El día después de la ratificación de la condena por corrupción contra el ex presidente Lula da Silva, por parte de un tribunal de segunda instancia en Porto Alegre, el Partido de los Trabajadores aumentó la apuesta a la candidatura de su líder para las elecciones de octubre próximo. perola consagración coincidió con otro tramo amargo. La justicia le retiró el pasaporte al ex mandatario y le prohibió salir del país. Lula tenía previsto participar de un seminario en Etiopía.
El PT había convocado a la “desobediencia civil” y “revuelta popular” cuando se produjo el nuevo golpe judicial.
Se abre ahora un período de incertidumbre tanto en lo jurídico como en lo electoral. Los abogados del ex mandatario podrán presentar recursos ante distintos estamentos; y en cuanto a la condición de “elegibilidad” para un cargo público, depende de una resolución del Supremo Tribunal Electoral.
En cuanto a su postulación, lo cierto es ni el juez Sergio Moro, que lo sentenció a 9 años y medio de prisión en primera instancia, ni la cámara regional gaúcha que lo juzgó ayer, tienen atribuciones en ese sentido. Así lo advierten en el mundo jurídico. “Tanto Moro como el tribunal decidieron un proceso de naturaleza delictiva y concluyeron por la culpa del reo y la aplicación de la pena… Pero esta situación (su candidatura) solo podrá ser resuelta por la Corte electoral después del 15 de agosto” evaluó el profesor Alberto Rollo, vicepresidente de la Comisión de Derechos Electoral de la Orden de Abogados de Brasil (en San Pablo).
Lo que viene por delante, a juicio de algunos, es la posibilidad de que el ex mandatario vaya a prisión. Esto podría ocurrir después de los recursos que presentará ante el mismo tribunal de Porto Alegre. Y una decisión podría salir a principios de marzo.
Según un relevamiento del diario Estado de Sao Paulo, la Policía Federal “comenzó a prepararse para el momento en que tendrá que cumplir la orden de prisión”. Afirma, también, que “en la cúpula de la institución hay preocupación sobre cómo proceder”. En esa línea, sostiene que los federales apuestan a un acuerdo con los abogados para que Lula se presente, por su propia cuenta, en el lugar donde iría a cumplir la sentencia.
Pero en este caso entran a tallar factores tanto políticos como jurídicos y constitucionales. El juez de la Corte Suprema Marco Aurelio Mello declaró este jueves que duda sobre una eventual prisión del líder del PT. “Dudo que lo hagan, porque no sigue el orden jurídico constitucional. Pero además, en el pico de una crisis, un acto como ese podría incendiar el país”. Consultado sobre la resolución de esa corte de 2016 que estableció que un reo puede ir preso luego de la ratificación de su condena en la segunda instancia, el ministro del Supremo Tribunal precisó: “Eso tendrá que ser revisado y reformado” por el STF. Juzgó que tal medida, que en su momento tuvo una votación de 6 a favor y 5 en contra –entre ellos el propio Mello—puede “no encontrar una base en la Constitución Federal”.
Entre tanto, en el campo político, se dirimen otros problemas. Para el PT, según la declaración de este jueves, es esencial formar “una alianza sólida” con los demás partidos de izquierda. Y apunta a “profundizar el diálogo y mantener la unidad con los partidos y las fuerzas sociales, en un programa de gobierno que podremos presentar al país”. El PT, en su reunión de este jueves, agradeció a los líderes de los partidos más próximos que estuvieron presentes en las movilizaciones del martes 23 en la capital gaúcha, en defensa de Lula.
Según el columnista de Folha de Sao Paulo Leonardo Sakamoto, quien además de periodista es doctor en ciencias políticas, la condena de Lula en segunda instancia “no es el fin de la novela. Por el contrario, esta parece apenas estar comenzando”. Y añadió: “Lula comenzará a rodar el país vendiendo el recuerdo de la buena situación económica y de empleo durante su gobierno”.
Para el especialista, éste será el mejor argumento electoral del ex presidente. Otros juzgan que el PT se encuentra ante una terrible encrucijada, cuando está por cumplir 38 años desde su fundación (en febrero). Si finalmente, la Corte electoral decide inviabilizar la postulación del dirigente, hay un interrogante: “¿Será capaz de transferir sus votos a quien sea ungido como sucesor?” Hay otro temor, objetivo, en las filas petistas: puede existir un achicamiento del PT, tanto en los estados provinciales como en el Parlamento.
