Millones de estadounidenses se enfrentan a facturas de agua que cada vez son más elevadas y difíciles de pagar, según una investigación de The Guardian. Un análisis exclusivo sobre datos de 12 ciudades estadounidenses demuestra que el precio combinado del agua potable y el sistema de saneamiento ha aumentando una media del 80% entre 2010 y 2018 en EEUU. A más de un 40% de la población de algunas de las ciudades analizadas le resulta imposible pagar las facturas.
Se trata de la primera investigación de este tipo a nivel nacional y el análisis ha revelado el fuerte impacto de la crisis del agua que se extiende por Estados Unidos, donde infraestructuras anticuadas, limpiezas medioambientales, cambios demográficos y la emergencia climática han aumentado exponencialmente los precios del agua en casi todos los rincones del país.
La crisis de la falta de acceso al agua en Estados Unidos está empeorando justamente en un momento en que la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la importancia del acceso al agua potable. La investigación ha demostrado que las facturas inasequibles no sólo afectan a los más pobres, sino también, y de forma cada vez mayor, a los estadounidenses con empleo.
“Cada vez más personas tienen dificultades para pagar las facturas, pero para los más pobres esto representa un gran problema”, explica Roger Colton, un prestigioso analista de servicios públicos que ha trabajado junto a The Guardian estudiando la crisis de las facturas del agua. “Los datos muestran que en un gran número de ciudades de todo el país, cada vez más personas tienen problemas para pagar el agua, algo que no sucedía desde hace una década o incluso desde hace dos o tres años en el caso de algunas ciudades”. Se considera inasequible una factura que excede el 4% de los ingresos familiares.
La investigación ha concluido que entre 2010 y 2018, las facturas de agua aumentaron al menos un 27%, mientras que el mayor aumento fue del 154% y lo ha sufrido la ciudad de Austin, Texas, donde la factura anual promedio pasó de 499 euros en 2010 a 1.266 euros en 2018, a pesar de que la lucha contra la sequía ha reducido el consumo de agua.
Al mismo tiempo, las ayudas públicas del Gobierno nacional a los servicios públicos de aguas –que abastecen al 87% de la población de EEUU– han caído en picado, mientras que se han disparado los costes de mantenimiento, las amenazas medioambientales, sanitarias y la crisis climática, entre otras cuestiones.
“Todo el país está amenazado por la emergencia del agua. La escala de esta crisis hace necesaria una transformación total de nuestros sistemas de acceso al agua potable. El agua no puede verse como una mercancía o un lujo para privilegio de los más ricos”, afirma Mary Grant, activista por el acceso al agua dentro de la organización Food and Water Watch. En Washington, 90 legisladores de todo el país –todos demócratas– están impulsando amplias reformas de financiación para garantizar acceso a agua potable, limpia y asequible para toda la población de Estados Unidos.
La investigación de The Guardian ha concluido que es muy probable que esta crisis del agua empeore y que en muchas ciudades durante la próxima década las facturas del agua se vuelvan impagables para la mayoría de la población pobre.
En Austin, Texas, si el precio del agua sigue aumentando a la misma velocidad que ahora, para más de un 80% de los habitantes con bajos ingresos –que son por definición las personas que viven con menos del doble del umbral de pobreza nacional– será imposible pagar las facturas en el año 2030.
En Tucson, Arizona, otra sequía afectó a la ciudad y el número de habitantes con bajos ingresos con facturas de agua inasequibles se duplicó entre el 2010 y el 2018, llegando al 46% de esos hogares. La factura promedio tuvo un aumento del 119%, llegando a 767 euros.
Los aumentos de precios tienen un impacto desproporcionadamente más elevado en la población pobre. En Nueva Orleans, Santa Fe y Cleveland, aproximadamente el 75% de los vecinos de bajos ingresos vive en barrios donde las facturas del agua y el servicio de saneamiento son inasequibles.
Además de los aumentos de precios y la reducción de financiación pública, se ha extendido el uso de medidas punitivas como cortes de suministro y embargos (un reclamo legal a un hogar vinculado con una deuda puede llevar a una ejecución de la propiedad). Igual que en las ejecuciones hipotecarias, los cortes de suministro y los embargos pueden forzar a los habitantes a abandonar su hogar.
Jarome Montgomery, un camionero de 48 años de Warrensville Heights, Cleveland, ha tenido que pedir dinero prestado a su pareja, su madre, su abuela y sus hermanas para pagar una deuda de agua de casi 26.500 euros que acumuló desde 2013, con el fin de evitar un desahucio. A pesar de todo esto, todavía le debe más de 4.400 euros a la empresa de agua y saneamiento, incluidos los intereses y las sanciones.
“Me he acogido a dos planes de pago, pero todavía pueden ejecutar mi casa. Es como si quisieran dejarme sin hogar”, asegura Montgomery. “No hay forma de que yo esté consumiendo la cantidad de agua por la que me están cobrando, pero estoy en una situación sin salida. No quiero perder mi hogar, entonces tengo que encontrar la forma de pagar”.
En San Diego, la factura media de agua era de 1.250 euros en 2018. El 62% de las personas de bajos ingresos vive en barrios donde la factura es inasequible, lo cual representa casi una quinta parte de la población total de la ciudad. Entre los pobres, uno de cada siete se enfrentó en 2018 a facturas que superaban el 12% de los ingresos totales del hogar.
Actualmente, Seattle –centro neurálgico de empresas tecnológicas– tiene el menor índice de pobreza de todas las ciudades analizadas y solo el 13% de sus habitantes tiene problemas para pagar el agua, aunque las facturas superaron los 1.100 euros en 2018, debido a obras de mejoras de la red y en relación a la crisis climática. Aún así, se calcula que en 2030 un 75% de los habitantes de bajos ingresos podrían residir en barrios con facturas inasequibles.
A nivel nacional, en 2018 la factura del agua se volvió casi universalmente inasequible para los más pobres. En 11 de las 12 ciudades estudiadas, el 100% de la población con ingresos un 50% por debajo del umbral de pobreza nacional vivía en barrios con facturas de agua inasequibles. En Fresno, la única ciudad fuera de este grupo, esa población era del 99.9%.
Abandono del Gobierno
La financiación del Gobierno nacional a la red de aguas ha caído en un 77% en términos reales desde su pico en 1977, haciendo que las empresas de agua locales deban reunir por su cuenta el dinero que necesitan para cumplir con estándares de seguridad en relación a contaminantes tóxicos como los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas), obras de infraestructura, control del plomo y las algas y adaptaciones a condiciones climáticas extremas, como la sequía y las inundaciones vinculadas al calentamiento global.
Durante años, las empresas de agua han aplazado las obras de mantenimiento y limpieza, lo cual ha contribuido a la actual crisis de infraestructura y contaminación del agua. Esto ayuda a explicar por qué se pierde anualmente el equivalente a más de 5.290 millones de euros en agua en filtraciones, según un estudio de los analistas de Bluefield Research.
“El agua de baja calidad a precios altos es un problema nacional. Es evidente que el Gobierno no está haciendo lo que debe hacer”, afirma Howard Neukrug, director del centro de estudios sobre el agua de la Universidad de Pensilvania y exdirector del Departamento de Aguas de Filadelfia.
“La conclusión es que a menos que el Gobierno nacional invierta de forma directa más de 880.000 millones de euros, los precios van a seguir aumentando dramáticamente para poder hacer frente a obras de infraestructura y mejoras de la calidad del agua”, añadió.
La Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés) asegura que serán necesarios 30.850 millones de euros por año durante los próximos 20 años para cumplir con las normativas de seguridad de las redes de aguas, saneamiento y canalización de agua de lluvias.
Parte del problema es que, durante años, las empresas de aguas han aplazado las obras de mantenimiento y limpieza, sin ahorrar dinero ni anticiparse a la crisis climática. Esto ha generado que estén pendientes importantes trabajos generales. Por ejemplo, cada año se pierde el equivalente a 5.390 millones de euros en agua en filtraciones, según un estudio de Bluefield Research.
Continuar aplazando las mejoras ya no es una opción, así que ahora las ciudades deben pedir préstamos para invertir en proyectos de infraestructura y/o aumentar los precios para poder suministrar agua segura y limpia. A nivel nacional, durante la última década, el aumento de los precios del agua ha superado significativamente el índice de precios de consumo.
Estados Unidos es el único país del mundo industrializado sin un sistema regulatorio que controle los precios y los servicios, según Stephen Gasteyer, profesor de Sociología de la Universidad Estatal de Michigan.
“El precio del agua ha aumentado dramáticamente sobre todo en sitios donde la población además lucha por el acceso a los alimentos, la vivienda y otros servicios básicos. Es un síntoma de la desigualdad y la segregación que aquejan a los Estados Unidos, donde los pobres viven aglomerados en lugares específicos y los gobiernos locales cargan con la responsabilidad de generar más ingresos por los servicios”, señala Gasteyer.
Existen programas nacionales de ayudas para hogares de bajos ingresos para pagar facturas de energía y telecomunicaciones, pero ninguno para pagar el agua. Lo que sí hay son proyectos de leyes que proponen que el Gobierno nacional financie obras de infraestructura y se cree un fondo para la accesibilidad del agua.
El proyecto de la Ley del Agua se presentó por primera vez en 2016 y ha ganado apoyos desde que fue presentado otra vez el año pasado por Brenda Lawrence, diputada demócrata por el estado de Michigan, y apoyado por Bernie Sanders en el Senado.
“En este país, el acceso al agua nunca ha sido una prioridad, porque siempre ha sido un problema de los pobres. Tenemos que cambiar de mentalidad y asegurar que todos los estadounidenses tienen agua potable”, señaló Lawrence.
Medidas punitivas
En Estados Unidos, cada año uno de cada 20 hogares sufre un corte de suministro por falta de pago, según el único estudio a nivel nacional. No se sabe cuántos de esos hogares finalmente pagan la deuda o tienen que aprender a sobrevivir sin agua en el lavabo, en la ducha o para cocinar. No existe un comité de vigilancia a nivel nacional y la mayoría de las preguntas sobre acceso al agua y pobreza que figuraban en el censo nacional fueron eliminadas en los años 80.
La pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto las penurias que pasan personas como Deborah O’Barr (62) de Goodspring, Tennessee, y su marido Bobby (63), que viven sin agua corriente desde 2016, ya que no tienen dinero ni cumplen con los requisitos para dar de alta el suministro.
“Sentimos que a nadie le importa. Debemos ser lo peor de lo peor para la empresa de aguas. No importamos, ni siquiera durante una pandemia”, sostiene O’Barr, que cuenta con una fuente local, agua de lluvia y la ayuda de su hijo para llenar garrafas de agua.
A medida que han aumentado los contagios del virus, dejando decenas de miles de personas muertas y millones desempleadas, Detroit se convirtió en la primera ciudad en suspender cortes de suministro de agua y se comprometió a reconectar a los hogares que habían sido desconectados de la red el año pasado. En 2014, poco después de declararse en quiebra (en lo que fue la quiebra municipal más importante de la historia de EEUU), la ciudad lanzó un programa masivo de corte de suministro y desde entonces se desconectaron 141.000 hogares, según los datos obtenidos por el sitio de noticias Bridge.
La ONU afirmó que aquel sistema de cobro de deudas era una violación a los derechos humanos y condenó el desproporcionado impacto que tuvo en la población afroamericana, que compone el 80% de la población de la ciudad.
A medida que el virus se propagó por el país, cientos de municipios y 13 estados aprobaron moratorias, aunque sólo unos pocos accedieron a reconectar a los hogares cuyo suministro ya había sido cortado por falta de pago. Entre ellos está la ciudad de Nueva Orleans, donde el Departamento de Aguas tiene uno de los programas de corte de suministros más estrictos del país: desde 2016 ha dejado sin agua a uno de cada cinco hogares.
En Nueva Orleans, la investigación concluyó que el 79% de los residentes con bajos ingresos vive en barrios con tarifas de agua inasequibles y esta cifra podría llegar al 93% hacia 2030 si los aumentos persisten. En la última década, las facturas se han duplicado, llegando a 1.120 euros en 2018. Esto en una ciudad donde muchas personas solo beben agua embotellada por miedo a las toxinas en el agua de red, lo cual significa que los más pobres no pueden permitirse tomar agua segura. En 2018, el 30% de los residentes pobres vivía en zonas donde la factura promedio costaba más del 12% de los ingresos del hogar. En total, casi un tercio de todos los clientes de la red de aguas de Nueva Orleans son considerados “morosos” y en total deben más de 44 millones de euros.
“Es difícil no llegar a la conclusión de que Nueva Orleans es, de las 12 ciudades estudiadas, la que está en peor situación”, remarca Colton al analizar la profunda crisis de asequibilidad del agua a la que se enfrentan los vecinos de esa ciudad. Detrás le siguen Cleveland, Ohio, y Santa Fe, Nuevo México. Santa Fe tuvo menores aumentos, pero la factura más alta de 2018: 1631 euros. En 2030, el 99% de los residentes de bajos ingresos vivirá en barrios con facturas inasequibles.
A nivel nacional, nadie sabe cuántos estadounidenses vivían sin agua corriente cuando se desató la pandemia, ni cuántos han sufrido cortes de suministros durante la misma. Lo que sí se sabe es que las ayudas económicas para que las familias sigan teniendo agua fueron excluidas de los paquetes de rescate del gobierno nacional.
¿Es posible un suministro de agua asequible?
En Filadelfia, activistas que trabajan en un barrio de bajos ingresos con población mayoritariamente afroamericana se encontraron en 2014 con personas que llevaban décadas sin agua corriente y que se veían forzadas a utilizar bolsas de plástico en el lavabo y agua embotellada para lavarse las manos. “Era una situación generalizada y claramente una cuestión de derechos humanos”, afirma Rachel López, directora del programa de asistencia legal del oeste de Filadelfia. “Se trata de una sequía provocada por la mano del hombre, que afecta desproporcionadamente a personas afroamericanas de bajos ingresos”.
A algunas personas les han negado el alta del suministro porque no tenían escritura o contrato de alquiler a su nombre –los llamados “embrollos de titularidad” que son muy comunes en comunidades de bajos recursos–. A otros les han cortado el suministro por acumular deudas, a veces heredadas, otras veces exacerbadas por sanciones o porque simplemente no podían pagar el reemplazo de una tubería o un medidor.
La investigación de The Guardian demuestra que entre 2010 y 2018, la cantidad de residentes pobres de Filadelfia que vivían en barrios donde el agua corriente es inasequible se duplicó, llegando al 54%, con facturas de casi 800 euros. Durante los primeros tres meses de la pandemia la ciudad le devolvió el suministro a casi 9.000 hogares.
Colton ha trabajado junto con el Ayuntamiento de la ciudad para crear un programa de asistencia estratificada, cuando se supo que en 2017 el 40% de los clientes de la red de agua tenían pagos atrasados. La deuda total ascendía a más de 214 millones de euros.
La premisa es muy simple: la forma más efectiva de mejorar el cumplimiento de pagos y aumentar los ingresos es hacer que las facturas sean asequibles, en otras palabras: se deben basar en la capacidad de pago de cada cliente, como lo hace el sector energético desde hace años.
El programa ha logrado generar un impacto: han ingresado unas 15.000 personas, aunque siguen siendo pocas teniendo en cuenta que se calcula que existían 60.000 hogares que cumplían con los requisitos para entrar en el programa incluso antes de la crisis económica actual. Sin embargo, la ciudad sigue convirtiendo las deudas de agua en embargos impositivos y cada mes se subastan hogares deudores.
“Las deudas de agua se concentran en comunidades afroamericanas, lo cual devalúa desproporcionadamente sus hogares y sus barrios”, explica el abogado Robert Ballenger, de Servicios Legales para la Comunidad.
Con una medida celebrada por los activistas, el ayuntamiento de la ciudad recientemente aceptó condonar deudas a quienes se apunten al programa de asistencia, lo cual significaría que quienes entren al programa podrían olvidarse de su deuda si pagan el servicio durante dos años consecutivos. Esto podría generar grandes cambios, ya que actualmente las deudas de agua se heredan de una generación a otra.
A principios de este año, Cheryl Gregg (50) regresó a su casa luego de ser ingresada en el hospital por alta presión arterial y problemas respiratorios y se encontró con que le habían cortado el agua, esta vez por una filtración en una tubería. “Tuve que tomar un Uber a la casa de mi hija para bañarme y comprar agua embotellada, que es cara. Yo no tengo ingresos”, relató Greg desde el hospital, donde fue ingresada unos días más tarde.
Esta no era la primera vez que le cortaban el suministro, según su hija Amber (28), que recuerda haberse quedado durante meses con su madre en casas de familiares porque no podían pagar la factura del agua. “Mi madre y mi abuela tenían muchos problemas de salud y no podían trabajar, entonces nos cortaban el agua muy seguido. Nunca sabíamos con qué nos íbamos a encontrar al regresar del colegio, si nos habrían cortado la luz o el agua. Era muy estresante”, afirmó. Su deuda de agua, que incluye intereses y sanciones, asciende a casi 23.000 euros.
Ahora, Greg ha entrado en el programa de asistencia estratificada y la familia espera que la deuda sea condonada. Amber, que tiene un empleo en una empresa de aparcamiento y otro en un restaurante de hamburguesas, señala: “Me aseguro de que mi madre pague cada mes para que no pierda la casa”.
La respuesta de la industria del agua
Las empresas de aguas son conscientes del peso cada vez mayor que cae sobre las espaldas de la gente, a causa de los aumentos de precio por los costos de las obras de infraestructura. “Queremos encontrar formas de ayudar y a la vez ser mejores administradores de la red de aguas”, afirma Greg Kail, de la Asociación Americana de Obras Hidráulicas (AWWA, por sus siglas en inglés), cuyos miembros incluyen las empresas que ofrecen servicios de agua corriente.
Respondiendo a las preguntas de the Guardian, Kail explica que no existe una “solución mágica” para el problema del precio del agua, pero asegura que están haciendo “avances importantes”, citando una investigación de la AWWA del año pasado que concluyó que más del 80% de las grandes empresas de aguas tienen programas de ayudas, en comparación con los datos del año anterior, que eran del 60%.
Cleveland Water no comenta el caso de Montgomery, pero afirma que la empresa está comprometida con construir “un futuro con un acceso al agua más equitativo”.
Traducido por Lucía Balducci
