La carretera a Masaya, el corazón comercial de Managua, lucía parcialmente vacía el jueves, con la mayoría de tiendas y comercios cerrados y poco tráfico vehicular en respuesta a la convocatoria de una huelga general hecha por la oposición y respaldada por la patronal nicaragüense. Es un nuevo intento de presión al régimen de Daniel Ortega para lograr la libertad de los arrestados en el marco de las protestas iniciadas en abril del año pasado y una salida negociada a la profunda crisis política en el país centroamericano, que deja ya 325 muertos y más de 60 000 exiliados y que ha deteriorado a marchas forzadas la economía.
En esta importante vía de la capital —que el año pasado fue el epicentro de las manifestaciones contra Ortega— lucían cerrados los supermercados, los dos principales centros comerciales (Metrocentro y Galerías), así como bares y restaurantes del que también es un punto de reunión de los managuas los fines de semana. También echaron el cierre algunas universidades privadas y colegios como el Alemán, donde estudian los nietos de Ortega.
Mientras, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) informó de que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Bancos, notificó que deberían “prestar ininterrumpidamente” los servicios financieros. “Todos los bancos del sistema financiero hemos cerrado durante los paros nacionales que se dieron durante el año 2108”, dijeron los integrantes de Asobanp en un comunicado. “Consideramos imperativo que el Estado garantice inmediatamente la libertad, la justicia y los derechos humanos para que prevalezcan en el país procesos democráticos libres, justos, transparentes y supervisados”. En un recorrido por la capital de Nicaragua, EL PAÍS pudo constatar que varias oficinas bancarias abrieron el jueves, aunque manteniendo en mínimos sus servicios: con pocos cajeros y sin atención a otras gestiones financieras, como la concesión de préstamos.
