Violeta Granera ha perdido varios dientes porque la comida que le proporcionan en prisión es muy dura. La lideresa opositora lleva más de 210 días sumida en una celda oscura y la falta de sol le ha provocado manchas rojas en su rostro. El maltrato constante golpea su cuerpo de 70 años y el frío del recién llegado enero torna más angustiante el encierro. No tiene ni una frazada en la que refugiarse sobre la marqueta de concreto desnudo que mal le sirve de cama. Los centinelas policiales también se burlan de los presos políticos como ella en estos primeros días de 2022. Su “jefe supremo”, quien dio la orden de detenerlos, Daniel Ortega, se impondrá este lunes la banda presidencial de Nicaragua tras unas elecciones en las que no tuvo ningún tipo de competencia después de detener a sus principales oponentes.
Con su nuevo mandato, al que llega sin el reconocimiento internacional y de la mano de su esposa y “copresidenta”, Rosario Murillo, sella una etapa de represión y persecución por la que mantiene a 170 presos políticos. 36 de ellos —las principales figuras opositoras de Nicaragua— están encerrados en El Chipote, una cárcel donde, según las denuncias de familiares que han conseguido visitarlos muy esporádicamente, están sufriendo desnutrición, malos tratos y apenas tienen acceso a sus abogados.
En el área de las celdas de castigo de esta prisión llamada formalmente Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), Roger Reyes es devorado por una psicosis transitoria. El 22 de noviembre de 2021, el abogado crítico con la pareja presidencial nicaragüense fue arrojado a una celda de confinamiento sellada. Los dos metros de largo por dos de ancho con solo un agujero en el techo en los que está recluido se han vuelto un laberinto de depresión y ansiedad. “Estoy perdiendo la memoria”, le dijo el preso político a su esposa durante una inédita visita que autorizaron a sus familiares este Año Nuevo, tras una denuncia pública de maltrato en contra de la activista política Ana Margarita Vijil.
El pecado de Reyes, además de estar afiliado a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), es que fue abogado defensor de Félix Maradiaga, uno de los siete precandidatos presidenciales apresados a partir de junio de 2021, cuando Ortega ejecutó una cacería de 46 líderes opositores para eliminar toda competencia en las elecciones generales del pasado 7 de noviembre. Ortega y Murillo se declararon ganadores de esos comicios marcados por una apabullante abstención del 85%, según la organización Urnas Abiertas, que interpretó la poca participación como el repudio ciudadano a lo que muchos consideraban un “circo electoral” del sandinismo.
La primera visita permitida a algunos presos políticos ocurrió 80 días después de las capturas. Estaban demacrados, con pérdidas de peso de entre 13 y 36 libras (entre 6 y 16 kilos) por la mala alimentación; extenuados por interrogatorios perpetuos y sobremedicados. “Se ven salidos como de campos de concentración”, dijeron en ese momento los familiares. Con el paso del tiempo, la situación solo ha empeorado.Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.SUSCRÍBETE
El exdiputado José Pallais, de 68 años, ha perdido 90 libras (más de 40 kilos). Está tan débil que se ha desmayado en dos ocasiones. Tiene llagas y abscesos en la espalda porque los custodios le quitaron la colchoneta en la que descansaba. Padece diabetes y lleva un par de meses durmiendo en una silla que le llevaron sus familiares por la apnea del sueño que lo aqueja. La activista Ana Margarita Vijil, delgada de naturaleza, está tan raquítica que les pidió a sus familiares anteojos de niña porque los suyos se le caían del rostro. Como Pallais, 12 de los 36 encerrados en El Chipote son adultos de la tercera edad y los que más alarman: sus enfermedades preexistentes y crónicas se han descontrolado ante la falta de atención médica. El exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Edgar Parrales, de 79 años, carece de intestino grueso y perdió 12 libras (más de 5 kilos) en 40 días.
El Chipote se ha convertido en la mazmorra más oscura de la pareja presidencial, pero también en una piedra angular de la represión que permitirá que este lunes 10 de enero Ortega jure por cuarta vez consecutiva como presidente de Nicaragua en la vieja plaza de la Revolución Sandinista en Managua.
En sus últimos actos públicos, Ortega y Murillo han justificado de todas maneras el encierro de los opositores. Para ellos han usado el calificativo de golpistas, del que llevan echando mano desde las protestas de 2018, y también los han llamado apátridas . “Se los deberían llevar a Estados Unidos, no son nicaragüenses, dejaron de serlo. No tienen patria”, dijo Ortega el 8 de noviembre, un día después de las cuestionadas elecciones. “Para avanzar hay que desterrar la falta de amor y cualquier asomo de indiferencia o de servidumbre y servilismo a intereses apátridas”, insistió la pareja presidencial en un inusual mensaje de Nochevieja, en un momento en que las denuncias por malos tratos en El Chipote salían a borbollones. Uno de los exguerrilleros históricos del sandinismo, el general en retiro Hugo Torres, de 73 años, fue conducido a mediados de diciembre de El Chipote a un hospital de Managua “en una condición delicada de salud”. Torres, junto a la exguerrillera Dora María Téllez, dirigió el mítico asalto al palacio somocista en 1978. Téllez es la que más fuerte está física y emocionalmente en comparación a sus viejos colegas disidentes sandinistas, según han dicho los familiares de los reos de conciencia. Hace ejercicio, pero está muy flaca en aislamiento, ya que los custodios no permiten que los familiares le pasen comida a los presos políticos.
Algunos detenidos de la tercera edad solo piden leche Ensure (un suplemento alimenticio líquido) para paliar el hambre. En algunas ocasiones, han conseguido meterles algunos botecitos en las celdas y son compartidos por reos políticos de diferentes ideologías y sectores que no están en celdas de aislamiento. Pero lo tienen que hacer en silencio, porque los custodios permanentes les impiden con amenazas comunicarse entre ellos, relatan las familias. Aunque en su momento discrepaban sobre cómo combatir a Ortega, en El Chipote comparten celdas empresarios con exguerrilleros sandinistas o políticos de derecha con activistas que enarbolan causas como el feminismo y la socialdemocracia.
La vorágine represiva de la pareja presidencial nicaragüense no ha distinguido de orígenes y creencias y una posible liberación con motivo de la investidura presidencial se ve lejos ante la radicalización de un régimen aislado internacionalmente, y cuyo mandato nace entre el desconocimiento de muchos países, como Estados Unidos y España. Madrid fue la primera capital en anunciar que no enviaría a nadie a la toma de posesión en Managua. Aunque la vicepresidenta ha dicho que “unas 300 personas” de diferentes delegaciones los acompañarán en la investidura, solo México y Venezuela han confirmado la presencia de sus representantes.
Se ensañan con las mujeres
Los familiares de los presos políticos han denunciado que, en el caso de las mujeres recluidas en El Chipote, a los malos tratos se le suman los ataques machistas. Las activistas Támara Dávila y Suyén Barahona están aisladas y siendo víctimas de maltrato psicológico: los policías les repiten son “malas madres por abandonar a sus hijos por andar en protestas contra el Gobierno”.
Las madres y esposas de los presos políticos también sufren acoso durante las visitas a El Chipote. Las revisiones a las que son sometidas incluyen “tocamientos, retiro de vestimentas y ropa interior”. Ana Chamorro de Holman, de 94 años, relató que cuando acudió a visitar a su hijo Juan Lorenzo Holmann, gerente general del diario La Prensa, los custodios la obligaron a bajarse el pantalón y quitarse el brasier. Pese a esta revisión invasiva, la mujer siguió con el proceso y encontró a su hijo con un conato de ceguera y problemas cardíacos. Algunos presos políticos son mantenidos en celdas con luz las 24 horas del día, mientras que otros viven en penumbra. Sin embargo, los reos no pueden relatar con tranquilidad a sus familiares lo que les sucede, porque las visitas siempre están vigiladas por policías. Incluso, denuncian, los oficiales toman fotos y videos de los encuentros sin consentimiento.
Los abogados de los presos políticos tampoco pueden ejercer una defensa efectiva. No solo porque no tienen apenas acceso a sus clientes, sino porque las causas de los supuestos delitos de los que les acusan —traición a la patria, lavado de dinero, ciberdelitos— responden a leyes hechas a medida por la Asamblea Nacional afín a Ortega para criminalizar a la oposición y no aparecen aún reflejadas en el sistema del Poder Judicial. “El objetivo es invisibilizar y mantener la indefensión”, aseguraron en un comunicado los familiares de los detenidos. “Continúan los interrogatorios en ausencia de los abogados y todas las peticiones presentadas son denegadas o no resueltas. No se ha respetado el debido proceso y sus tramitaciones han sido suspendidas de facto, alegando carga laboral, vacaciones o decisiones de fuerza mayor de los jueces”, agrega el comunicado.
Incluso, las primeras audiencias de juicio fueron celebradas en la misma prisión de El Chipote y los abogados defensores ni siquiera tenían expedientes de los casos. “Reafirmamos nuestra profunda preocupación por las condiciones en las que los mantienen y que están provocando daños irreversibles físicos como psicológicos”, insisten los parientes de los presos políticos. Algunos prefieren no denunciar públicamente para no perder las pocas concesiones que los centinelas admiten, como permitir el ingreso a la prisión de botellas de agua.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, dijo que “no se le puede seguir llamando Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), sino centro de tortura” después de escuchar los relatos de los familiares de los secuestrados políticos. “Hay una exposición macabra dentro de El Chipote para que los presos colapsen y los que estamos afuera, los acompañantes y familiares, colapsemos”, enfatizó Núñez. Colapsos como el de Lesther Alemán, el líder estudiantil que, con apenas 20 años, encaró y pidió la “rendición” a Ortega en el diálogo nacional de 2018. El universitario no podía ni sostenerse en pie en una audiencia de juicio y, desorientado, decía: “Tengo hambre”. Actualmente, Alemán sufre desnutrición y cojea de un pie en El Chipote, mientras su captor celebrará “un nuevo mandato del pueblo presidente”, como ha llamado Rosario Murillo a nueva juramentación de Ortega de este lunes.
