Los mexicanos viajamos sin cinturón de seguridad en una vagoneta conducida por una persona embriagada de poder que pisa imprudentemente el acelerador en medio de la tormenta. Pienso que hoy no existe mexicano que no haya sentido alguna vez el vértigo o el desasosiego de estar abordo en este periplo sin final feliz.
La oferta de transformación, justicia y paz hecha por el supuesto hombre de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante los más de doce años que buscó ser presidente de México se precipitan por el acantilado, como está a punto de ocurrir con el frágil vehículo que está conduciendo: nuestro país.
Esto es inaceptable. Esta palabra contundente, clara, aplastante, fue pronunciada el 6 de marzo por la vocera de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre, en Washington DC, al referirse al secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses ocurrido el viernes 3 de marzo en Matamoros, en el caótico estado de Tamaulipas, ahora gobernado por Américo Villarreal, miembro de la elite del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Se trata del mismo estado caótico, ahora morenista, en donde el Ejército Mexicano atacó y ejecutó a cinco personas, uno de ellos también ciudadano de Estados Unidos, el pasado 26 de febrero, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. En un principio, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dijo que los militares dispararon al vehículo en que viajaban las personas luego de que éste se estrellara y hubiera una detonación, mientras que las autoridades morenistas del Gobierno local guardaron silencio, y la Fiscalía General del Estado no acudió a hacer las labores periciales y forenses.
La historia contada por la SEDENA en realidad nunca existió. Otra mentira para encubrir los abusos del Ejército como ocurrió con el ataque contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014 en Iguala, Guerrero, y cuyo proceso contra altos mandos militares sigue obstruido por la SEDENA pese a las pruebas que hay sobre la responsabilidad a alto nivel.
Gracias a un sobreviviente y a vecinos, se supo que el vehículo atacado el 26 de febrero tenía impactos de bala en el parabrisas, es decir, fue a consecuencia de los disparos que el vehículo se impactó. Y aunque dos de los tripulantes habían sobrevivido, ya abajo del auto, sometidos, los militares les dieron el tiro de gracia. Los pasajeros no iban armados y no habían agredido de ninguna forma a los uniformados.
No satisfechos con la masacre, cuando los vecinos protestaron por los hechos, el pelotón uniformado y en vehículos oficiales los agredió e incluso uno de los elementos disparó hacia el aire y hacia el suelo como narco, para atemorizar y silenciar a la población. No pudieron, porque los ciudadanos pacíficamente se resistieron al abuso de poder, grabaron los hechos y denunciaron.
En la 4T también “matan en caliente”
Repetitivamente, en esta embriaguez autoritaria que caracteriza a AMLO, éste ha dicho en diversos momentos desde el inicio de su Gobierno que, por decreto, por que él lo dice y lo ordena, se acabó la estrategia de seguridad “mátalos en caliente” que tenía el Gobierno de Felipe Calderón. Lo dijo en 2019 en su informe de primer año de gobierno, en el Zócalo de la Ciudad de México. Lo dijo en 2020, en su segundo informe: “Se acabó el ‘remátalos’ el ‘mátalos en caliente'”. Y lo ha repetido innumerables veces, sobre todo cuando estaba promoviendo la militarización de la Guardia Nacional el año pasado.
Lo ocurrido en Nuevo Laredo es una prueba irrefutable de que en el Gobierno de la Cuarta Transformación, al igual que en el pasado, sí “mata en caliente” a los ciudadanos.
En varias ocasiones, en este mismo espacio, en 2022, me pronuncié en contra del militarismo del país, agudizado por el presidente López Obrador. En campaña electoral, había prometido desmilitarizar la nación pero, por el contrario, ha emprendido una militarización total. Ha empoderado al Ejército como ningún otro presidente en los últimos cincuenta años. No solo les dio, violando la Constitución, el monopolio de la fuerza pública federal, dejando en sus manos la Guardia Nacional, antes una policía civil y ahora cien por ciento militar. Sino que además les otorgó la construcción de las principales obras públicas del sexenio: Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y más de 2.700 establecimientos del llamado Banco del Bienestar. Además, les ha dejado la responsabilidad de puertos, aduanas y a la Secretaría de Marina el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
AMLO y su partido defendieron con falacias la militarización. Aseguraron que, en el Ejército, ya no había abusos y eran la única garantía para la paz y el orden. Esto, pese a que las quejas contra las fuerzas armadas por violaciones a derechos humanos se habían multiplicado en los primeros años de gobierno de López Obrador, según las propias cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Anabel Hernánez, periodista mexicana y autora de esta columna
A la par de los abusos del Ejército, la cifra de desaparecidos ha llegado a siniestros niveles récord. También inaceptables. Cuando terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2018, la cifra era de 35 mil víctimas. Al 7 de marzo de 2023, según las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, el número asciende a 112 mil personas desaparecidas. Es decir, tres veces más. ¿Alguien necesita alguna otra prueba sobre el desastre?
Solo alguien absolutamente briago de poder y enajenado puede pensar en lograr resultados diferentes utilizando las mismas estrategias fallidas que sus antecesores y a los mismos operadores ineptos y/o corruptos. El caso del uso del Ejército es solo uno de tantos ejemplos en este Gobierno.
En Tamaulipas, promesas y millones
Pero esta reflexión también aplica al reciclaje de personajes que pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Verde Ecologista, y muchos otros que, sin romper claramente sus nexos con el pasado corrupto, fueron adoptados por MORENA para convertirlos en nuevos gobernadores, ahora de la llamada Cuarta Transformación, pero con los mismos vicios y fracasos de siempre. Al vuelo, solo por citar uno, ahí está Américo Villarreal, ahora gobernador de Tamaulipas, cuyo padre también fue gobernador por el PRI en el pasado y protector del Cartel del Golfo, el mismo a quien se atribuye el secuestro de los cuatro ciudadanos americanos.
Se vendió a los ciudadanos de Tamaulipas que, solo por ser candidato de AMLO, Américo estaba purificado e iba a resolver las cosas. En los meses que lleva de gobierno, se comenzó a aplicar el “Plan de apoyo a Tamaulipas”, anunciado como si fuera varita mágica en Palacio Nacional en octubre pasado. Se prometió el envío de millones y millones de pesos en apoyos sociales directos -es decir, dádivas económicas del Gobierno a la población-, la modernización de aduanas, pasos fronterizos, y llegaron más militares para hacerse cargo de la seguridad. No ha funcionado, ni va a funcionar, porque para rehacer un Estado fallido como Tamaulipas se requieren personas, herramientas y estrategias nuevas, no la misma gata revolcada, como se dice coloquialmente.
En el caso de la masacre en Nuevo Laredo y el secuestro del 3 de marzo, el ingrediente que puede llevar a un resultado diverso al caso de los 43 de Ayotzinapa y de las decenas de miles de desaparecidos y secuestrados, es que las víctimas son ciudadanos de Estados Unidos. No será fácil recetarles impunidad. SEDENA anunció días después que ordenó la detención provisional de 4 militares de un pelotón de 4 vehículos, es decir, más de 24 elementos, solo por desobediencia, no por homicidio. Y la Fiscalía General de la República dijo que comenzó una investigación.
Si ambos casos no se resuelven, las relaciones bilaterales entre México y el país del norte llegarán a un punto de tensión de niveles incalculables. En el tintero de los legisladores republicanos de ese país, hay latente la propuesta de declarar a los carteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, con todo lo que ello implica.
Inaceptable
La situación de violencia, impunidad y retroceso democrático que vive México es inaceptable. La demostración multitudinaria ocurrida el 26 de febrero en el Zócalo, en defensa de las instituciones electorales independientes, ante el golpe a la libertad electoral dado por AMLO, demuestra que hay pasajeros que no están dormidos. Abordo ya en el peligroso viaje, se han puesto el cinturón de seguridad y exigen que el conductor adquiera la sobriedad indispensable.
AMLO cree que puede seguir apretando el acelerador embriagado de autoritarismo para que su partido MORENA se perpetue en el poder. Con una mano al volante está ya con dos llantas en el precipicio, mientras con la otra hace maniobras de prestidigitador para atolondrar a los pasajeros del vehículo que aún le conceden una alta popularidad.
No lo ve, este viaje no podrá durar por siempre. Si una lección deja que el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna haya sido condenado por narcotráfico y corrupción en la Corte de Distrito Este de Nueva York, diez años después de haber dejado el poder, es que la gasolina del tanque de la impunidad no es infinita. Llega un punto en que se acaba.
No vaya siendo que la próxima cabeza que caiga por la guillotina de la justicia en Estados Unidos sea una de la 4T. Ahí está la advertencia del ex fiscal general William Barr, quien afirmara que AMLO es un “facilitador en jefe de los carteles de la droga”. Algo le ha de constar. Irónicamente, es el mismo que siendo fiscal, en 2020, retiró los cargos contra el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, acusado también de narcotráfico y corrupción, y lo regresó a México con la promesa de AMLO de que sería juzgado. En cambio, en pocas semanas, sin una investigación real de por medio, fue exonerado por AMLO y por la FGR, igual que Calderón exoneró siempre a García Luna.
