La provincia de Huelva, ubicada en el extremo sudoeste de España, es la principal área productora de fresas de toda Europa. El sol templa sus fértiles terrenos de cultivo durante unas 250 horas al mes cada primavera, estación en la que el aire presenta además una variación térmica mínima entre el día y la noche: condiciones ventajosas que hacen que esta provincia andaluza produzca el 95 % de la fresa que se consume en España, y que la calidad de este producto sea desde hace décadas una referencia mundial por su textura y dulzor.
La producción de esta fruta deliciosa esconde, no obstante, una realidad más amarga. O peor aún, ni siquiera la esconde: extendidos junto a los terrenos de cultivo, y ligados a la demanda de empleo que generan, existen amplios y precarios asentamientos chabolistas que dan cobijo a los trabajadores, generalmente migrantes, que llegan a Huelva dispuestos a aceptar las durísimas condiciones de trabajo que ofrece la campaña de recolección de la fresa, especialmente entre los meses de marzo y mayo.
Están a la vista de todos y también en pleno conocimiento de las autoridades locales, pero permanecen intactos en su sordidez: en estas agrupaciones de infraviviendas, fabricadas con desechos de obra (palés, ladrillos, cemento…) o con residuos de la actividad agrícola intensiva (plásticos y arcos invernadero, bocas de riego, cuerdas, lonas…) cohabitan miles de personas en condiciones de insalubridad y pobreza extrema: sin puntos de agua corriente, electricidad, calefacción, saneamiento o suministros de ningún tipo.
“No se vive, se sobrevive”
Hay asentamientos de este tipo en varios municipios de la provincia de Huelva: en la parte oriental, en Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto y Mazagón; y en la parte occidental en Lepe y Cartaya. La Cruz Roja ha calculado que en estos poblados improvisados viven más de 2.100 personas en total, aunque las organizaciones humanitarias locales sospechan que la cifra es mucho mayor.
“En los asentamientos no se vive, se sobrevive“, comenta Ana María Mateos Gómez, presidenta de la Asociacion de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI), una de las organizaciones que más estrechamente trabaja con los pobladores de estos campamentos, para paliar en lo posible su complicada situación.
Mateos explica que estas personas “se ven obligadas a residir en los asentamientos” ante la carencia de “alternativas habitacionales para alojar a todas las personas que se desplazan a los municipios agrícolas, ya sea de manera temporal o permanente”. En este sentido, señala además que “un porcentaje de estas personas se encuentra en situación administrativa irregular, puesto que la legislación en materia de extranjería les despoja de la posibilidad legal de trabajar y residir” hasta que logran reunir unos requisitos que pueden tardar entre 3 y 10 años en cumplir. En la mayoría de los casos es esta situación irregular la que les dificulta acceder a un contrato de alquiler y les aboca a este tipo de soluciones habitacionales extremas y peligrosas.
Una vez en el poblado de chabolas, los problemas se multiplican. “Tienen que desplazarse kilómetros para poder buscar agua para ducharse, cocinar y limpiar; para cargar sus móviles y baterías portátiles se ven obligados a acudir a centros de estancia diurna como el nuestro, a locutorios u otros lugares, pero siempre lo tienen muy complicado”, cuenta la presidenta de ASNUCI, que considera que, en general, la situación de estos asentamientos es “lamentable”.
Pero a veces, la falta de infraestructuras mínimamente seguras hace que los problemas sean mucho más graves: el pasado 19 de diciembre un joven marroquí de 23 años murió carbonizado por un incendio en el asentamiento en el que vivía, en la zona fresera de Palos de la Frontera. El fuego arrasó 300 metros cuadrados y consumió unas 20 chabolas.
La clamorosa indiferencia de la administración pública
A finales del pasado mes de enero, el relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, visitó algunos de estos campamentos y se confesó “pasmado”, al ver que los jornaleros que los habitaban vivían allí “como animales”. Unos días más tarde, en una entrevista concedida a Europa Press, insistió en que las condiciones de estos trabajadores migrantes “eran peores que en un campo de refugiados“.
“Estas condiciones de vida inhumana las vienen soportando los inmigrantes en Huelva desde hace más de 20 años“, asegura Manuel Delgado Cabeza, doctor en Economía y profesor en las Universidades de Málaga y Sevilla, actual responsable del grupo de investigación de Análisis Regional y Economía Andaluza. “Y no son condiciones casuales –puntualiza–: son precisamente las que consiguen que la materia prima que salga de Huelva pueda salir al menor coste posible“.
“Estos asentamientos tienen una funcionalidad –insiste–: la de rebajar el coste de los salarios del sistema productivo onubense”.
Con respecto a las palabras del relator de la ONU y la esperable reacción de las autoridades españolas ante un veredicto tan contundente, comenta que “si uno no conociera como funciona este sistema, se podría esperar que se hubiera hecho algo, pero desde entonces, de una manera muy llamativa, se ha seguido sin hacer prácticamente nada”.
Desde ASNUCI coinciden en este decepcionante diagnóstico: “Observamos poca predisposición real de solucionar la problemática. Sigue habiendo mucho asistencialismo pero pocas decisiones valientes y definitivas para solucionar el problema desde la raíz”, explica su presidenta.
Un problema de ‘los otros’ en un mundo globalizado
A pesar de la descarnada explicación del profesor sobre la “funcionalidad” de estos asentamientos en la economía global, no deja de sorprender la pasividad de los poderes públicos ante un problema humanitario tan gravemente enquistado en una de las joyas de la economía productiva local. ¿Como se explica que las administraciones, y la sociedad en general, den la espalda a una situación tan extrema?
“Lo que ocurre es que el problema afecta a esos que podemos llamar ‘los otros’ –responde el doctor Delgado Cabeza–: ‘los otros’, que son la gente del Sur, esa gente que en el norte normalmente se desprecia, se minusvalora o se invisibiliza”. El economista denuncia que, desde el punto de vista de los países más desarrollados, “los inmigrantes no tienen derecho ni siquiera a tener derechos”. “Eso es algo que aquí se ha ido normalizando con el tiempo, a pesar de que nosotros, los andaluces, somos un pueblo del sur y también hemos sido emigrantes“, critica.
Delgado Cabeza sitúa de nuevo el problema en unas coordenadas planetarias, al afirmar que “estamos ante un comportamiento que desgraciadamente se ha normalizado” hasta convertirse en “un rasgo estructural de la globalización“.
“Este sistema –explica el profesor– tiene dos características que contribuyen a que se normalice la explotación de la mano de obra hasta alcanzar situaciones que algunos llaman ‘nuevas formas de esclavitud’: una, que la globalización dispone una competencia a nivel mundial en la que los territorios compiten entre sí para ofrecer las mejores condiciones al capital global, que por lo tanto tiene como campo de operaciones el planeta entero”.
“Y dos, –continúa Delgado Cabeza–, que la mano de obra también está globalizada, y los trabajadores compiten a la baja en condiciones de trabajo y en salarios, de manera que se podría decir que aquí estamos compitiendo indirectamente con salarios de Vietnam o de otros países del sudeste asiático, por ejemplo”, ilustra el profesor.
“Los utilizamos pero no los reconocemos”
Una de las noticias más recurrentes y más frecuentemente asociadas a la recogida de la fresa en Huelva es la dificultad de reunir mano de obra suficiente para sacar adelante la campaña. Las características de este cultivo exigen, para su recolección, una mano de obra abundante para realizar un trabajo muy duro durante un periodo de tiempo muy corto. Y además, con una retribución tan escasa como sea posible.
“Cuando se les pregunta a los inmigrantes que están en estos asentamientos, ellos dicen estar cobrando alrededor de 30 euros diarios, que es aproximadamente la mitad del salario que viene fijado en los convenios. Y en esas condiciones, la población local, se resiste a trabajar, claro”, explica el profesor Delgado Cabeza.
Es entonces cuando se abre la puerta a la inmigración irregular, con las autoridades locales mirando para otro lado. “Necesitamos que se revise la legislación y se adapte tanto al respeto de los derechos humanos como a la necesidad misma de nuestra sociedad –reclaman desde ASNUCI–, señalando que “no es admisible que en España haya 600.000 inmigrantes en situación irregular que carecen de derechos pero que, aún así, realizan trabajos esenciales como la agricultura y los cuidados, sin los cuales no podríamos funcionar”.
“Es perverso –indica su presidenta Ana Mateos–: los necesitamos y los utilizamos pero no los reconocemos para no deberles nada.
Iniciativa humanitaria local contra la precariedad
Mateos considera igualmente “perverso” el hecho de “generar empleo y no pensar en el hábitat para las personas trabajadoras”, y señala que “la consecuencia son estos asentamientos chabolistas para sin papeles”, ya que “nadie o casi nadie en situación regular va a desplazarse para trabajar en estas condiciones”. “Parece una situación pensada y planeada, no tiene explicación coherente”, reflexiona.
Su asociación considera necesaria “una política de vivienda que promueva el alojamiento temporal y el alquiler para aquellas personas que decidan fijar su residencia habitual en nuestros municipios, así como una política que implique a los empresarios con las condiciones de hábitat de sus trabajadores, empujándolos a invertir en alojamientos temporales”.
Mientras estas necesidades permanecen insatisfechas, y mientras los poderes públicos persisten en su indiferencia, ASNUCI ha puesto en marcha varios proyectos para paliar la precariedad de los jornaleros en Huelva. El más inmediatamente relacionado con sus condiciones habitacionales es la construcción del primer albergue para trabajadores temporeros sin hogar de la provincia de Huelva. “Ahora nos encontramos en la fase de recaudación de fondos a través de donaciones de particulares y empresas”, explica Mateos.
En la nave donde se construirá ese albergue han instalado de momento un dispositivo temporal de emergencia para atender más ampliamente la demanda de aseo de las personas residentes en los asentamientos durante la actual crisis sanitaria del coronavirus.
“Este dispositivo de emergencia y nuestro centro de estancia diurna son los dos únicos recursos de aseo para los residentes en asentamientos de la localidad de Lepe”, precisa la presidenta de ASNUCI, ilustrando la escasez de recursos disponibles para estos trabajadores en la zona.
La pandemia empeora la situación, pero el trabajo continúa
La asociación coordina también el reparto de agua potable a través de un camión cisterna en los asentamientos, así como alimentos y material básico de higiene, un servicio que está resultando fundamental en el contexto de la pandemia.
“Imaginaos cómo es el confinamiento en una chabola sin agua, luz ni saneamiento, a veces masificada”, dice Ana María Mateos. “No existen medidas de contención al virus, no es posible el distanciamiento social ni el refuerzo en la higiene”, explica, denunciando que “no se han tomado medidas desde la administración ante la pandemia”. “A lo máximo que han llegado [las autoridades locales] es a distribuir, con la colaboración decisiva de asociaciones, algo de alimentos, agua y productos de higiene, pero a menudo las personas no pueden acceder a estos repartos,porque cuando se efectúan la mayoría se encuentra trabajando, cuidando precisamente de nuestros campos y alimentos“, indica.
La presidenta de ASNUCI destaca asimismo que no se ha ofrecido tampoco ninguna alternativa de alojamiento, “aun existiendo establecimientos públicos infrautilizados, vacíos y cerrados al público que podrían servir de alternativa provisional” durante la crisis sanitaria.
Y es que, de lo único que se ha ocupado el Gobierno en este ámbito, según señala el profesor Delgado Cabeza, es “de que la cadena productiva pudiera seguir funcionando“.
Desde hace más de una década, buena parte de la mano de obra que llega a los cultivos onubenses procede de los llamados ‘contratos en origen’: se recluta y se contrata a miles de extranjeros en sus propios países, generalmente a mujeres. Antes predominaban los contratos para temporeras rumanas o polacas; en los últimos años abundan más las trabajadoras marroquíes. Se les suele hacer un contrato con una serie de condiciones entre las que destaca una: que se tienen que marchar de España en cuanto termine la campaña de recogida de la fresa.
“De esta manera se capta una mano de obra que está en Huelva justo los días en que es necesaria, y luego esas personas desaparecen y dejan de ser incómodas“, comenta irónicamente Delgado Cabeza.
Con la llegada del coronavirus, el establecimiento del estado de alarma y el consiguiente cierre de fronteras, esa forma de captación no ha sido posible este año. “Al haberse quedado el sistema sin estas personas hay que echar mano de gente que quieran trabajar durante muy poco tiempo en unas condiciones muy duras y por poco dinero”.
Esta situación ha forzado incluso la intervención del Ejecutivo de Pedro Sánchez para facilitar a los empresarios la captación de mano de obra. Una de las medidas para estimular la contratación impulsadas desde el Ministerio de Agricultura ha sido permitir que las personas en situación de paro puedan trabajar en las campañas de recolección y cobrar el jornal correspondiente sin dejar de percibir la prestación por desempleo u otros subsidios al mismo tiempo. Pero no ha dado resultado: a una oferta de 23.000 plazas emitida por el Servicio Andaluz de Empleo, solo se presentaron 970 personas, en la provincia con la tasa de paro más alta de España.
Así las cosas, es fácil adivinar quién está asumiendo mayoritariamente la carga de trabajo en la presente campaña de recogida de la fresa en Huelva, y es aún más fácil constatar en qué condiciones lo están haciendo.
