Mañana, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) dará lectura a la acusación formulada contra los siete imputados por los sobornos pagados por la Constructora Norberto Odebrecht para ser beneficiaria de obras del Estado.
De acuerdo con el calendario hecho por el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, los fiscales tendrán cinco días para decir de qué y por qué acusan al empresario Ángel Rondón Rijo, así como al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, los expresidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús –Chú– Vásquez Martínez, el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, al senador Tommy Galán Grullón y al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Juan Roberto Rodríguez.
La acusación depositada por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, hace referencia a presuntas transferencias de dinero y ocultamiento de patrimonio por parte de los implicados.
De acuerdo con el expediente, Díaz Rúa sería el exfuncionario público que más vínculos tuvo con la multinacional brasilera. La fiscalía hace referencias a presuntos pagos directos hechos por Odebrecht a empresas del exministro de Obras públicas y exdirector del INAPA así como un viaje a Antigua y Barbuda pagado por la constructora.
El procurador afirma en la solicitud de auto de apertura a juicio que de las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa, propiedad de Ángel Rondón, se transfirieron, en favor de Víctor Díaz, más de 856 mil dólares entre los años 2011 y 2013.
Explica, además, que Odebrecht, junto a Días Rúa y el abogado Conrado Enríquez Pittaluga Arzeno, agotaron todos los artificios legales para que le fuera cedida a la multinacional el contrato para la Autopista del Coral, y que luego de adquirirlo el exministro de Obras públicas les exigió la firma de un contrato de representación legal por 1.25% del valor del proyecto.
Jesús Vásquez Martínez, quien había sido interrogado por el Ministerio Público, pero no procesado en la fase investigativa, también es acusado de soborno. Según evidencias presentadas por la Procuraduría él, su esposa y un hijo suyo, recibieron de una de las empresas de Ángel Rondón pagos por dos millones de pesos.
La Procuraduría afirma que el senador Tommy Galán Grullón ocultó RD$63,000,000 en inmuebles y que Roberto Rodríguez recibió un millón de pesos a través de una cuñada. Dice que el patrimonio inmobiliario de Andrés Bautista aumentó en un 668%.
