Los sobornos en República Dominicana por la compra de ocho aviones Super Tucano vuelven a ser noticia en el ámbito internacional. Ayer la justicia brasileña condenó a diez ejecutivos de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) por los pagos ilícitos presuntamente hechos al coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez.
Sin embargo, en República Dominicana, las nuevas pruebas que Embraer entregó a la Procuraduría luego del acuerdo establecido, parece que no tienen ningún valor probatorio para el proceso penal que les sigue a Piccini Núñez, al mayor general retirado de la Fuerza Aérea Rafael Peña Antonio; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp SRL, y 4D Business Group.
A la fecha, no se han aportado nuevos elementos de prueba para sustentar ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la solicitud de envío a juicio de fondo que hace el Ministerio Público.
El juez Marcelo Bretas, de la Séptima Sala Criminal de Río de Janeiro, aceptó la denuncia de la Fiscalía de Brasil, que acusa a los exejecutivos de sobornar con 3.5 millones de dólares al coronel Piccini Núñez, que entonces se desempeñaba como director de proyectos especiales de la Fuerza Área Dominicana, informaron medios brasileños.
De acuerdo con la Justicia, los antiguos ejecutivos de Embraer, entre los que se encuentra el vicepresidente de la firma, Eduardo Muñoz de Campos, sobornaron a Piccini para garantizar la venta de los aviones a la República Dominicana por una suma de 92 millones de dólares.
En República Dominicana Embraer fue condenada mediante un acuerdo penal abreviado al pago de US$7,040,000.00 al Estado a través de la Procuraduría General de la República, así como a entregar nuevos elementos de prueba para el proceso que se inició en el año 2016.
El conocimiento de la acusación formulada por el Ministerio Público fue reenviado para el próximo mes de enero del 2019.
Antes de que se sometiera el acuerdo suscrito entre Embraer y la Procuraduría General de la República, su expediente fue separado del de los demás imputados debido a que fue imposible garantizar la presentación de sus representantes ante las audiencias.
Lo único nuevo anunciado por la Procuraduría en el caso Super Tucano es la utilización de los fondos obtenidos para construir un nuevo recinto penitenciario y mejorar las condiciones de vida de los presos de La Victoria. Embraer tenía 45 días desde la firma del acuerdo para suministrar los nombres de todas las personas y/o empresas a las que les pagó.
