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El grupo de expertos afirma en un informe que han hallado pruebas desde 2014
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Denuncian 131 ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas
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Consideran que hay “fundamento” para denunciarlo a la Corte Penal Internacional
El grupo de expertos reunidos por la Organización de Estados Americanos (OEA) para evaluar la crisis política en Venezuela acusan al Gobierno que preside Nicolás Maduro de haber cometido “crímenes de lesa humanidad” en un informe que han presentado este martes, en el que aseguran haber reunido pruebas suficientes para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional.
“Existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos el 12 de febrero de 2014”, señala el informe, de 400 páginas, según ha informado la institución a través de un comunicado.
La misma idea ha trasladado Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y miembro del grupo de expertos, durante la presentación del texto en la sede de la OEA en Washington: “Este panel estima que existe un fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Un plan para el “control social”
Cantón ha detallado que en Venezuela se han llevado a cabo 131 ejecuciones extrajudiciales, cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado o por los llamados “colectivos”, ciudadanos que supuestamente se coordinan con las autoridades para reprimir manifestaciones.
El especialista ha indicado, además, que el informe recoge denuncias de 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos dos años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres, que llegaron a sufrir “descargas eléctricas en sus genitales”.
Cantón ha denunciado un “plan sistemático” del Gobierno de Nicolás Maduro para ejercer el “control social” y ha subrayado que el grupo de expertos ha detectado “una clara persecución política presente en todos los crímenes de lesa humanidad” que han sido recogidos en el informe.
Venezuela abandona la Organización de Estados Americanos
Impulsar una demanda internacional
La OEA no tiene capacidad para enviar un caso ante el tribunal internacional con sede en La Haya, pero sí puede hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembro del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, el presidente de la OEA, Luis Almagro, podría presentar una demanda a título personal, como ya han hecho algunos senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, así como la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.
La diferencia radica en que, si un Estado denuncia a los miembros del Gobierno de Venezuela, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática, mientras que, si lo hace un individuo, la Fiscalía debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces.
Juzgar a los responsables
“Solo puede haber justicia si se juzga a los más altos responsables”, ha señalado durante la presentación del informe Luis Almagro, que impulsó la investigación durante el verano de 2017, tras presentar su tercer informe sobre Venezuela, en el que que alertaba de posibles crímenes de lesa humanidad.
En julio, Almagro designó a Luis Moreno Ocampo, que fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012, para que abriera una investigación. Ocampo abandonó tres meses después, y sus pesquisas recayeron en un panel de expertos, compuesto por Cantón, Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá.
Venezuela abandonó la Organización de Estados Americanos en abril del año pasado, tras la convocatoria sin su aprobación de una reunión de ministros de Exteriores para abordar la crisis política en el país. Por otro lado, el país sudamericano es signatario del Estatuto de Roma, por lo que la Corte Penal Internacional sería competente para juzgar los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos desde el 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor el tratado.
