SANTO DOMINGO.-La Procuraduría General de la República asumió la investigación de varios expedientes por corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, incluyendo una denuncia contra el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, por supuesto enriquecimiento ilícito y violación de la ley de contratación y compras mientras fue ministro de Obras Públicas.
La procuradora Miriam Germán Brito dispuso que esa instancia también asuma las investigaciones de los casos de las denuncias de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas Faustino y otros, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y más personas.
También asumió la denuncia hecha por el movimiento “Somos Pueblo” contra el actual senador de Barahona, José del Castillo, por supuesto enriquecimiento ilícito.
De igual manera incluyó las denuncias presentadas por Guido Gómez Mazara contra Gonzalo Castillo y contra el hermano de éste, Ricardo Andrés Castillo, por supuesta violación a la ley sobre compras y contrataciones del Estado.
Al solicitar a la Fiscalía del Distrito el desapoderamiento y la devolución de los expedientes, la procuradora Miriam Germán Brito señala que los casos habían sido remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”, indica un despacho de prensa.
Añadió que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara. Explicó que los citados casos ameritan ser investigados siguiendo los mismos parámetros objetivos elaborados por el Ministerio Público que encabeza para que haya un procedimiento estandarizado.
La nota explica que la decisión está amparada en la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual le otorga al Procurador la atribución de “asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue conveniente al interés público”.
Recuerda que las investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que permita disponer del capital humano y los recursos técnicos indispensables para la persecución efectiva que demandan.
Recuerda que “realizar los procesos de investigación en varias dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe observar.
