Santo Domingo (República Dominicana).- Um miembro del Consejo del Poder Judicial acusó al presidente de la Suprema Corte de Justicia(SCJ), Luis Henry Molina, de prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder y desfalco en perjuicio del poder judicial.
Leonardo Recio Tineo, respaldado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Molina por lo que considera constituyen numerosos actos de corrupción.CONTENIDO PATROCINADO
La acusación establece además que el titular de la SCJ privilegió a personas relacionadas del Ministerio de la Presidencia y del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, institución que presidió en el pasado gobierno.
Además, Recio Tineo acusa a Molina de destruir todos los mecanismos de fiscalización de recursos públicos existentes, para beneficiar a sus allegados, destruir el sistema de auditoría interna y de haber contratado personas con salarios superiores a los que devengan los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
La instancia elevada ante la PGR responsabiliza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de violar la Ley de Carrera Judicial con el despido y desvinculación masivos de servidores judiciales para incluir allegados con salarios exorbitantes.
El denunciante solicitó a la procuraduría iniciar las investigaciones pertinentes a los fines de confirmar la ocurrencia de graves irregularidades que envuelven cuantiosas sumas de dinero.
Según la instancia, de manera extraña Molina realizó licitaciones y contrataciones con nuevas empresas, dejando de lado a otras que por años ofertaron servicios al poder judicial.
Dentro de las imputaciones al presidente de la Suprema está desviar y transferir, de manera irregular, los fondos de pensiones de servidores judiciales y manejar cientos de millones de pesos al margen de la Constitución y el reglamento de control interno aprobado por el Consejo del Poder Judicial.
Recio Tineo piden a la Procuraduría General de la República determinar las responsabilidades del presidente de la Suprema y de aquellos funcionarios del poder judicial y de la jurisdicción inmobiliaria que han incurrido en manejo fraudulento de los recursos del Sistema del Poder Judicial.
FUENTE: EL CARIBE
