Los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron condenados el pasado diciembre a 18 años de cárcel por intentar introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos.
Ambos apelaron la sentencia y el pasado abril pidieron al juez que hiciese públicos los documentos del caso relativos a un narcotraficante que ejerció como testigo en su juicio.
El magistrado, Paul Crotty, denegó hoy la petición al considerar que hacerlo les expondría a riesgos aún mayores de los que ya asumieron al comparecer durante el proceso.
El narcotraficante, conocido como José Santos Peña, fue el testigo principal de la fiscalía y, durante el juicio, la defensa de los familiares de Maduro trató que su testimonio fuese descartado.
Entre otras cosas, la defensa probó que Santos Peña había mentido a las autoridades estadounidenses y que se dedicaba al narcotráfico mientras trabajaba como informante para ellas, por lo que fue encarcelado.
Junto a él, estaba involucrado un hijo suyo, que también testificó durante el juicio.
Crotty, en la orden dictada hoy, defendió su negativa a hacer públicos los documentos relativos a los testigos dado que se enfrentan a “un peligro muy real” de ser víctima de represalias.