Según los datos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), divulgados en agosto pasado, un cuarto de la población carcelaria de Brasil está en la situación del ex presidente Lula: condenados en primera o segunda instancia pero con posibilidades aún de apelar.

En total, detalla la estadística, hay 602 mil presos en el país y 148 mil cumple prisión provisional.

Ahora, todos ellos deben pedir de manera individual que se ejecute la cautelar firmada por Mello y esperar a que la Justicia decida si se le puede aplicar o no el beneficio.

La cautelar dicta hoy, inesperada, tiene efecto inmediato pero debe ser solicitada por los abogados de los detenidos. De todas formas, la decisión puede ser refrendada o rechazada por el plenario del STF, que volverá a reunirse a principios del año que viene tras el receso navideño.

“Acabamos de solicitar la orden de liberación de Lula”, escribió en su cuenta de twitter la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el ex mandatario.  Preso desde el 7 de abril, Lula cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favorecer constructoras en contratos con la estatal Petrobras.

Pero además de Lula, y entre los 150.000 informados por el CNJ agosto pasado, la medida podría beneficiar también a muchos condenados por el megaescándalo Lava Jato, que estalló en 2014 y puso al descubierto una gigantesca red de pago de sobornos por parte de empresas privadas a políticos y autoridades, a cambio de obtener licitaciones de obras públicas en Petrobras.

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