien las tribulaciones de Haití eran “bastante únicas”, también representaban un nuevo ejemplo de los desafíos para las democracias occidentales en general.
