Armando Talamantes es periodista mexicano y editor en la organización de periodismo investigativo Quinto Elemento Lab.
Cuando en 2016 la empresa constructora brasileña Odebrecht aceptó ante la justicia que había creado una red de sobornos global, obtuvo como penitencia pagar una multa de 2,600 millones de dólares y resarcir el daño causado en los países donde había repartido los pagos ilegales. Lo que no sabíamos entonces es que la compañía ocultaba el verdadero monto del dinero que había entregado en casi toda América Latina.
Una investigación publicada esta semana por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por medios de nueve países latinoamericanos, encontró que, en todos los casos, las confesiones de Odebrecht fueron verdades a medias: los montos de dinero ilegal duplicaron o triplicaron lo que originalmente la empresa admitió en cada uno de los países.
En Venezuela confesaron que habían dado 98 millones de dólares en pagos ilegales, pero fueron 142 millones; en Perú admitieron 29 millones, pero el monto real ya supera los 69 millones; en Panamá reconocieron 59 millones, pero son al menos 130 millones. Lo mismo ocurrió en Argentina, Colombia, México y Ecuador.
A seis años de distancia, todavía hay muchas cuentas pendientes entre Odebrecht y los países donde cometió los delitos. Algunos como Panamá, Perú y Colombia han logrado recuperar algo del dinero defraudado, pero otros como Argentina, Venezuela, México y Ecuador no han recuperado ni un dólar.
La mayor red de corrupción político-empresarial que se haya conocido en el continente quedó expuesta en 2014, cuando las autoridades brasileñas desnudaron las operaciones de lavado de dinero y sobornos que un cartel de empresas había montado en contubernio con ejecutivos de la petrolera brasileña Petrobras. La Operación Lava Jato descubrió que las firmas se coludieron para inflar contratos y el dinero extra era repartido en sobornos dentro y fuera de Brasil.
Entre todas las compañías involucradas, la que robó los reflectores fue Odebrecht, que en 2016 se vio obligada a confesar ante las autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil que, a través del soborno de funcionarios y el financiamento ilegal de campañas políticas, logró contratos y beneficios por más de 1,400 millones de dólares.
Los lentos sistemas de justicia, las obstrucciones o la negligencia han llevado a que muchos de los indiciados y sospechosos de haber recibido los pagos ilegales no hayan sido sentenciados. Otra vez, en el medallero de la nada aparecen Argentina, México y Venezuela. Ni un solo exfuncionario, político o empresario ha sido castigado.
En los últimos años se han impedido los avances en la procuración de justicia en varios países. El caso de México es paradigmático: las autoridades tardaron más de cinco meses en traducir una entrevista de las autoridades mexicanas con el fundador de la compañía, Marcelo Odebrecht, porque no tenían traductores de portugués a español. También se demoraron nueve meses en traducir un CD ofrecido por Suiza, porque tampoco tenían traductores de italiano y alemán, según el reportaje de Quinto Elemento Lab.
En Ecuador, la justicia busca a cinco prófugos que fueron llamados a juicio, pero cuyo proceso judicial está suspendido hasta que se logre su captura. Recuperar el dinero ha sido una tarea casi imposible, pues la ley no pone un plazo para que las sentencias se ejecuten y el Estado pueda obtener lo poco que los sentenciados puedan devolver, de acuerdo con el artículo del diario El Universo.
En Venezuela no hay juicios ni responsables contra ningún funcionario o político relacionado con el caso Lava Jato, pese a que Odebrecht reconoció que financió campañas de gobernadores y alcaldes tanto oficialistas como de la oposición, según el recuento de Armando.info.
Los únicos dos panameños condenados por la trama de corrupción de Odebrecht son los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, pero sus sentencias se dieron en una corte de Estados Unidos y no en el país centroamericano, reporta La Prensa. Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Berrocal dijeron que fue su padre quien les obligó a cobrar, mover y ocultar el dinero de Odebrecht.
Odebrecht, que ahora adoptó el nombre de Novonor, pasó a la contraofensiva en Argentina: logró que Brasil suspendiera el intercambio de información sensible con la justicia de ese país. También busca que la Corte Suprema de Justicia no admita el poco material que llegó desde Brasil y evalúa demandar al Estado argentino por 50 millones de dólares, de acuerdo con el informe de La Nación.
Uruguay fue utilizado por Odebrecht como una pieza clave para lavar el dinero con el que compraba voluntades por el continente, pero nadie ha sido responsabilizado penalmente, según reporta Sudestada. La justicia ha archivado denuncias y rechazado pedidos de colaboración de otras naciones.
Colombia fue uno de los países que declinó firmar acuerdos de colaboración con Odebrecht para cobijar a los ejecutivos responsables de los sobornos que hablaran con la justicia. Por ello, ha sido complicado que la firma entregue información adicional sobre los ilícitos para poder avanzar en el caso, de acuerdo con CLIP.
En la otra cara de la moneda está Perú, que sí firmó convenios con Odebrecht para obtener información adicional y montó un pequeño equipo de aguerridos fiscales para sacar adelante las investigaciones. Perú es quien ha conseguido recuperar más dinero y ha logrado la mayor cantidad de sentencias, según el reporte de IDL-Reporteros.
Finalmente, en Brasil este año habrá un nuevo capítulo de la trama. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue arrestado en 2017 por orden del entonces juez anticorrupción Sergio Moro, quien investigaba la Operación Lava Jato. Al mandatario lo acusaban de recibir sobornos. Moro se integró después al gabinete del actual presidente, Jair Bolsonaro, pero apenas estrenaba su cargo como ministro de Justicia cuando se supo que había violado el principio de imparcialidad en el juicio de Lula, quien quedó libre y sin ninguna causa judicial en su contra. Lula se convirtió en el mayor símbolo del fracaso de la operación Lava Jato, según reporta Metrópoles, y ahora busca desafiar en las elecciones presidenciales de octubre a Bolsonaro.
Entrar al confesionario no es suficiente para exculpar las penas. El mea culpa de Odebrecht quedó incompleto pues no dijo la verdad. La justicia en varios países de América Latina debería caminar mucho más rápido, pues en los últimos seis años ha sido un factor de retraso para que los castigos no ocurran y no se logre el resarcimiento del daño.
