México estrecha el cerco sobre el caso Odebrecht. Las autoridades han ordenado este martes el arresto del exdirector de Pemex Emilio Lozoya y el empresario Alonso Ancira por sus supuestos vínculos con la constructora brasileña, según han confirmado fuentes de la judicatura. Las detenciones llegan un día después de que se congelaran de forma cautelar las cuentas de Lozoya y de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa propiedad de Ancira. La mayor siderúrgica del país estaría detrás de los sobornos millonarios pagados a políticos mexicanos como el exdirector de Pemex. Estas medidas suponen los primeros intentos serios por parte de las autoridades del país para investigar la pata mexicana del mayor entramado de corrupción de la historia de Latinoamérica.

La pieza clave del triángulo formado por AHMSA, Odebrecht y Pemex fue la compra por parte de la petrolera estatal en 2014 de una empresa de fertilizantes propiedad de la siderúrgica. El costo de la adquisición, cerca de 500 millones de dólares, fue criticada por los especialistas al tratarse de una planta que llevaba 14 años sin operar y cuyos equipos tenían una antigüedad de 30 años. “Fue vendida a un sobreprecio que está catalogado como un tema de corrupción”, ha asegurado este martes Santiago Nieto. Un mes después de esta adquisición, AHMSA hizo una transferencia de casi cuatro millones de dólares a Grangemouth Trading Company, una empresa offshore con sede en la ciudad escocesa de Edinburgo y que servía de instrumento para canalizar los sobornos de Odebrecht a la élite política latinoamericana, según confesaron tres altos ejecutivos de la constructora ante la Justicia en Brasil.

Parte de estos sobornos millonarios fueron a parar a una segunda empresa pantalla y, de allí, a las cuentas de Emilio Lozoya, director de la petrolera estatal durante los primeros cuatro años del Gobierno de Enrique Peña Nieto, según las confesiones de varios directivos de Odebrecht que el investigador Ignacio Rodríguez reveló en un reportaje publicado en Quinto Elemento Lab en abril de 2018. En total, la constructora habría distribuido 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios mexicanos.