Marcha Verde exige incluir en el caso Odebebrecht a todos los responsables

En su primera actividad del conteo regresivo hacia el inicio del juicio de este caso, el colectivo aseguró en un comunicado que a la Procuraduría General dominicana “le falta realizar una investigación técnica rigurosa sobre las posibilidades de sobrevaluación en los 22 contratos concedidos a Odebrecht entre el 2002 y 2016”.

También consideró que hay que investigar las declaraciones sobre el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y a los dirigentes políticos, legisladores y exlegisladores que estuvieron al frente de la negociación y promoción de los contratos desde el Congreso y otros escenarios.

“En el caso falta gente, mucha gente. Hasta ahora el procurador Jean Alain Rodríguez se ha limitado a distraer a la ciudadanía y evadir sus responsabilidades para favorecer los intereses de su partido y del Gobierno”, según el comunicado “Marcha Verde”.

De manera específica, Marcha Verde consideró que el Ministerio Público debe investigar al actual vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, por la gestión y promoción del contrato de Punta Catalina; al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, por la gestión de varios contratos multimillonarios;  a la expresidenta y al actual presidente del Senado, Cristina Lizardo y Reinaldo Pared Pérez, respectivamente, por la gestión legislativa de varios contratos en la cámara alta; así como al expresidente y la expresidenta de la Cámara de Diputados, Abel Martínez y Lucía Medina, para que expliquen el movimiento y la aprobación de los proyectos de la constructora en la cámara baja durante sus respectivas gestiones.

El colectivo entiende que también debe ser investigada la declaración mediante la cual Temístoles Montás reconoció que recibió dinero de Odebrecht para financiar las campañas electorales de Leonel Fernández y Danilo Medina en la región Sur del país.

De igual forma el movimiento plantea una investigación responsable que determine si hubo algún tipo de relación irregular entre los intereses de la constructora y el Ministerio de Hacienda durante las gestiones de Simón Lizardo y Vicente Bengoa.

“Todo legislador, funcionario o exfuncionario público tiene el deber de rendir cuentas a la sociedad por su despeño en el manejo de los recursos comunes del pueblo dominicano. En esta ocasión estamos hablando de recursos multimillonarios que deben ser fiscalizados de manera rigurosa y sin ningún tipo de parcialidad o exclusión”, concluye.

“Por eso los ciudadanos y ciudadanas a los que nos duele nuestro país, nuestros impuestos y el futuro de nuestros hijos no podemos estar tranquilos hasta que todos los responsables sean investigados y sometidos a la Justicia”, añadió.

Por el caso Odebrecht, en el país fueron imputadas 14 personas, entre ellas el destituido ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, un reconocido dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista.

Asimismo, el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.

El grupo está acusado de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero todos se encuentran en libertad condicional.

El pasado 9 de febrero, el juez Francisco Ortega Polanco, de la Suprema Corte de Justicia extendió por cuatro meses el plazo dado al Ministerio Público para formalizar la imputación de cargos contra los acusados.

El magistrado acogió de esta manera el pedido de la Procuraduría General de la República con el propósito de completar las investigaciones, en las que están implicados legisladores, empresarios y exfuncionarios. EFE